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Presenta Claudia Yáñez punto de acuerdo para que se investigue caso Indira-Altozano

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Colima, México, Avanzada (27/09/2019).- La diputada federal Claudia Valeria Yáñez Centeno y Cabrera presentó en el Congreso de la Unión una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a diversas autoridades locales y federales a investigar posibles actos de corrupción denunciados contra Indira Vizcaíno Silva, delegada especial del gobierno federal en Colima.

En el documento, la legisladora narró que en 2017 un grupo de ciudadanos del municipio de Cuauhtémoc, Colima, comprometidos con la honestidad, la transparencia y la rendición de cuentas, presentó una denuncia penal en contra de la exalcaldesa durante los años 2012-2015, Indira Vizcaíno Silva, por presuntos actos de corrupción al autorizar el intercambio de un terreno de 7 hectáreas en el fraccionamiento residencial llamado “Altozano”, por predios rústicos cuyos valores comerciales fueron inferiores, lo que provocó un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal por alrededor de 100 millones de pesos.

“Es de señalar, que la denuncia se presentó ante la entonces Procuraduría hoy Fiscalía General de Justicia del Estado, la cual fue radicada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pero hasta la fecha se encuentra en espera de que se concluya la integración de la carpeta de investigación y esta sea consignada ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, para que determine el o los delitos a perseguir”.

Al respecto, añadió, el 15 de noviembre de 2016, diputados del grupo parlamentario del PAN e integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, aprobaron una proposición con punto de acuerdo, por el que se exhortaba al Órgano Superior de la Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, a que llevara a cabo una Auditoría excepcional sobre la Permuta de las áreas de sesión para destino del fraccionamiento “Altozano”, llevada a cabo entre la exalcaldesa y la empresa denominada Invercol, SA de CV, sustentado bajo las siguientes argumentaciones:

“El 21 de noviembre de 2009, se publicó en el periódico Oficial “El Estado de Colima” el Programa Parcial de Urbanización del Fraccionamiento denominado “Altozano”, con superficie de 155-97-97.598, en el cual se previó la asignación del área de sesión para destino (espacios verdes abiertos) con superficie de 69,515.00 M2. en dos lotes: 1. Lote con clave catastral 05-06-82-050-002, con superficie 25,080.37 m2. 2. Lote con clave catastral 05-06-82-050-002, con superficie 44,435.09 m2.

En la octava sesión pública ordinaria del 8 de marzo de 2013, en el punto VII del orden del día, se autorizó el proyecto de convenio de sustitución de áreas de cesión a celebrarse por el Municipio e Invercol, SA de CV, y a su vez la aprobación de la desincorporación del patrimonio de los inmuebles entregados anteriormente en cesión, el cual fue aprobado por unanimidad.

El Osafig formuló las recomendaciones al Municipio de Cuauhtémoc, para garantizar el cumplimiento de los fines públicos de las áreas de cesión y su equiparación al valor comercial de las mismas, en caso de considerar necesaria y justificada la substitución de las áreas de cesión, destacándose, entre otras:

“El valor de los predios a sustituir, tomando en consideración la urbanización que se les realizará, debe ser equiparable al valor comercial de los predios que comprenden las áreas de cesión para destino originalmente previstos en el “PPU Altozano”. Dicho valor debe ser realizado por un perito reconocido y aceptado por el Ayuntamiento. Como lo prevé el artículo 298 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima.”

“En general, el Municipio deberá realizar las acciones necesarias para garantizar que los predios substituidos se equiparen en valor comercial con los originalmente aprobados en el “PPU Altozano” y su destino o uso sea a fines públicos.”

Sin embargo y no obstante de la recomendación del Osafig, con fecha 12 de marzo de 2013, el municipio de Cuauhtémoc, representado por la Lic. Indira Vizcaino Silva, Juan Manuel Preciado Barbosa, Ana Bertha Zamora Prieto, en su carácter de Presidenta, Sindico y Secretaría Municipal, signó convenio con la Empresa Mercantil Invercol, SA de CV, representada por el C. Francisco Brun González, en el cual se convino las áreas de cesión con la determinación del valor realizado a los predios por el avalúo practicado (Aguirre Sato S.C. (José Luis Aguirre Avalos) quien determinó el valor del predio agropecuario (breña) lo que arrojó un valor de $10’752,000.00 y no, el avalúo comercial sobre los bienes inmuebles, a valor comercial tomando en cuenta “la urbanización” que debe tener, señalada en el PPU y el proyecto ejecutivo, como lo determina expresamente el artículo 298 de la Ley de Asentamientos Humanos del Estado.

