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En API continúa la investigación por presunto tráfico de influencias a favor de empresa de parientes del gobernador

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Fotografía tomada del portal https://www.puertomanzanillo.com.mx
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Colima, México, Avanzada (27/02/2019).- La investigación por presuntos tráfico de influencias en la Administración Portuaria Integral (API) en Manzanillo a favor de la empresa Logística de Fluidos y Graneles S.A de C.V, en la cual están involucrados parientes del gobernador de Colima, sigue en proceso en la PGR y en la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Lo anterior fue informado por la gerencia Jurídica de la API en el puerto colimense, a través de una solicitud de Transparencia que se presentó para conocer el contenido del contrato que firmó, el entonces director de la API en Manzanillo, Ovidio Noval Nicolau, con los representantes de la empresa Logística de Fluidos y Graneles para la construcción de una terminal de almacenamiento de hidrocarburos.
El pasado 20 de febrero, la Unidad de Transparencia respondió a la solicitud, con folio 091790001219 y en este documento se menciona que el área jurídica de la API les notificó que la información solicitada se encuentra reservada por formar parte de un juicio que no ha concluido.
“Al revelar esta información podría vulnerar la conducción de este procedimiento que actualmente se encuentra activo, debido a que no se ha dictado resolución que ponga fin al mismo”, señala la respuesta otorgada a través de la Unidad de Transparencia.
El pasado 15 de octubre de 2018, Román Pablo Rangel Pinedo, titular del Órgano de Control Interno en la API Manzanillo denunció ante la ASF, que el director general de la API en Manzanillo, Ovidio Noval (fue removido del cargo el pasado 22 de enero) y servidores públicos de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, incurrieron en presuntas irregularidades administrativas al otorgar un contrato a través de la adjudicación directa a la empresa Logística de Fluidos y Graneles S.A de C.V, de la cual son socios, Patricia y Héctor Sánchez Espinosa, primos hermanos del gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez, así como Jesús Ramón y José Joaquín Álamo Navarro y Alexandros Sklavenitis Skliru.
La concesión le permitiría a la empresa, “construir y operar una Terminal Portuaria Especializada para carga, descarga, manejo, almacenaje, alijo, estiba y acarreo de fluidos de cualquier tipo granel, agrícola, fertilizante, y carbón por una vigencia de 20 años y la posibilidad de que se prorrogue, siempre que no exceda la vigencia de la Concesión.
Sin embargo, el encargado del OIC señaló que en el contrato que se firmó, existen varias irregularidades graves, por lo tanto, inició una investigación y presentó las denuncias correspondientes ante la Secretaría de la Función Pública.

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