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Ilegal, el manejo del crédito para la Zona Militar: Francisco Rodríguez

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Colima, México, Avanzada (16/05/2019).- El proceso de adquisición de las instalaciones de la antigua zona militar por parte del gobierno estatal violó las leyes de Deuda Pública y de Disciplina Financiera, debido a que los recursos de un crédito de 200 millones de pesos no fueron destinados para lo establecido en el Decreto 617 del Congreso del Estado, denunció el diputado panista Francisco Rodríguez García, presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado.

Señaló que el crédito fue autorizado para comprar reserva territorial e infraestructura social y productiva, no para “donar” los recursos a la Secretaría de la Defensa Nacional y que ésta a su vez entregara el inmueble al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) y éste lo donara al gobierno estatal.

“Esa triangulación de recursos no fue lo que avaló la anterior legislatura”, dijo el legislador, por lo que “todo ello debe tener implicaciones de responsabilidad administrativa a quienes lo aplicaron, obviamente al gobernador del estado, el secretario general de Gobierno y el secretario de Finanzas, y podríamos valorar hasta qué punto participaría el de Administración”.

Después de la comparecencia del gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, ante el Congreso del Estado, donde básicamente repitió y amplió la información dada a conocer ayer en rueda de prensa, Rodríguez García declaró que la información entregada este día por el mandatario son las pruebas suficientes para decirle al Órgano Superior de Fiscalización Gubernamental (Osafig) que el dinero no fue destinado para lo que se dijo en el crédito, violando las leyes de Disciplina Financiera y Deuda Pública”.

Durante la comparecencia, Francisco Rodríguez cuestionó a Peralta Sánchez en qué parte del contrato de donación dice que se pagaron los 200 millones de pesos, pues “tenemos una aprobación de deuda para un concepto específico, y el tema es si realmente se apegó el gobierno del estado a dicho decreto”.

En su respuesta, el gobernador indicó que “no existe en el convenio de coordinación ninguna alusión a que se va a financiar de alguna forma o de otra”, pero “la necesidad de llevar a cabo esta operación, si bien es cierto es discutible y está sujeta a debate, puede atender a visiones subjetivas, lo que sí es cierto es que esto se debatió; el crédito lo autorizó el Congreso del Estado a través de una discusión legislativa, se aprobó para adquisición de reserva territorial; lo que yo hice fue enviar una iniciativa que se sometió a una discusión de esta soberanía, que se aprobó”.

Antes, aseguró que se cumplió el objetivo del crédito: “El crédito se destina para los fines que fue contraído. Ahí está ya el predio y una comisión autónoma está trabajando para decidir su destino, conforme al interés superior de la sociedad colimense”.

Recordó que el 11 de octubre de 2018, la Secretaría de Planeación y Finanzas (Seplafin) publicó la convocatoria a través de invitación por escrito a siete instituciones financieras para presentar ofertas de financiamiento hasta por 410 millones de pesos, cifra en la que se incluyeron otros proyectos.

Una vez realizado el análisis comparativo de las ofertas, el 8 de noviembre de 2018 la Seplafin emitió el fallo del proceso competitivo, en el cual adjudicó a Banobras el financiamiento por hasta 410 millones de pesos, al haber presentado la oferta de financiamiento con mejores condiciones de mercado, es decir, la oferta más barata. 

El gobernador sostuvo que todos los procesos del financiamiento, desde su autorización, contratación y registro han estado apegados a las disposiciones jurídicas aplicables.

En su reunión con los legisladores, el gobernador exhibió los recibos de pago que generó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el depósito de recursos que le hizo el Gobierno del Estado para adquirir el predio urbano de la antigua Zona Militar y reiteró que no existe ninguna operación fuera de lugar, con respecto a la operación de adquisición del predio urbano donde se ubicó la XX Zona Militar y, que con estos documentos probatorios se pone fin a las especulaciones.

Indicó que la recuperación del predio de la exzona militar es para beneficio de la ciudad, “no fue una ocurrencia personal, sino el resultado de un antiguo anhelo por reaprovechar de mejor forma el área, promoviendo la reubicación de los militares en un lugar más adecuado para el cumplimiento de sus funciones”.

Dijo que en algunos casos las carencias informativas lleven a conclusiones erróneas, pero también debe reconocerse que en otras ocasiones la obsesión por adjudicar al gobierno defectos de corrupción, que no tiene, llevan a emisiones de mensajes mal intencionados.

“Espero que en esta ocasión se trate de la primera hipótesis, pues de otra forma se dilapida mucho tiempo institucional en aclarar lo que ya era claro, con una simple revisión de los documentos disponibles o con una reflexión básica en torno a la información solicitada”, concluyó.

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