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Simbiosis PRI-Gobierno en Colima

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Escrito por: Avanzada

EDITORIAL

El retuiteo de un mensaje de campaña del candidato presidencial de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade, desde la cuenta oficial de Twitter del Congreso del Estado constituye sólo una  muestra (o si se quiere un resabio) de la simbiosis del PRI y las instituciones públicas, en esta entidad que ha sido gobernada por este partido desde que éste se fundó.

Esa misma simbiosis quedó al descubierto en 2015, cuando la intervención de Rigoberto Salazar Velasco, secretario de Desarrollo Social del estado en la elección, dando instrucciones a su personal de apoyar a los candidatos priistas, provocó la anulación del proceso electoral.

Antes, en 2003, había hecho algo similar el entonces gobernador Fernando Moreno Peña, quien por su intervención a favor del entonces candidato Gustavo Alberto Vázquez Montes también provocó la anulación de la elección.

En esta ocasión, aunque el hecho ocurrido en el Congreso pareciera más fruto de un resbalón aislado de alguno de los empleados, que parte de una estrategia deliberada para tratar de llevar votos al candidato Meade —prácticamente desahuciado en lo electoral—, lo cierto es que el hecho ocurrió y está prohibido por la ley. Además, no deja de ser un síntoma de la mentalidad persistente en muchos servidores públicos que no son capaces de separar partido y gobierno.

El mensaje retuiteado y después eliminado dice: “Transporte 100% limpio y seguro para 100 ciudades del país. Será rápido, eficiente y con cámaras de vigilancia y botón de pánico, descuentos para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad. Eso es pensar en la gente, no la opacidad e ineficacia del segundo piso CDMX”.

La legislación aplicable de manera directa al hecho es el artículo 134 de la Constitución federal, que entre otras cosas señala: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

No en balde, pocas horas después del incidente, el oficial mayor del Congreso del Estado, Alejandro Iván Martínez Díaz, se vio obligado a dar la cara a través de un comunicado de prensa por él firmado, en el que dejó toda la carga de la responsabilidad en el director de Comunicación Social, Juan Carlos Estrada Contreras.

Luego de señalar que el funcionario es responsable del manejo de las cuentas de redes sociales, y de que desde su ingreso al puesto en septiembre de 2016 no había cambiado las contraseñas de éstas, prácticamente lo acusó de “omisión” y se lavó las manos diciendo que lo pondría a disposición de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios.

No obstante, Martínez Díaz reconoció que generalmente el manejo de los contenidos de las redes sociales había sido equilibrado y plural, “lo que refleja la propia pluralidad del H. Congreso del Estado de Colima. Ambas redes sociales dan cuenta de todas y cada una de las intervenciones en Tribuna de las y los diputados locales, las convocatorias emitidas por las comisiones de trabajo permanente y las sesiones de trabajo de esas comisiones”.

Tal vez de mayor gravedad que lo ocurrido en el Congreso es el hecho de que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez ha utilizado su investidura y su tiempo como gobernador para actos de su partido, el PRI, así como el hecho de haber ido a recibir a José Antonio Meade al aeropuerto.

Finalmente son actos de ese tipo y las posibilidades de que se desvíe dinero del presupuesto regular hacia la campaña electoral lo que alerta sobre la posibilidad de que se genere un desequilibrio fraudulento a favor de algún candidato, en este caso el de la coalición encabezada por el PRI.

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