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Vislumbres. ¿Regalo para el primero de mayo?

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1 de mayo de 2019.

Escrito por: Abelardo Ahumada

La semana pasada comenté aquí que el gobierno de Enrique Peña Nieto no procesó a Elba Esther Gordillo como debía hacerlo, “porque sabían que si la acusaban con toda la formalidad del caso se le iban a echar encima todos los demás líderes corruptos de los sindicatos oficialistas que existen en México, en la medida de que todos pecan del mismo mal: el de usar y abusar, a su más grato antojo y sin rendir cuentas a nadie, de las cuotas que el mismo gobierno federal les retiene cada quincena a los trabajadores para trasladarlas a las cuentas de sus líderes”.

Y hoy lo vuelvo a mencionar porque este lunes 29 de abril, sin hacer ninguna alharaca, y como si fuera un regalo anticipado para los trabajadores en este 1° de Mayo, el Senado de la República aprobó una nueva reforma laboral que, entre otras interesantes novedades, contempla la idea de los trabajadores se afilien libremente o no, a los sindicatos ya establecidos tanto en las empresas particulares como en las diversas instancias de los tres niveles de gobierno. Todo esto junto con la idea, consecuente con la anterior, de que los dichos trabajadores elijan con similar libertad a sus líderes sindicales. Estableciendo además que las cuotas que aquéllos aportan a los sindicatos deberán ser “voluntarias y no obligatorias” y que los patrones (sean particulares o directivos gubernamentales) no podrán descontarlas directamente de las nóminas para entregárselas a las directivas sindicales, como ha venido sucediendo hasta hoy. 

Hablando sobre esto mismo, el presidente AMLO declaró: “Se establece la democracia sindical, el voto libre y secreto, el que se consulte siempre a los trabajadores, que no hagan acuerdos los líderes a [sus] espaldas […] para que así defiendan los derechos que tienen” sus representados.

Y si nosotros sabemos leer e interpretar bien las cosas, todas estas nuevas disposiciones laborales no serán bien recibidas por las dirigencias sindicales por la sencilla razón de que les restarán poder, y porque les impedirán seguir haciendo negociaciones favorables a su propio interés. Pero lo más grave para todos ellos será que ni las presidencias municipales, ni los gobiernos estatales, ni las oficinas del gobierno federal, ni las administraciones de las empresas particulares estarán obligadas a retener las cuotas sindicales de los trabajadores y los dejarán libres para aportar o no lo que les pudiese corresponder en sus respectivos sindicatos.

Hasta ahorita no me ha tocado ver ninguna reacción sindical en ese sentido, pero ¿se imagina, usted, lector, qué podría pasar con cualquier sindicato en el momento de que, aplicando esta nueva reglamentación, el patrón ya no le entregue las sumas quincenales o mensuales que por costumbre, comodidad y viejos acuerdos les solían entregar puntualmente, tras retenérselas “a la brava” a los trabajadores? ¿Se imaginan a los líderes de los sindicatos de cualquier empresa u oficina de gobierno demandando el pago puntual y en efectivo de las cuotas sindicales a cada trabajador en un contexto en que tanto la afiliación como el pago de las cuotas sean libres?

Así, pues, si no se han visto aún las reacciones de los sindicatos en ese sentido, advierto que no tardarán más de media semana para comenzar. Aunque ya es muy claro que, en otra línea de pensamiento, hay quienes están afirmando que dicha reforma “fue impuesta desde Washington”. Y para ello se basan en la declaración que este mismo lunes dio del presidente López, señalando que, con la promulgación de dicha reforma, se cumple el compromiso que se hizo con el gobierno de Estados Unidos para firmar y ratificar el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá” (T-MEC por sus siglas en inglés): “Nosotros estamos cumpliendo y queremos ese tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá”.