Determinado el valor de las áreas de cesión, se permutó el predio por otros tres predios colindantes con la zona urbana de la cabecera municipal.

De acuerdo con la diputada, “el valor por metro cuadrado asignado a las área permutadas es de $154.00; sin embargo, de los recibos del cobro del Impuesto Predial de predios dentro del fraccionamiento Altozano, se desprende el valor catastral asignado al terreno, obteniéndose promedios de $1,500.00 metro cuadrado, por lo que resulta inferior la determinación del valor de las superficie permutada (áreas de donación), por lo que estamos hablando de subprecio de los terrenos donados de $1346 pesos por metros cuadrado que al hacer la multiplicación por los 69,515.00 metros cuadrados nos da una subvaloración por un posible daño patrimonial a la hacienda municipal por $93,567,190 (noventa y tres millones quinientos sesenta y siete, ciento noventa pesos)”.

De igual forma, indicó Claudia Yáñez, no se encontró en los registros patrimoniales, la incorporación de los predios sustituidos a favor del Municipio, las escrituras que amparen la propiedad de los predios a favor del mismo, e incluso cabe aclarar que el Osafig, notificó en su momento la observación F43 al Ayuntamiento de Cuauhtémoc, pero dicha observación extrañamente desapareció del informe de resultados de la auditoria de la Cuenta Pública.

“Lo antes descrito representa un probable daño a la hacienda municipal por $93, 567,190 (noventa y tres millones quinientos sesenta y siete, ciento noventa pesos), cantidad que resulta trascendental máxime si tomamos en cuenta que los ingresos presupuestados por el municipio de Cuauhtémoc para el año 2016 fue de $91,906,523.30 (noventa y un millones, novecientos seis mil, quinientos veintitrés pesos 30/100)”, expuso Yáñez Centeno.

Advirtió que no obstante lo anterior, hasta la fecha se desconoce qué ocurrió con la referida auditoría excepcional solicitada por el Congreso del Estado de Colima al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización de Gubernamental, aunque “la información extraoficial que se cuenta, es que el expediente inherente a este caso, se encuentra extraviado”.

Según Claudia Yáñez, en el Estado de Colima se vive una creciente inconformidad social manifestada por ciudadanos y diversos sectores de la sociedad colimense, quienes solicitan la destitución de Indira Vizcaíno Silva, quien actualmente funge como delegada estatal de Programas para el Desarrollo.

“La citada funcionaria federal es señalada por el manejo de los programas sociales federales a su cargo a discreción y con un interés electorero. Otorga o niega becas a jóvenes a su criterio, engañado a adultos mayores a quienes no ha entregado los subsidios a que tienen derecho, estas son las denuncias que manifiesta varios ciudadanos colimenses”.

Otra de las anomalías, de la cual es señalada Vizcaíno Silva, es su intervención en el proceso de elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en el Congreso del Estatal. Además, es acusada de impulsar la candidatura de Adriana Ruiz Visfocri, quien cuenta con un historial oscuro, cuyo objetivo principal es apropiarse de la gubernatura del estado en 2021.

En ese contexto, la representante popular consideró necesario atender los señalamientos de la ciudadanía por la presunta comisión de actos de corrupción efectuados por servidores públicos del estado, con la finalidad de erradicar esa práctica que tanto ha perjudicado al país.

Para ello, precisó, “es necesario efectuar acciones concretas orientadas a combatir el desvío de recursos, la concesión de beneficios a cambio de gratificaciones, así como el aprovechamiento del cargo o función en beneficio personal o de un grupo, por encima del bienestar de una sociedad, que hoy más que nunca demanda que el poder se desempeñe con estricto acatamiento al orden legal”.

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