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Someterán a juicio político al Gobernador por mentirle al Congreso sobre los terrenos de la Zona Militar

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Colima, México, Avanzada (24/06/2019).- En el Congreso del Estado se prepara una denuncia de juicio político en contra del gobernador, Ignacio Peralta Sánchez por haberle mentido al Poder Legislativo en el uso y destino de los 200 millones de pesos  que le fueron autorizados para la adquisición de los terrenos de la XX Zona Militar o Reserva Territorial, como quedó establecido en el dictamen.

Lo anterior fue confirmado por el presidente de la Comisión de Transparencia, Francisco Rodríguez García, quien además, dijo que la integración del expediente lleva su tiempo, porque debe contar con el sustento jurídico suficiente para que prospere.

Explicó que tras el análisis de la información y las declaraciones del propio titular del Ejecutivo, existen conductas graves en las que incurrió el mandatario, entre ellas no haber destinado los 200 millones de pesos en la adquisición de reserva territorial (los terrenos de la XX zona militar en la Calzada Galván).

“El gobernador reconoció esa conducta. Confesó una presunta ilegalidad cuando trató de explicar qué se había hecho con el dinero, una vez que salió a la luz pública que los terrenos de la Calzada Galván se habían donado a título gratuito al pueblo de Colima”.

Recordó que el pasado 27 de septiembre, la mayoría de los diputados de la pasada legislatura, le autorizaron al gobernador un crédito de 200 millones de pesos para adquirir los terrenos de la XX Zona Militar en Calzada Galván, pero unos meses después, se dio a conocer que dichos terrenos fueron donados por la Federación a título gratuito, por lo que el recurso no lo utilizó el mandatario estatal para lo que le fue autorizado por el Poder Legislativo.

Rodríguez García  interpuso varias solicitudes de Transparencia a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, donde pide documentación detallada sobre el crédito de 200 millones de pesos que le autorizó la pasada legislatura.

“Estamos solicitando la cronología completa. Incluso la licitación que se hizo para contratar el banco, los contratos, en qué partidas se depositó, cuándo Banobras entregó el dinero, a qué cuentas se fue y cuáles fueron las transferencias que se realizaron”.

El legislador sostuvo  que están esperado que la Secretaría de Finanzas compruebe que los 200 millones de pesos se destinaron para la adquisición de Reserva Territorial como lo aprobó el Congreso, “de lo contrario, estamos ante un posible acto ilegal en el que incurrió el gobernador y el cual tendría que ser castigado”.

El legislador sentenció que el asunto del crédito de los 200 millones de pesos no ha quedado claro, aunque el gobernador compareció en el Congreso del Estado el pasado 16 de mayo.

“Su explicación no es clara y necesitamos saber cómo ejerció los 200 millones de pesos, porque eran para comprar reserva territorial o la zona militar y no lo hizo. Y en el contrato que firmó con Banobras para que les otorgaran el dinero del préstamo quedó establecido que si el recurso no se utilizaba para lo que se le autorizó, entonces el convenio tenía que cancelarse y eso debemos investigar”.

Refirió que están a la espera de que la Secretaría de Finanzas les entregue la información, “porque necesitamos los elementos para interponer un juicio político en contra del gobernador y que este prospere. No queremos que sólo sea un asunto mediático, por eso necesitamos documentar  las irregularidades en las que incurrió el gobernador y por qué debe ser sometido a un juicio que podría llevar a su destitución”.

-¿Quiere decir que el tema del crédito de los 200 millones de pesos y el uso que se le dio no ha quedado concluido en el Congreso? – se le preguntó-

“No, yo estoy a la espera de que me entreguen la información por Transparencia, para tener elementos que permitan interponer el juicio político. Me he ido por la solicitud de documentos porque yo soy el presidente de la Comisión de Transparencia y primero necesitamos tener los documentos o una respuesta que nos permita sustentar el juicio político”.

Por otra parte, dijo que también es una violación grave que acredita un juicio político, el cambio de régimen de los trabajadores ante el IMSS, “firmó un convenio donde necesitaba la autorización del Congreso para comprometer las partidas presupuestales y no lo hizo”.

Rodríguez recordó que en 1981 se emitió el decreto 130 en donde el Congreso le autoriza  a la entonces gobernadora, Griselda Álvarez la firma de un convenio con el IMSS para que inscribía a los trabajadores bajo una modalidad que les permitía tener derecho a la pensión o jubilación.

“El gobernador modificó ese convenio y les cambió la modalidad y en ese convenio se estableció que en caso de que el gobierno del Estado no pague las cuotas de los trabajadores, la secretaría de Finanzas les retenga los recursos de las participaciones, pero el artículo 9 de la ley de Coordinación Fiscal dice que una obligación de esa naturaleza debe autorizarse por el Congreso local y no se hizo”.

El diputado refirió que ese asunto también es una falta grave, “aquí también hay una violación  grave a la Ley de Coordinación Fiscal y es una conducta que podría derivar en juicio político, aunque aquí lo estoy validando para saber si tenemos los elementos suficientes para sustentar. En el caso de los 200 millones de pesos del crédito es diferente, porque el propio gobernador aceptó que no los usó para adquirir los terrenos de la XX zona militar”.  

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