ALGUNAS IMPLICACIONES DE LA REFORMA LABORAL. –

Viendo las cosas con una perspectiva que contemple los resultados de esta reforma muchísimo más allá de las fronteras mexicanas, hemos de recordar que, desde principios de 1993, cuando se estaban iniciando apenas las negociaciones que dieron origen al Tratado Trilateral de Libre Comercio entre los Estados Unidos, México y Canadá (que entró en vigor el 1° de enero de 1994), se habló mucho de las “asimetrías” o diferencias macroeconómicas que reflejaban en su cotidianidad los tres países que pretendían asociarse. Y que, ya desde en aquellos meses, se comenzó también a presionar al gobierno mexicano, encabezado entonces por Carlos Salinas de Gortari, para que los trabajadores nacionales obtuvieran mejores salarios y alcanzaran un mejor nivel de vida, mientras que por su parte, el referido gobierno federal andaba “vendiendo a México” a los inversionistas de todo el mundo, ofreciéndoles como un estímulo para sus posibles inversiones el hecho de que en nuestro país existía “abundante mano de obra barata”, en comparación a la que tenían y ofrecían sus dos  posibles socios comerciales.

Muchos años después, ya cuando el candidato Donald Trump estaba realizando su propia campaña electoral, muchas veces declaró que en cuanto llegara él al poder presionaría al gobierno mexicano para que atendiera mejor su base trabajadora, e impidiera con eso la emigración de tantísimos paisanos hacia los Estados Unidos.

En este otro sentido, pues, tal vez no les falta razón a quienes afirman que “la nueva reforma laboral fue impuesta desde Washington”. Pero ¿qué importaría que así fuera si a cambio de ello mejoran las condiciones de vida de los trabajadores mexicanos?

Ahora, bien, una cosa es que se haya reformado una ley, y otra, que se aplique, porque como bien sabemos, en México pueden existir las mejores leyes, pero se violan siempre.

Supongamos, sin embargo, que los patrones y los trabajadores mexicanos poco a poco se vayan enterando de los contenidos que dicha reforma laboral ofrece, y que, poco a poco también, se vayan acostumbrando a sacar jugo de ellos. Mi previsión en ese rumbo de acciones, es que eso llevará a que, pian pianito igualmente, vayan desapareciendo los famosos contratos colectivos y sean suplidos por los contratos individuales, como actualmente sucede en las empresas pequeñas, en donde no hay suficiente personal como para que se integre en ellas un sindicato. Todo ello con el peligro, tal vez, de que los trabajadores queden desprotegidos frente a los abusos patronales, pero con la ventaja, igual, de que puedan plantear sus expectativas salariales desde el momento mismo en que negocien con la empresa su entrada a laborar. 

LA DESAPARICIÓN DE LAS “EVALUACIONES PUNITIVAS”. –

Transitando por un camino hasta cierto punto paralelo con el de la reforma laboral que comentamos, estuvieron realizándose también los análisis y las discusiones sobre la derogación de la reforma educativa promulgada en tiempos de Enrique Peña Nieto, y la que pretendía implantar, como compromiso de campaña, nuestro actual presidente, a quien en los pasados días acusaron de estar actuando como un dictador, porque el 14 de abril emitió un memorándum a los secretarios de Hacienda, Gobernación y Educación, en el sentido de dejar nulos los dictámenes sobre la reforma educativa de 2013.

Una vez que transcurrió el escándalo que dicho memorándum provocó entre las mentes calenturientas y los corazones encorajinados de quienes todavía se duelen por los resultados de las elecciones de julio de 2018, hubo jueces que desestimaron los amparos promovidos por los quejosos, al considerar que el contenido del memorándum aludido no violenta la Constitución ni contraviene las órdenes que un presidente de la república pueda dar a su equipo de trabajo, ya que, aparte de ser un documento interno (que intencionalmente AMLO hizo público), las instrucciones que contenía sólo habrían de aplicarse “mientras que en el Congreso” no se resolviera el asunto de la derogación “de la mal llamada reforma educativa” impulsada por su antecesor.

Y en ese tenor, son de llamar la atención tres disposiciones contenidas en dicho memorándum, por cuanto que implican una parte medular de la reforma que estaba en curso: que, la SEP, por ejemplo, “administrará las plazas magisteriales y garantizará la contratación de egresados de las escuelas normales”; que la Secretaría de Hacienda “se encargará de administrar la nómina magisterial para evitar que haya aviadores y cualquier otra forma de corrupción”, y que la de Gobernación habrá de revisar los casos de “los profesores y los luchadores sociales que hayan sido injustamente encarcelados por haberse manifestado en contra” de la reforma de EPN.

