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Matar a la presidenta

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Escrito por: Juan Gabriel Moctezuma Castellanos.

Este fin de semana alguien ordenó asesinar a la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez. El atentado se registró cuando viajaba en su camioneta, cuatro gatilleros la interceptaron y afortunadamente dos de sus escoltas repelieron la agresión logrando salvarle la vida. En el atentado una persona ajena a la problemática resultó herida, igual que uno de sus escoltas.

¿Quién ordenó asesinar a la presidenta y por qué?

Este tema tiene dos vertientes, la primera sería la narcopolítica, esto es, personas “afectadas” por el desempeño de la edil que necesitan ocupar ese espacio con gente inserta en la función pública con nexos criminales. La segunda, criminales “afectados” por el desempeño de la edil y la imposibilidad de incorporar a sus filas a la presidenta municipal.

La orden de asesinar a la presidenta, aún en medio de un operativo de la Guardia Nacional en Manzanillo, representa un desafío a la autoridad federal. “El vacío de poder” hecho a la medida de los criminales, heredado por administraciones pasadas es necesario para continuar operando en el puerto colimense.

Es público y notorio que los criminales sólo pueden operar bajo la protección de los gobiernos en turno. Aún cuando es un tema poco ventilado en la esfera pública, no se podría entender cómo es que en el puerto más importante del pacífico se registraron los más grandes decomisos de cocaína y otros químicos para elaboración de drogas, sin los nexos con autoridades.  

Posterior al atentado, vinieron los lamentos, exigencias de esclarecer los hechos “hasta las últimas consecuencias” y otras frases ya conocidas por todos. Sin embargo, de poco o nada servirán, puesto que tenemos en fila de espera el esclarecimiento del crimen del exgobernador Silverio Cavazos Ceballos; del exsecretario de Salud y coordinador de asesores del gobernador Mario Anguiano Moreno, Saúl Adame Barreto; el alcalde de Ixtlahuacán, Crispín Gutiérrez, el delegado de la Sedatu, Jaime Vázquez Montes; y el atentado contra el exgobernador Fernando Moreno Peña, quien sobrevivió, así como 3000 crímenes más sin resolver en la última década.

La orden de asesinar a la presidenta entraña una problemática muy reveladora, pues al ser una autoridad electa por la ciudadanía, revela los nexos criminales que han existido en Colima dentro del descompuesto tejido político. Significa que ella encarna una forma distinta de gobernar y eso no gusta a los que, desde siempre, han buscado el poder como una forma sumamente lucrativa de hacer dinero. Sólo basta revisar quienes son los que han ocupado cargos públicos y hoy son millonarios.

Desafortunadamente la federación nos ha dejado solos. El partido político al que pertenece la alcaldesa nos ha dejado solos. En lugar de que la atención de la federación estuviera en nuestro estado tomando cartas en el asunto nada pasó. Da la impresión de que debemos pretender que todo está bien, sin embargo no lo está.

El tema es toral para el futuro de Colima, Griselda Martínez representa el único proyecto político serio en el Estado. Matando a la presidenta se extingue la posibilidad de un Colima mejor y con menos criminales en la función pública.

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