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Alejandro y Jesús, 18 años de impunidad ante su desaparición forzada en Colima

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Colima, México, Avanzada (13/11/2019).- La desaparición forzada de los jóvenes Alejandro Martínez Dueñas y J. Jesús González Medina, ocurrida en la colonia Placetas Estadio el 30 de junio de 2001, fue el primer caso del sexenio del presidente Vicente Fox y el más sonado de la administración del gobernador Fernando Moreno Peña, y a pesar de la movilización y denuncias de sus familiares, así como la intervención de diversas instituciones, hasta la fecha no se ha logrado conocer el paradero de las víctimas a la vez que nadie ha sido castigado por su responsabilidad en el hecho.

Además de lo anterior, ni siquiera se cumplió la recomendación 9/05 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), enviada hace más de 14 años, el 19 de mayo de 2005, al entonces gobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, y entonces procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca. De acuerdo con las quejas de sus familiares, los jóvenes habrían sido detenidos por agentes policiacos.

Cuando apenas habían pasado cuatro meses de la desaparición de los dos jóvenes, la Procuraduría de Justicia del Estado pretendió cerrar el caso, con el argumento de que supuestamente eran “delincuentes prófugos” y por lo tanto “no hay desaparición”, mientras que el asunto había estado envuelto en contradicciones y enfrentamientos entre el gobierno estatal y la Procuraduría General de la República (PGR).

Alejandro y José de Jesús habrían sido detenidos a través de un operativo en el que participaron varios hombres vestidos de color negro, con cachuchas e “insignias oficiales como de policía”.

Luego de que esta información fue dada a conocer en su momento por AVANZADA, ahora reproducimos nuevamente la historia de este caso emblemático, que podría ser considerado el punto de partida de un fenómeno que con el paso de los años se ha agravado hasta alcanzar dimensiones de una gran tragedia, la que ahora en 2019 viven cientos de familias colimenses que tienen desaparecido a uno de sus miembros.

Alejandro laboraba en Guadalajara como conductor de un tráiler propiedad de su madre, Marcelina Dueñas Escalera. La última vez que lo vio su familia fue el 26 de junio, cuando dijo que visitaría a su amigo José de Jesús González en Colima. Varios días después les llegó la noticia de la detención y empezó la búsqueda.

Aunque nació en La Placita, Michoacán, Jesús González —trabajador de un rancho ganadero— creció en el estado de Colima. Antes de su desaparición, habitaba y cuidaba junto con una de sus hermanas la vivienda de un familiar, ubicada en la colonia Placetas Estadio, de donde se lo llevaron detenido. De acuerdo con sus familiares, en ese tiempo el joven planeaba irse a trabajar a Estados Unidos y sólo esperaba que su padre vendiera un rancho para apoyarlo económicamente.

En lo que fue el inicio de una serie de contradicciones entre las autoridades, los familiares de los desaparecidos denunciaron en su momento que cuando en los primeros días de la búsqueda se entrevistaron con el procurador de Justicia del Estado, Jesús Antonio Sam López (ya fallecido), y el secretario general de Gobierno, Jorge Humberto Silva Ochoa (también fallecido), éstos les aseguraron que no se trataba de un asunto de su competencia, sino de un operativo de la PGR, por la presunta implicación de los jóvenes en un caso de falsificación de dólares.

Diana Martínez, hermana de Alejandro, señaló que Silva Ochoa le manifestó en esa ocasión que su hermano y su amigo se encontraban vivos, incomunicados por la PGR en la ciudad de México. Antes, el procurador Sam López le había recomendado buscarlos en Guadalajara. No obstante, luego de la búsqueda por varios días en ambas ciudades, no logró resultados positivos.

El 5 de septiembre de 2001, el gobernador, Fernando Moreno Peña, confirmó esa versión ante un grupo de reporteros: “La información que el procurador de Justicia del Estado tiene extraoficialmente es que (los jóvenes) están detenidos por las autoridades federales”.

