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El silencio ominoso del gobernador

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El lunes anterior, hace ya tres días, se publicó en este espacio informativo el notable reportaje de nuestra compañera Heidi de León Gutiérrez, quien con su investigación periodística mostró cómo el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, pidió un crédito para comprar las antiguas instalaciones de la XX Zona Militar en 200 millones de pesos, cuando en realidad ese inmueble fue donado a título gratuito por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al gobierno estatal.

A pesar de que se dio a conocer esta situación que genera dudas, y de que diversos actores políticos han reaccionado al respecto pidiendo que el gobernador dé cuentas sobre esa situación, el gobernador ha guardado un silencio inexplicable en el contexto de una sociedad que aspira a ser democrática, pues lo menos a que están obligadas las autoridades es a ofrecer explicaciones claras de sus actos.

La documentación que da sustento a la investigación periodística es contundente: se trata de las respuestas de la Sedena y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), quienes señalan que la entrega de las antiguas instalaciones de la XX Zona Militar ubicadas en la calzada Galván de Colima se realizó como donación, sin que el gobierno estatal pagara alguna cantidad en efectivo ni en especie.

Estas respuestas se contraponen con la solicitud del crédito del 27 de septiembre de 2018, con el argumento de que 200 millones de pesos de ese empréstito se utilizarían para adquirir infraestructura urbana, y posteriormente el propio gobernador declararía que se trataba del inmueble militar.

Frente al llamativo silencio del mandatario estatal —a quien parecen no importarle las publicaciones que realizan los medios de comunicación en el uso de su libertad de expresión—, resulta fundamental la aprobación del Congreso del Estado de un punto de acuerdo para citar a Peralta a comparecer, con el propósito de que explique lo ocurrido con esos 200 millones de pesos.

Por lo anterior, lo que no quiso explicar en un primer momento, el gobernador tendrá que aclararlo frente a los diputados, en una reunión en la que seguramente será fuertemente cuestionado.

En las circunstancias actuales, los ciudadanos necesitan gobernantes y representantes populares que actúen en casa de cristal, que con la mayor transparencia den cuenta de todos sus actos y, en caso de transgredir las leyes, se sometan a los dictados de ésta, como debe ocurrir en todo Estado de Derecho.

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