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El tiempo pone a cada quien en su lugar

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Avanzada.

EDITORIAL.

Al rendir sus informes de revisión de las cuentas públicas del estado y los municipios, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) revivió el caso de la misteriosa y opaca adquisición de los terrenos de la XX Zona Militar por parte del gobierno estatal, asunto ventilado hace cinco meses por el diario Avanzada.

Como parte de su labor periodística, nuestra reportera Heidi Gabriela de León Gutiérrez confrontó dos versiones existentes sobre la operación: que el gobierno estatal había adquirido el inmueble con 200 millones de pesos de un crédito autorizado por el Congreso del Estado a finales del año pasado, como aseguró el propio gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, o bien, que se trató de una donación a título gratuito, como señaló el organismo federal responsable del área.

Frente a los cuestionamientos por esta contradicción, el mandatario salió a dar ante la prensa, y después ante el Congreso del Estado, una explicación que más que aclarar, confundió más las cosas.

En aquella ocasión, Peralta argumentó que donó ese dinero a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para recibir a cambio la donación del inmueble de la Calzada Galván y posteriormente, al ser requerido por el Osafig señaló que en realidad usó el dinero para reponer lo que ya había entregado anteriormente a la institución federal y para hacer otros pagos.

Con esta explicación, el mismo gobernador confesó que el dinero del crédito no se utilizó para el fin autorizado por el Congreso, que era adquirir reserva territorial, como quedó establecido en el decreto 617, de septiembre de 2018. Y por esta razón, fue precisamente que el Osafig consideró no solventadas las observaciones a la cuenta pública del gobierno del estado, situación que tiene al gobernador al borde de una demanda de juicio político.

El curso de los acontecimientos con este tema ha dado la razón a Avanzada, en el sentido de que las cosas no se hicieron bien en torno al proceso de adquisición de las instalaciones militares y todavía tiene que investigarse si hubo malversación de recursos que deriven en peculado o algún otro delito.

Cuando se realizaron las primeras publicaciones en este medio, hubo algunas voces, incluido el propio gobernador, que trataron de desacreditar los señalamientos, atribuyendo el trabajo periodístico a una supuesta mala fe de nuestra parte.

En uno de los extremos, el “Diario de Colima” llegó a sugerir en uno de sus espacios que el gobernador procediera legalmente contra Avanzada (sin mencionarnos por nuestro nombre) con la falsa apreciación de que las publicaciones realizadas sobre ese caso no tenían sustento.

No resulta extraña la postura del “Diario de Colima”, pues basta una revisión a su historia y sus antecedentes para darse cuenta de que en algunas ocasiones ha sido utilizado como instrumento político para respaldar y servir a los gobiernos (como en este momento en que existe un parentesco entre el gobernador y el dueño de ese rotativo), o en otros tiempos se ha dado a la tarea de defenestrar gobernantes con el propósito de fortalecer a grupos políticos opositores.

Incondicional del mejor postor, ese periódico ha subordinado el manejo informativo a intereses económicos y políticos. Como ha quedado evidenciado en su propia hemeroteca, ha hecho de todo, menos periodismo.

Sin embargo, como se está demostrando en este asunto de la adquisición de las instalaciones de la XX Zona Militar, tanto en la vida pública como en el periodismo el tiempo y la historia colocan a cada quien en su lugar.

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