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OPINIÓN

No me feliciten por el “Día Estatal del Periodista”

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Con todo respeto para mis amistades y todas aquellas personas de buena fe, les informo que no deseo ni acepto felicitaciones por el llamado “Día Estatal del Periodista” en Colima.

Lo que pasa es que no estoy de acuerdo con que el 3 de mayo —proclamado en 1993 por la ONU como “Día Mundial de la Libertad de Prensa”—, haya sido convertido en un simple “día social” en la entidad, en el que el aparato gubernamental (los tres poderes) agasaja a la prensa con un desayuno.

Por lo visto, después de que por su origen vergonzoso el “festejo” del 7 de junio quedó en desuso (surgió a mediados del siglo XX de la iniciativa de los dueños de los medios para agradecer al presidente su “respeto” a la libertad de expresión), ahora los poderes de Colima se apropian del 3 de mayo, banalizando su significado.

De acuerdo con los argumentos de la Organización de las Naciones Unidas, el propósito fundamental para conmemorar este día es recordar los principios fundamentales de la libertad de prensa.

“Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el ejercicio de su profesión”, dice la ONU.

También, “es la ocasión para informar a los ciudadanos acerca de las violaciones a la libertad de prensa, así como recordarles que en decenas de países alrededor del mundo las publicaciones son censuradas, algunas multadas, suspendidas o anuladas, mientras que periodistas, editores y publicadores son acosados, atacados, detenidos e incluso asesinados”.

En suma, el 3 de mayo es una fecha para fomentar y desarrollar iniciativas en favor de la libertad de prensa, y para evaluar el estado de este derecho en todo el mundo, e igualmente sirve como un recordatorio a los gobiernos de la necesidad de respetar su compromiso con la libertad de prensa y profundizar la reflexión entre los profesionales de los medios de comunicación sobre este tema y la ética profesional.

Finalmente, apunta el organismo internacional, el “Día Mundial de la Libertad de Prensa” es un día de apoyo a los medios de comunicación que son el objetivo de ataques y restricciones que van en contra de su libertad de prensa. Es también un día de rememoración a los periodistas que perdieron la vida en el ejercicio de su profesión.

Ya he dicho antes que tampoco creo que sea sano para el periodismo colimense que los poderes públicos hayan desempolvado y entreguen cada año el Premio Estatal de Periodismo. Desde mi punto de vista, los gobiernos nada tienen que hacer “reconociendo” y “premiando” el trabajo de los periodistas. En todo caso, si hubiera necesidad de reconocer algo, tendrían mayor legitimidad y autoridad moral para hacerlo la sociedad civil y el propio gremio.

El hecho de que el gobierno estatal haya retomado el Premio Estatal de Periodismo y la obsoleta tradición de los desayunos constituye un retroceso hacia viejas prácticas (“populistas”, por usar el término que actualmente más parece preocupar a ciertos políticos) de simulación, en las que los poderes pretenden congraciarse con la prensa mediante palmaditas hipócritas en la espalda.

No es con premios ni con desayunos como los poderes pueden demostrar el respeto al gremio periodístico y a los medios de comunicación. Si al gobierno de Colima (los tres poderes) realmente les preocupa el sector, pueden empezar respetando plenamente, durante todo el año, las libertades de expresión y de prensa, así como generando condiciones de seguridad favorables para el libre ejercicio del periodismo en Colima.

Son muchos los factores —burdos o sutiles— que actualmente inhiben la libertad de expresión en la prensa estatal, de los que sólo mencionaré algunos.

Pese a que desde hace años ha sido una demanda del gremio periodístico, el gobierno estatal no ha atendido la necesidad de crear protocolos para una cobertura periodística segura de escenas de violencia, lo que mantiene en situación de alto riesgo a los colegas que cotidianamente acuden a estos lugares y muchas veces sufren el hostigamiento, acoso y amenazas de agentes policiacos de diversas corporaciones.

Aunque la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima envió al Ejecutivo estatal una recomendación para que establezca criterios claros, objetivos y transparentes para la asignación de la publicidad oficial, un año y cuatro meses después esto no ha sido atendido, con la consecuente inseguridad jurídica y violación a la libertad de expresión de los medios colimenses, como lo estableció la CDHEC en su recomendación. Sin embargo, a estas alturas, ya quedó rebasada la elaboración de un reglamento, pues el propio Congreso del Estado debería convocar a foros para crear una ley estatal de la materia (evitando reproducir la Ley Chayote), que involucre a todas las instituciones y poderes del estado, no únicamente el Ejecutivo.

Por otra parte, si bien se creó la Comisión General de Protección Integral al Ejercicio Periodístico en Colima (Copip), este organismo ha carecido de fuerza al no contar con autonomía ni patrimonio propio, además de que su composición mayoritaria por personas provenientes de instituciones públicas oficiales no siempre la deja trabajar libremente, al grado de que en ocasiones esa “mayoría” ha boicoteado intentos de pronunciamientos en defensa de algunas situaciones del periodismo colimense.

Los anteriores son sólo algunos ejemplos de situaciones que vulneran las libertades de prensa y de expresión, que ya habrían sido atendidas por las autoridades si es que realmente tuvieran voluntad y convicción de que esos derechos se ejerzan en mejores condiciones en Colima. Pero no es así.

No puedo dejar de mencionar que me llamó la atención que en la rueda de prensa organizada por el Congreso local para anunciar la convocatoria al Premio Estatal de Periodismo 2018, ante “pregunta expresa” de los reporteros los diputados integrantes de la Comisión de Educación y Cultura condenaron la agresión sufrida por periodistas de TV Azteca por parte de manifestantes que habían liberado la caseta de peaje de Cuyutlán.

De acuerdo con la nota del diario El Comentario, los legisladores Verónica Torres Rolón y Federico Rangel Lozano repudiaron las agresiones que sufrieron una reportera y su camarógrafo de TV Azteca Colima, así como otros reporteros, durante la cobertura informativa en la liberación de la caseta de Cuyutlán, lamentando que se atente contra la libertad de expresión y el ejercicio de su actividad profesional.

“Bajo ninguna circunstancia se puede ni debe coartar esa libertad, ni ser objeto de represión. Deploramos esa y cualquier otra agresión y exigimos garantías para las y los trabajadores de los medios de comunicación. Que se respete la ley y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, coincidieron los legisladores de la Comisión de Educación y Cultura.

Dije que esto me llamó la atención porque recuerdo que a finales de 2012 el profesor Federico Rangel Lozano, exlíder sindical, exsecretario de Educación y entonces presidente municipal de Colima —actualmente diputado y candidato a regidor—, no tuvo empacho en colocar en una dirección municipal al golpeador del fotoperiodista Marcos Elizarrarás Mendoza, agredido cuando un grupo de porros identificados con el PRI disolvió violentamente en la calle Madero una manifestación contra el entonces candidato presidencial Enrique Peña Nieto.

Curioso, ¿no? Toda la condena contra las agresiones y toda la solidaridad con los periodistas cuando los responsables son manifestantes desvinculados del gobierno, pero no así cuando los golpeadores provienen del partido en el poder. En esos casos hasta da la impresión de que se les premió por lo que hicieron.

Bueno, con todo lo expuesto anteriormente creo que quedó suficientemente argumentada mi postura en el sentido de que este 3 de mayo la prensa y el gremio periodístico no tienen nada que festejar en Colima. Y menos aún junto a los poderes, que no han mostrado tener vocación de respeto.

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