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Banobras podría cancelar contrato con el Gobierno de Colima por destinar el recurso para otro fin no pactado

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Colima, México, Avanzada (18/05/2019).- Por violaciones e incumplimiento en el destino de los recursos, el crédito otorgado por Banobras al gobierno estatal el pasado 27 de noviembre de 2018, por 410 millones de pesos, podría ser cancelado.

De acuerdo con la cláusula segunda del documento, del que Avanzada posee una copia, el acreditado (gobierno estatal) se obliga a destinar el importe del crédito, precisa y exclusivamente para financiar, incluido el impuesto al valor agregado que en su caso corresponda, el costo de las inversiones públicas productivas que recaen en los campos de atención de Banobras, previstas en el programa de inversión estatal y en la autorización del Congreso, para los siguientes fines, entre otros:

“Hasta $ 200’000,000 (doscientos millones de pesos 00/100 M.N.) para la adquisición por parte del Estado de Colima de tierras, terrenos y/o predios urbanos para atender las necesidades de infraestructura social y urbana en la ciudad de Colima”.

La cláusula décimo tercera establece que “en caso de que el acreditado incurra en alguno de los supuestos de eventos de incumplimiento, Banobras podrá anticipar el vencimiento de los plazos pactados y exigir de inmediato al acreditado el pago total de lo que adeude por concepto de capital, intereses normales, moratorios y demás accesorios financieros”. 

Asimismo, la cláusula quinta en su inciso a) advierte que el periodo de disposición concluirá anticipadamente “si el crédito se destina a fines distintos a los pactados”.

El Decreto 617 del Congreso de Colima, aprobado el 27 de septiembre de 2018, en su artículo Primero autorizó al gobierno del estado a través del Poder Ejecutivo, para que por conducto de los funcionarios legalmente facultados que actúen en su representación, contrate uno o varios financiamientos destinados a inversión pública productiva por un monto de hasta 410 millones de pesos.

En el artículo Segundo del decreto se establece que los financiamientos que contrate el Gobierno del Estado de Colima, a través del Poder Ejecutivo con base en la presente autorización, serán destinados a inversiones públicas productivas, entre otras cosas, de la siguiente forma:

“En la adquisición por parte del Estado de Colima, de tierras, terrenos y/o predios urbanos, para atender las necesidades de infraestructura social y urbana en la Ciudad de Colima, por un monto de hasta $200,000,000.00 (Doscientos millones de pesos 00/100 M.N.)”.

El gobernador, José Ignacio Peralta, durante la rueda de prensa ofrecida el 15 de mayo y en la comparecencia del día 16 en el Congreso del Estado, informó que el dinero del crédito fue utilizado para un intercambio de donaciones, esto es, que el gobierno estatal donó los recursos a la Secretaría de la Defensa Nacional y éste a su vez donó a título gratuito las antiguas instalaciones militares al gobierno del estado.

Según el diputado panista Francisco Rodríguez García, la autorización del crédito no fue hecha para realizar ese tipo de operaciones, sino para una compraventa inmobiliaria, por lo que además de violar las leyes de disciplina financiera y de deuda público, así como el Decreto 617 del Congreso del Estado, incumple el contrato del crédito bancario.

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