Sin embargo, el mismo día, en entrevista, el entonces delegado de la PGR en Colima, Héctor Alejandro Palencia Meza, respondió:

“Respeto la opinión de los funcionarios estatales, pero lo que puedo decir es que no había ninguna orden de aprehensión ni de investigación contra los jóvenes, y por tal motivo no tendríamos nosotros por qué haberlos detenido”.

Seis días después, el 11 de septiembre, en un comunicado de prensa la delegación estatal de la PGR volvió a negar que los desaparecidos estuviesen en manos de esa corporación e informó:

“El subprocurador de Procedimientos Penales B de la PGR, José Jorge Campos Murillo, sostuvo comunicación con Jesús Antonio Sam López, procurador general de Justicia del estado de Colima, preguntándole si eran ciertos los comentarios que supuestamente había hecho en el sentido de que los desaparecidos Jesús González Medina y Alejandro Martínez Dueñas fueron detenidos por agentes de la Policía Judicial Federal en esta entidad o en el estado de Jalisco, manifestando el procurador que dichas imputaciones eran falsas”.

En conferencia de prensa, el 21 de septiembre, el propio procurador del Estado, Sam López, ratificó esa versión y al mismo tiempo contradijo al gobernador Moreno Peña:

“Yo nunca he dicho que los haya detenido la PGR, ni he dado ninguna presunción. Yo nunca lo he dicho”.

En esa misma ocasión, Sam López declaró por primera vez que para las autoridades estatales, los jóvenes son “prófugos de la justicia”, pues según el funcionario se encontrarían implicados en delitos de falsificación de dólares, tráfico de drogas, portación de arma prohibida y robo de vehículo con violencia.

Y deslizó: “Sus familiares hablan de desaparición, pero qué tal si están escondidos y no quieren dar la cara”.

El 1 de octubre de 2001, durante su Cuarto Informe de Gobierno, Moreno Peña sostuvo la insinuación que implicaría a las autoridades federales en la desaparición de los jóvenes: 

“Efectivamente –comentó– elementos que al parecer son policiacos, pero no son estatales, fueron los que intervinieron en la detención de estas personas”.

Añadió: “Nosotros de inmediato enviamos oficios a las policías federales, entre ellas la PGR, y a la 20ª. Zona Militar para ver si habían sido detenidos por elementos de esas corporaciones. A la fecha, nos reportan que ellos no realizaron este tipo de detenciones”.

Al cerrar su intervención sobre ese asunto, Moreno señaló que los jóvenes se dedicaban a una actividad “relacionada con delitos federales que a nosotros no nos compete perseguir”.

Al visitar Colima para dar posesión al nuevo delegado de la PGR, Víctor Carreón, el subprocurador José Jorge Campos Murillo, dijo el 17 de octubre que los jóvenes eran investigados por delitos federales, pero negó que hayan sido detenidos. “No sabemos cuál fue el destino de ellos, si les dieron un levantón, un ajuste de cuentas o cualquier otra cosa”.

“UNA SITUACIÓN INSUFRIBLE”

Diana Martínez, de 37 años de edad, dejó a sus tres hijos al cuidado de su esposo y por varios años se dedicó a buscar a su hermano.

“Es una situación insufrible, creo que vamos a quedar mal de la mente, de tanta impotencia de no poder dar con él”, narraba sin contener las lágrimas. “Si mi hermano cometió algún delito, exigimos que lo presenten ante un juez, no entendemos por qué quieren tenerlo tanto tiempo desaparecido, pero no vamos a descansar hasta que lo tengamos enfrente”.

En su búsqueda, recurrió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y estuvo con la representante del Comité Eureka, Rosario Ibarra de Piedra, quien la acompañó a presentar su denuncia ante la PGR, en un acto precedido de un plantón de decenas de madres y familiares de desaparecidos de todo el país.

