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Denuncian a 19 funcionarios por corrupción

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Fiscalía General del Estado de Colima
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Colima, México, Avanzada (22/01/2020).- El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG)  presentó 19 denuncias ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, tras analizar mil 279 expedientes relacionados con las cuentas públicas del ejercicio 2017.

Sin embargo, los datos son preliminares y el número de denuncias podría ser mayor, pues todavía faltan que en la Unidad de Investigación del Órgano Fiscalizador aparezcan los últimos movimientos de las cuentas públicas 2017.

La titular  del OSAFIG Indira García Pérez, refirió que el trabajo relativo a las Cuentas Públicas 2017 realizado por la Unidad de Investigación concluyó en diciembre pasado y en unas horas se difundirán los resultados finales a través de la plataforma pública.

De acuerdo a la información que aparece en la Unidad de Investigación, las instancias gubernamentales con mayor cantidad de denuncias por posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos, son el Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima (IPECOL), así como los ayuntamientos de Coquimatlán y Colima.

De las 19 denuncias presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción, cinco corresponden al Instituto e Pensiones de los Servidores Públicos del Estado de Colima; cuatro contra funcionarios del ayuntamiento de Coquimatlán y tres del municipio de Colima; así como otras dos en el caso del municipio de Armería.

Con una denuncia se encuentran los municipios de Comala, Ixtlahuacán, Manzanillo y Cuauhtémoc; en tanto que una demanda más corresponde al Poder Ejecutivo.

Por otra parte, García Pérez puntualizó que de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el OSAFIG ya se encuentra en el proceso de investigación de las probables faltas cometidas por los servidores públicos en el 2018.

Lo anterior a pesar de que el Congreso postergó la fecha para la Calificación de las Cuentas Públicas hasta el próximo mes de febrero.

Entre las presuntas irregularidades correspondientes al 2018, se encuentra el señalamiento de que el Gobierno del Estado violó el decreto para comprar los terrenos de la XX zona militar.

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