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Exigen comunidades indígenas a Peña Colorada frenar tala de árboles

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Colima, México, Avanzada (21/01/2020).- Habitantes de comunidades indígenas de la Sierra de Manantlán, de la franja limítrofe de Jalisco y Colima, se movilizaron para exigir la suspensión de la tala de árboles que realiza en sus bosques la minera trasnacional Peña Colorada, que se ha dedicado a la extracción de hierro en esa zona desde hace casi 50 años.

Decenas de lugareños de los poblados La Astilla, El Mameycito y El Platanar realizaron una protesta en el predio Piedras Negras y frenaron temporalmente el derribo de la vegetación, en demanda de la presencia de un representante de la empresa extractiva.

Al lugar acudió el gerente de relaciones con las comunidades, Jesús Hernández Mier, quien sin mostrar evidencias aseguró que Peña Colorada cuenta con todos los permisos para el corte de árboles y se negó a suspender definitivamente los trabajos, a menos que una autoridad así lo determine.

Señaló que desde 2012 la compañía minera rentó una superficie de 801 hectáreas al ejido Ayotitlán, al que desde entonces le paga mensualmente por el uso de ese territorio, y que los trabajos que se realizan actualmente tienen como base ese convenio.

Faustino Contreras de la Cruz, representante de La Astilla, denunció que mientras la empresa minera aprovecha las tierras de las comunidades, muchas de éstas no cuentan con servicios básicos, ni apoyos sociales para sus habitantes.

Mostró su inconformidad con el hecho de que el ejido haya rentado superficies que pertenecen a las comunidades, sin tomarlas en cuenta.

“Estas tierras son nuestras, yo las he trabajado desde niño, eran de mi abuelo y después de mi padre y no es justo que vengan a quitárnoslas y sean unos cuantos ejidatarios los que se beneficien de esto”, comentó Faustino Contreras.

Por su parte, Fermín Flores Elías, representante legal del Consejo Autónomo de Autoridades Nahuas “Tenamaxtla”, de la comunidad indígena Ayotitlán, señaló que la tala de árboles que está realizando Peña Colorada en la zona generará daños ambientales irreversibles en los ecosistemas, el oxígeno y el agua.

Advirtió que para realizar esos trabajos se debió hacer una consulta previa, libre e informada entre las comunidades indígenas afectadas, por lo que a su juicio no tiene valor ningún contrato de arrendamiento de la empresa con el ejido.

Así también, Flores Elías anunció que la organización que representa y las comunidades indígenas de Ayotitlán procederán legalmente a nivel federal para exigir a Peña Colorada el pago de los perjuicios ocasionados durante todos los años de operación en la zona, así como las indemnizaciones correspondientes.

Ante la exigencia realizada de que se frenen los actuales trabajos de la minera en el predio Piedras Negras, el representante de Peña Colorada señaló que los trabajos no serán detenidos y ofreció una mesa de negociación con habitantes de las comunidades para la canalización de apoyos.

Jesús Hernández dijo que la empresa cuenta con los permisos de todas las instancias correspondientes y se mostró de acuerdo en que el asunto se dirima en las instancias legales.

Entrevistado al final de la reunión, Francisco Aguilar Roblada, representante de El Platanar, dijo estar inconforme con los resultados, pues según su punto de vista el representante de la minera trató de intimidar a los comuneros.

“El daño ambiente ya no se recupera; cuántos árboles han destruido; hay un cerro tapado de residuos de la mina, para mí esto es puro engaño, lo que se habló no es confiable”, indicó.

En tanto, a través de un comunicado el presidente del Comisariado Ejidal de Ayotitlán, desmintió que la empresa Peña Colorada esté despojando de tierras a habitantes de las comunidades de La Astilla, El Mameycito y Las Pesadas, como lo denunció la Red Jalisciense de Derechos Humanos.

El presidente del ejido, Juan Aguilar Díaz, dijo que desde 1998 ese núcleo agrario ha firmado contratos de arrendamiento de tierras con Peña Colorada para la realización de actividades mineras en superficies de uso común con el propósito de dar continuidad y ampliación operativa a la empresa.

A cambio, aseguró, además de las aportaciones económicas que se reciben, en conjunto con la empresa se lleva a cabo un programa integral de desarrollo social que procura las mejoras de las condiciones de los habitantes de las comunidades del ejido, en las áreas de salud, educación, proyectos productivos, infraestructura, cultura y deporte.

“También se garantiza que la empresa cumpla con lo establecido en la legislación vigente en cuanto al cuidado al medio ambiente, seguridad y bienestar de los habitantes de nuestras comunidades. Informamos que en las superficies arrendadas no existen desarrollos urbanos, ni asentamientos humanos que impidan las actividades que desarrolla la compañía minera, por lo cual desmentimos la información que ha circulado en algunos medios recientemente, sobre el supuesto desalojo de los pobladores de Mameycito, Las Pesadas, y La Astilla”, sostuvo el dirigente ejidal.

A su vez, el presidente de la Red Jalisciense de Derechos Humanos, Óscar González Garí,  dijo que el único acuerdo alcanzado en el encuentro de comuneros con representantes de Peña Colorada en La Astilla fue “instalar en Ciudad de México, a fines de enero, una mesa de negociación para que la comunidad indígena demuestre al consorcio los derechos preferentes que le asisten en relación a los del ejido, pues éste ya claudicó a rescatar el territorio y los usos y costumbres de la comunidad indígena como comunidad agraria”. 

Entonces, añadió, “ambas partes se verán las caras ahora en la capital del país, con la asistencia de las dependencias federales competentes para dirimir sus diferencias de más de 50 años que los enfrenta de forma irreconciliable”.

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