LA RECOMENDACIÓN

En mayo de 2005, cuando faltaban menos de dos meses para cumplirse cuatro años de la apertura del expediente, la CNDH solicitó al gobierno de Colima y a la PGR realizar acciones conjuntas para agilizar las investigaciones, así como investigar y sancionar en su caso a servidores públicos de ambas instancias presuntamente implicados en los hechos de manera directa o en anomalías durante las indagatorias.

Más de ocho meses después del envío de la recomendación sobre este caso, la CNDH la reportó, dentro de su programa de seguimiento de recomendaciones, como “parcialmente cumplida” por parte de la PGR y “no aceptada” por parte del gobierno colimense, pues este último de plano se negó a acatar los puntos sugeridos por el organismo humanitario.

Según las investigaciones en las que sustentó su recomendación la CNDH, Jesús González Medina fue detenido el 30 de junio de 2001 en Colima y trasladado posteriormente a un paraje solitario, donde fue sometido a tratos crueles y degradantes por parte de los elementos de la Policía de Procuración de Justicia de Colima, conjuntamente con otras nueve personas, entre los cuales fueron identificados plenamente dos elementos en activo de dicha dependencia, así como dos más del estado de Michoacán, y desde entonces se desconoce el paradero del joven.

En el caso de Alejandro Martínez Dueñas y Gabriel Sánchez Sánchez —un tercer desaparecido incluido por el organismo en la recomendación— no se pudo acreditar fehacientemente la detención, pero a juicio de la CNDH los agentes del Ministerio Público de la Federación que tuvieron bajo su responsabilidad la integración de las averiguaciones previas iniciadas con motivo de las denuncias presentadas por la detención de los agraviados, omitieron practicar y ordenar la realización de todos los actos conducentes a la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados.

Con base en lo anterior, la Comisión Nacional recomendó al gobernador de Colima abrir una investigación contra dos agentes y un comandante de la PGJE, así como tomar las medidas correspondientes para evitar que evadan la acción de la justicia, por su presunta responsabilidad en la detención y desaparición de Jesús González Medina.

Al Procurador General de la República le recomendó la CNDH iniciar una investigación administrativa a los servidores públicos que incurrieron en las acciones y omisiones durante la investigación, además de fomentar a todos los servidores públicos que tienen bajo su responsabilidad la integración de averiguaciones previas, la necesidad que tiene la institución del ministerio público de ajustar sus actuaciones a los lineamientos establecidos en la legislación penal, a través de cursos de capacitación y actualización.

A las dos autoridades, el organismo les recomendó que se estudie la posibilidad de crear un grupo de trabajo, integrado por agentes del Ministerio Público tanto de la Federación como de la Procuraduría General de Justicia del estado de Colima, con la finalidad de que conjuntamente se avance en las investigaciones, hasta lograr la correcta integración de la indagatoria.

En un informe posterior, la CNDH clasificó como parcialmente cumplida la recomendación por parte de la PGR, pues a través del oficio PGR/383/2005, del 10 de junio de 2005, esa autoridad dio respuesta aceptando la recomendación.

El organismo dio fe de que en fechas posteriores la corporación federal le envió pruebas parciales del cumplimiento de las sugerencias, aunque “se encuentra pendiente de demostrar que efectivamente se haya iniciado una investigación administrativa a los servidores públicos señalados en la recomendación por las acciones y omisiones en que incurrieron, así como dar cuenta de manera puntual a esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las actuaciones que practique la citada autoridad administrativa, desde el inicio de su intervención hasta la conclusión de la misma”.

En relación con el punto que involucra a ambas autoridades la PGR informó que a través del Convenio de Colaboración que celebrado por la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima, para la investigación y esclarecimiento de los hechos que derivaron en la probable desaparición de Alejandro Martínez Dueñas y José de Jesús González Medina, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de octubre de 2005, se creó una Fiscalía Especial del Ministerio Público, y se integró un grupo de trabajo compuesto por elementos de ambas procuradurías para la investigación del presente caso, con lo cual dio cumplimiento parcial a ese punto, pues se encuentra pendiente enviar los resultados de las investigaciones.

