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Daño a la reputación ciudadana desde la Fiscalía

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EDITORIAL.

Avanzada.

La reciente detención de diez exahorradores defraudados por el empresario José Ocampo Verdugo (JOV) y del reportero Luis Tadeo, luego de que allanaron y cometieron destrozos en una vivienda que reclaman para sí los afectados, sacó a relucir un viejo problema que implica la violación del derecho al honor de parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Lo anterior quedó evidenciado con la circulación en las redes sociales de la fotografía oficial de Tadeo, en el momento en que fue fichado en la FGE, con el evidente propósito de denostarlo y afectar su imagen públicamente.

La principal pregunta es quién filtró una fotografía que por su naturaleza son muy pocas las personas que tendrían acceso a ella. En primer lugar, está el fotógrafo que la tomó y quienes se encuentran alrededor, pasando por quienes tienen acceso a la carpeta de investigación.

La difusión de la fotografía es violatoria de lo establecido en las leyes amparan el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que prohíbe revelar la identidad de una persona detenida cuando no ha sido dictada una determinada sentencia.

Por lo tanto, lo lógico sería esperar que una vez que se difunde indebidamente una fotografía la FGE abra una investigación para determinar la responsabilidad de ese hecho y evitar de esta manera que se siga violando la legislación de esa manera.

En esta ocasión ocurrió con Luis Tadeo, pero hace unos años se hizo con el diputado federal panista Jorge Luis Preciado Rodríguez, cuando fue detenido por haber denunciado públicamente al entonces secretario de Salud del gobierno estatal de haber operado a su perro en un quirófano del Hospital Regional Universitario.

Hace unos meses, también fueron filtradas unas fotografías de la esposa del alcalde de Armería, Salvador Bueno Arceo, sobre el estado físico en que quedó después de haber sido golpeada por el funcionario municipal. Esas imágenes sólo pudieron haber sido difundidas en las redes por alguien desde adentro de la FGE.

Es importante que tanto la sociedad como las autoridades tengan claro que la exhibición de las personas detenidas y procesadas por algún supuesto delito es un acto violatorio del derecho a la propia imagen y a la reputación, dado que se está sometiendo al escrutinio público a alguien que ni siquiera ha sido juzgado por la autoridad correspondiente.

En suma, la Fiscalía tiene ante sí una gran responsabilidad de garantizar que los materiales generados en su interior, que involucren la revelación de la identidad de los detenidos, no se filtren públicamente.

Para lograr esto, se requieren mecanismos de seguridad para proteger la imagen de las personas detenidas o sometidas a proceso. Si esta situación continúa ocurriendo sin que la institución aplique las medidas correctivas entre su personal, la FGE se convertirá en cómplice de esos hechos.

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