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Gobernador violó la ley al usar crédito bancario de 410 MDP para fines no autorizados: OSAFIG

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Colima, México, Avanzada (01/10/2019).- El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) determinó que el gobierno estatal no utilizó el crédito de 410 millones de pesos, para el fin que le autorizó el Congreso del Estado, es decir la adquisición de predios o terrenos en el municipio de Colima (la compra de la zona militar en Calzada Galván), así como la construcción del C5 y la edificación de una unidad de cuidados neonatales en Manzanillo.

En el informe de resultados de la auditoría correspondiente el ejercicio 2018, el órgano fiscalizador señala que el Poder Ejecutivo violentó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local y la Ley de Disciplina Financiera “al dar otro destino del autorizado a los recursos económicos del crédito contratado por el ente fiscalizador (el Ejecutivo) al amparo del decreto 617”.

En la observación: F32/FS/18/20 de la cuenta pública 2018, expone que el Poder Legislativo autorizó al gobierno del Estado contratar un crédito por 410 millones de pesos destinados a inversión pública productiva, pero no se ejecutó  de la manera autorizada por los diputados locales.

El OSAFIG menciona que los recursos económicos observados (los 410 mdp) debieron utilizarse por el ente fiscalizado (Gobierno del Estado) en los conceptos señalados en el decreto 617 y que fue publicado el 28 de septiembre en el Periódico Oficial del Estado de Colima, es decir, para la construcción del C5, un total de 150 millones de pesos; la construcción de la Unidad de Cuidados neonatales en Manzanillo por hasta 60 millones de pesos; y en la adquisición de tierras, terrenos y/o predios urbanos para atender las necesidades de infraestructura social y urbana en el municipio de Colima por un monto de 200 millones de pesos.

El OSAFIG refiere que la respuesta que dio el ente fiscalizado (el gobierno del estado) ante tal señalamiento es improcedente, ya que el Poder Legislativo le autorizó al Ejecutivo endeudarse para una acción específica y a posteriori, “no se informó o precisó (por parte del gobierno en su solicitud de endeudamiento) que la contratación de dicho endeudamiento era para recuperar los recursos económicos que el ente fiscalizado había entregado previamente a la Sedena”, como lo expuso la administración estatal.

El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental puntualizó que el ente fiscalizado (el gobierno del Estado) reconoce en su propia respuesta (para desvirtuar el señalamiento) que el 14 de diciembre de 2018 recibió el importe de 200 millones de pesos (que se destinarían para la compra de los terrenos de la XX zona militar) producto del crédito contratado con Banobras al amparo del decreto 617.

El mismo gobierno indicó que al ingresar los recursos extraordinarios, el 14 de diciembre de 2018, “se procedió a recuperar los importes previamente pagados por la adquisición del bien inmueble y se realizaron los pagos correspondientes para diciembre”.

Sin embargo, el OSAFIG expone que el gobierno del Estado no acreditó documentalmente que dichos recursos (los 200 millones de pesos) se hubiesen utilizado en la inversión pública productiva para el que fueron autorizados (por el poder legislativo).

“Con lo anterior se acredita que el ente  fiscalizado (gobierno del estado)  no pudo haber realizado los pagos que refiere (a la Sedena en el plazo que señaló el gobierno)”.

Sobre el crédito de 410 millones de pesos, el mismo OSAFIG afirma que el ente fiscalizado (gobierno del Estado)  sólo se limitó  a realizar, “argumentaciones y descalificaciones sobre lo observado (por el órgano fiscalizador), pero en ningún momento señala el fundamento legal que expresamente lo faculte a dar otro destino diferente al autorizado a los recursos económicos provenientes del crédito contratado con Banobras y que aceptó recibir el 14 de diciembre de 2018 por un monto total de 200 millones de pesos”.

Por lo tanto, para el  OSAFIG el ente fiscalizado, “no pudo solventar lo observado”  en el hallazgo: F32/FS/18/20, relativo al crédito de 410 millones de pesos que el Congreso le autorizó al gobernador en septiembre de 2018. 

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