RECHAZO DE COLIMA

Respecto al gobierno de Colima, la CNDH consideró no aceptada la recomendación, pues así lo expresó el gobernador en el oficio OCG.179/2005, del 15 de agosto de 2005.

Según el organismo humanitario, Silverio Cavazos (también fallecido) le respondió que no existían elementos suficientes que acrediten la participación de los agentes policiacos de la Procuraduría General de Justicia de Colima en la comisión de los hechos motivo de la queja, además de que el órgano jurisdiccional correspondiente determinó, en su oportunidad, negar la orden de aprehensión en contra de los presuntos responsables, y el mandatario estimó que no existe riesgo de que los presuntos responsables evadan de la acción de la justicia.

Así también, el gobierno de Colima determinó que no existen elementos que permitan establecer que los agentes de la Policía de Procuración de Justicia del Estado estén relacionados con la desaparición de los ausentes y, por ende, no es procedente iniciar en su contra alguna investigación administrativa interna.

Después de la emisión de la recomendación de la CNDH, los familiares de Alejandro Martínez Dueñas, solicitaron la intervención de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, en demanda de la agilización de las investigaciones del caso.

A través de un escrito fechado el 29 de junio de 2005, Diana Martínez y su madre, Marcelina Dueñas Escalera, comentaron que la CNDH determinó emitir una recomendación dirigida al Gobierno de Colima y al procurador General de la República, pero al hacerla pública omitió mencionar los hechos narrados en el oficio DGALI/5673/02, contenido dentro del expediente AJM/103/2002, en donde se hace constar, derivado de las investigaciones iniciadas en el expediente DUI/188/COL/2001 con fecha 17 de noviembre de 2001, de la participación de agentes de la PGR en la detención y posterior desaparición de Alejandro Martínez y Jesús González.

La recomendación de la CNDH, opinó, “se encuentra incompleta y carece de elementos suficientes para lograr una actuación plena, total y expedita de las autoridades correspondientes con el fin de lograr que se presenten informes contundentes y se finquen responsabilidades a quienes actuaron de una manera dolosa y poco ética en el cumplimiento de su trabajo”.

Así mismo, refirió que “es digno de hacerse notar el hecho de que ni las autoridades de la PGR ni las autoridades del Gobierno de Colima han llevado a cabo actividades tendientes a lograr la localización y posterior presentación de con vida de los desaparecidos Alejandro Martínez Dueñas y Jesús González Medina, situación que pone en entredicho la efectividad y ética de dichas instituciones”.

Mencionó también que la CNDH omitió exigir la presentación física de los desaparecidos de manera inmediata por parte del personal de las corporaciones policíacas, tanto del estado de Colima como de la PGR.

Con base en lo anterior, Diana Martínez y Marcelina Dueñas solicitaron la intervención de la representante de la ONU ante las autoridades correspondientes para que presenten informes precisos y de manera inmediata sobre el paradero de Alejandro Martínez Dueñas y Jesús González Medina.

Posteriormente, como parte de la lucha por la presentación de su hermano, Diana Martínez Dueñas instaló en 2005 un plantón frente a las oficinas de la PGR en la ciudad de México. Casi un año después, el 14 de julio de 2006, fue desalojada violentamente junto con sus dos pequeños hijos.

En 2006, la PGR emitió un comunicado en el que afirmó que no existían pruebas de que esa corporación hubiese detenido a Alejandro Martínez Dueñas y devolvió el expediente a la Procuraduría General de Justicia de Colima.

En el tiempo restante de la administración de Silverio Cavazos y durante todo el sexenio de Mario Anguiano Moreno y lo que va del gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez no se han informado sobre algún avance en las investigaciones en torno a este caso. Y cuando ya se cumplieron más de 18 años de la desaparición de Alejandro y José de Jesús, su paradero y su suerte no se han esclarecido.

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