Hoy, la Cámara de Diputados ya aprobó también los contenidos de la nueva reforma educativa y sólo se espera que el Senado ratifique lo aprobado, pero entre todo el barullo que al respecto se levantó, es claro también que mucho de lo que había quedado inserto en la reforma del 2013 quedará intacto, o sólo con ligeras modificaciones, puesto que, por ejemplo, aunque desaparecerá el INE (Instituto Nacional de Evaluación), la SEP se reservará el derecho de evaluar diagnósticamente a los profesores y de promover su capacitación cuando los halle deficientes en alguna materia en vez de nada más quitarles sus plazas. Porque la SEP, asimismo, será quien otorgue los puestos de trabajo y no el SNTE ni la CNTE, como parecía ser, sobre todo, la aspiración de los líderes de esta última instancia sindical.

A mí me tocó escuchar antier, como seguramente les tocó también a muchísimos paisanos, la entrevista tripartita que sostuvo Carlos Loret de Mola con los coordinadores parlamentarios de las tres bancadas más grandes que hay en la Cámara de Diputados y, de conformidad con lo que cada uno de ellos declaró y aclaró, todos están convencidos de: Uno, que no se derogó la totalidad del contenido de la reforma educativa planteado por la reforma de 2013. Dos, que se conservó todo lo que más servía. Tres, que se dejó de lado el aspecto punitivo que aquélla tenía y… Cuatro, que, en su conjunto, aun cuando no todo lo que se aprobó es lo que se hubiese podido desear, fue lo mejor que se pudo acordar. Y ése, sin ninguna duda, es otro mérito que se puede atribuir al insistente AMLO.

LOS SEIS MESES CON MÁS VIOLENCIA. –

Algunos de los principales detractores del nuevo gobierno acusan al nuevo presidente de que, desde que tomó posesión a la fecha,” éste ha sido el semestre más violento y sangriento” en lo que va del siglo, y lo acusan de no estar dando ningún resultado sobre ese problema. En la contraparte, quienes lo defienden afirman que, si bien es cierto que la violencia persiste y se ha incrementado, su crecimiento y su persistencia tienen que ver con la permisividad con la que en algunos aspectos actuaron al menos los tres gobiernos anteriores. Poniendo como ejemplo el huachicoleo, contra el que AMLO ha combatido ofreciendo notables resultados.

Pero dentro de este contexto de dimes y diretes hay algo que es definitivo y claro: que la responsabilidad es hoy del presidente López Obrador; que un problema de semejante tamaño no se soluciona al cabo de seis meses, y que cuando finalmente la recién creada Guardia Nacional entre en operaciones, deberá dar resultados también. Pero que para ello deberán involucrarse todos los gobernadores de los estados y todos los presidentes municipales, cada uno en el ámbito de su labor, si no quieren ser cómplices de impunidad por lo que suceda en sus respectivos terruños. Y que lo mismo tendremos que hacer todos los individuos que conformamos el grueso de la sociedad para aportar, cada quien desde su campo de acción, la ayuda o la información que pueda. Pues el gobierno por sí solo no puede con todo y, porque ninguno de nosotros debe dejar de lado la parte de responsabilidad que a cada cual le toca.

LA GRAN VACILADA. –

Volviendo al tema de la nueva reforma educativa hay algo que de inmediato saltó a mi vista como una mancha sucia en una ropa limpia: me refiero a que según una nota que leí ayer en la mañana, dicha reforma pretendería implantar la educación superior gratuita y obligatoria.

Si tal pretensión fuese cierta, lo primero que tendríamos que preguntar es: ¿obligatoria para quién? ¿Para que el estado obligatoriamente la brinde? O ¿para que los jóvenes mexicanos obligatoriamente acudan a recibirla?

Si fuese lo primero, ¿con qué recursos, con qué personal y con qué instalaciones y materiales se podría brindar? Y si fuese lo segundo, para cualquier profesor ya experimentado es obvio que no todos los seres humanos tienen ni la disposición, ni la capacidad para realizar estudios superiores, ni aun contando con los recursos económicos necesarios. 

Pero mientras no se precise o aclare completamente esta pretensión, para mí no pasa de ser una gran vacilada.

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