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Ley de Publicidad Oficial, pendiente en el Congreso de Colima

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EDITORIAL

Después de un año de haber sido instalada, la Legislatura local continúa en deuda con los medios de comunicación de Colima, pues no ha sido elaborada ni aprobada la Ley de Publicidad Oficial, que establecería los criterios necesarios para que las relaciones comerciales entre las instituciones públicas y los medios de comunicación se realicen de manera transparente y de una vez por todas se deje de lado la discrecionalidad que ha afectado la libertad de expresión.

Desde hace algunos años, cuando Avanzada presentó en 2012 ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) una queja contra el gobierno de Mario Anguiano Moreno por haberle retirado de manera arbitraria la publicidad oficial, se ha discutido en Colima la necesidad de establecer reglas legales claras en ese sentido.

Y es que a pesar de que la CDHEC envió en diciembre de 2016 una recomendación al gobierno de Ignacio Peralta Sánchez para que estableciera los mencionados criterios, casi tres años después esto no se ha cumplido por parte del gobierno estatal, que no hizo caso al organismo humanitario, pero tampoco al Congreso que lo ha exhortado a cumplirla.

Hasta la fecha, la publicidad oficial se sigue manejando con base en un sistema de premios y castigos, en el que reciben el mejor trato aquellos medios que someten su orientación editorial a favor del gobierno que les contrata la publicidad y reciben el peor trato los medios críticos, a los que se les regatea o incluso se les niega la publicidad.

En estas condiciones, una Ley sobre publicidad oficial podría garantizar a todos los medios de comunicación una claridad y equidad en la asignación de la publicidad, sin ningún tipo de presión relacionada con su línea informativa, garantizando la libertad de expresión.

Es evidente que los criterios necesarios para la asignación de la publicidad oficial tendrían que dejar de lado el aspecto relativo a la orientación editorial del medio y sí observar aspectos de índole técnica, como la penetración y el impacto del medio en cuestión, así como él público al que llega.

Así también, es importante que dentro de esos criterios para la contratación de publicidad se considere la necesidad de garantizar la pluralidad de enfoques de los medios, pues la sociedad merece que existan medios con distintas visiones de la realidad y, como es bien sabido, la publicidad oficial constituye todavía en México un ingreso muy importante para los medios de comunicación.

El problema de la ausencia de una ley es que los funcionarios del área en Colima hasta la fecha continúan manejando a su antojo y de manera patrimonialista el presupuesto destinado para publicidad oficial.

La existencia de una ley de esa naturaleza contribuiría a la libertad de expresión y esto beneficiaría de manera directa a los ciudadanos En este sentido, la legislatura local con mayoría de Morena tiene la responsabilidad de marcar la diferencia con sus antecesoras y legislar al respecto.

Colima tiene la oportunidad de convertirse en el primer estado en contar con una ley en esta materia, porque si bien hace tiempo fue aprobada una ley a nivel nacional, está no se encuentra en vigor porque fue impugnada ante el Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debido a que mantenía los vicios de la discrecionalidad cuestionados antes.

En estas circunstancias, el Congreso de Colima tiene la palabra.

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