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El peligro de ser mujer en Colima

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Editorial.
El 3 de abril de 2018, un hombre asesinó a su esposa en el municipio de Tecomán; una historia similar se repitió el 2 de noviembre en la colonia Las Palmas en Colima. Las dos historias anteriores, podrían pasar como casos aislados sino fuera porque el 19 de febrero de 2017, un policía de Tecomán acribilló a su cónyuge al interior de su vivienda. Además, porque el pasado 7 de noviembre una mujer fue asesinada en la calle Agustín George Montes, en su casa, en Coquimatlán. Tres días después, una más fue degollada y su cuerpo desangrado se localizó cerca de la Termoeléctrica, en Manzanillo.
La lista es larga, larguísima, en un estado donde asesinar, golpear, en fin, violentar a las mujeres es práctica consuetudinaria, sin que los organismos oficiales muestren interés y, por ende, presenten acciones para disminuir los alarmantes índices.
En el estado no existen garantías para que las niñas y las mujeres puedan transitar seguras en el espacio público y tampoco en el privado.
A las autoridades, y los representantes populares no les incomoda contar a las asesinadas, agredidas, violentadas. Han optado por la simulación para atender la emergencia y se han convertido en cómplices al guardar silencio ante un problema que debe ocuparnos a todos.
Cuando se revisan las estadísticas, es obligatorio cuestionarnos ¿qué se hace en la entidad para frenar la violencia contra las mujeres? La respuesta es nada, por lo menos nada que realmente impacte: no existen políticas públicas claras en materia de género, no hay rendición de cuentas, seguimiento para saber si las acciones están funcionando y por lo tanto, los feminicidios y las agresiones van a la alza.
Seguramente los informes del gobierno del Estado o del Instituto Colimense de la Mujer (ICM) mostrarán que se realizaron cursos, ferias, y hasta se diseñaron juegos para erradicar este tipo de problema social, pero la realidad es que esas acciones sólo han servido para ocultar la ineficacia del gobernador, alcaldes, diputados, y la directora del ICM. Han frivolizado la Alerta de Violencia de Género.
Es claro que a las mujeres se les agrede o asesina porque la autoridad lo ha permitido, es decir, la violencia se recrudece frente a los ojos de un gobierno omiso que se niega a asumir su responsabilidad. El mensaje, crudo y directo, que envía el gobierno es: aquí se puede golpear, violentar o asesinar a una mujer, sin que existan consecuencias.
El secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señaló que en el 2018, Colima obtuvo la tasa más alta de feminicidio en el país por cada 100 mil habitantes. Lo anterior pese al sub registro de casos que realiza la Fiscalía General del Estado.
Es inconcebible que la directora del ICM, Mariana Martínez, una mujer que viene de abrir brecha en la protección de las mujeres en el ámbito jurídico, se haya convertido en una simple figura decorativa y convalide la negligencia para atender el tema. Se esperaba más de su actuación.
En contraste con las omisiones del gobierno estatal, las organizaciones civiles, como en el resto del país, han tomado un papel fundamental en el tema. Sin ellas, la violencia contra las mujeres pasaría desapercibida, sería un tema olvidado, en un estado donde se tolera y se oculta la realidad de lo que sucede.

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