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Por sospecha de “aviadores”, exigen se publique los nombres de los despedidos

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Colima, México, Avanzada (08/01/2020).- El coordinador de los diputados del PT, Caros César Farías solicitó al gobierno del Estado revelar la lista de los trabajadores despedidos de la administración estatal.

El legislador señaló que existe la necesidad de conocer quiénes son las personas despedidas, en qué áreas se encontraban laborando, cuáles eran sus puestos de trabajo y desde cuándo.

“Hay una incertidumbre para conocer quiénes eran esos 600 despedidos. Existe una probabilidad de que un porcentaje se trate de aviadores. Puedo decir que sí existen personas físicas que fueron despedidos, pero no hemos visto esos 600 despedidos”.

El legislador local sostuvo que es fundamental que la administración estatal haga pública la lista, y proporcione los detalles que hasta la fecha permanecen ocultos, “600 despedidos es un tema de relevancia, y no hemos visto las expresiones naturales que tendrían que surgir a partir de esta decisión”, expresó.

Refirió que la sospecha de que en la lista de despedidos se encuentren personas que cobraban sin trabajar dentro del gobierno estatal impide que los diputados puedan hacer pronunciamientos profundos para conocer el origen de los despidos.

“Hay un acto mal intencionado del gobierno del estado de no dar la identidad de estas 600 personas. No puedo ser más contundente en mis señalamientos, porque hay opacidad (por parte del gobierno del estado) y no han sido claros”.

Más adelante sentenció que los trabajadores que sí se han acercado a buscar apoyo han denunciado que los están obligando a firmar un contrato pre fabricado, “hay una baja a través de un formato prefabricado que los obligan a firmar y eso puede desencadenar una acción jurídica que perjudique las arcas del propio gobierno”.

Ayer, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez dijo que la administración en su cargo no tiene problemas en revelar la lista de trabajadores despedidos, sin embargo, señaló que consultará la información con la Consejería Jurídica del Gobierno para evitar una posible violación a la Ley de Datos Personales.

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