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En el Senado piden la disolución de poderes en Colima ante crisis humanitaria

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Colima, México, Avanzada (02/05/2018).- La senadora del PT María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo solicitó al Senado de la República  la disolución de Poderes en Colima debido a la incapacidad para establecer una estrategia de seguridad en la entidad y se nombre a un gobernador provisional.

A través de un punto de acuerdo que se presentó en la tribuna del Senado el pasado 25 de abril, la senadora expuso que el ejercicio del Poder Público en Colima es inoperante para cumplir con la función primordial de garantizar la seguridad para los ciudadanos.

Señaló que los tres Poderes, entre ellos el Ejecutivo encabezado por el gobernador Ignacio Peralta Sánchez, ha provocado el colapso institucional del Estado de Colima y una crisis humanitaria de gran envergadura.

“El poder público del Estado de Colima conformado por Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ha quebrantado los principios del régimen federal, conjuran en contra de la sociedad y de la Constitución General de la República”.

Luego sentenció que el poder público del Estado está imposibilitado para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos, por conflictos provocados por ellos mismos.

Además, aseveró que los tres Poderes  han auspiciado la intervención federal y militar en los asuntos internos  de Colima, exclusivos de la competencia civil y de la soberanía estatal.

“Han promovido una forma de gobierno y de organización política distintas a las fijadas por los artículos 40 y 115 de la Constitución General”.

Por esa situación solicitó que con carácter de urgente el Senado que declare la disolución de Poderes, se nombre a un gobernador provisional y se busque una estrategia que le permita a los colimenses sentirse seguros.

La legisladora María del Carmen Ojesto Martínez Porcayo  señaló que en los 22 meses de gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez, los números de víctimas de homicidio doloso ascendieron a 1,307, cantidad superior a la registrada durante los sexenios completos anteriores.

Dijo que en relación con la tasa de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, Colima se mantiene en el primer sitio nacional con 83.31 casos, seguido muy de lejos por Baja California Sur, con 61.62, y por Guerrero, con 58.60.

Recordó que medios de comunicación internacionales como la BBC Mundo, o Le Fígaro, han relatado las atrocidades que se cometen en Colima,  en donde, “matar a balazos ya no es suficiente. Los cadáveres hablan de las torturas más terribles y sádicas”, expresó.

Recordó que en 2017, los municipios de Colima capital, Manzanillo y Tecomán entraron al ranking de los 20 más violentos del país, según el último estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C. y con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La senadora sentenció que el gobernador Ignacio Peralta Sánchez solicitó la intervención de las Fuerzas Federales, y por ello, en el 2017 llegó a Colima un destacamento militar que se encargaban de patrullas, vigilar, detener a presuntos delincuentes.

Insistió que pese a la tragedia de seguridad que afecta a Colima, el gobernador Ignacio peralta justifica los hechos al mencionar que la situación no es exclusiva de Colima y no ofrecer una estrategia que permita garantizar la seguridad de los colimenses.

Por eso, solicitó la desaparición de Poderes y que se nombre a un gobernador provisional,  mientras se recompone el Estado de Derechos.

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