Rafael Gutiérrez obtiene amparo y libra una sanción impuesta por el Congreso de Colima

Rafael Gutiérrez Villalobos en la portada de la Revista DOS8.
Rafael Gutiérrez Villalobos en la portada de la Revista DOS8.

Colima, México, Avanzada (14/01/2019).- El Juzgado Segundo de Distrito con sede en Colima dejó sin efecto la inhabilitación por cinco años para ocupar cargos públicos que el Congreso del Estado de Colima impuso al ex secretario general de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos por la contratación de un crédito de 638 millones de pesos durante el sexenio de Mario Anguiano Moreno. 

En la página de la judicatura federal se señala que el pasado 31 de diciembre, el juzgado de distrito le otorgó un amparo al ex funcionario en contra de la sanción impuesta por el Poder Legislativo porque éste faltó al principio de congruencia y por lo tanto violentó los derechos humanos de Gutiérrez Villalobos. En su resolución el juzgado dejó insubsistente la sanción impuesta a Rafael Gutiérrez Villalobos en el decreto 613, aprobado por los tribunos colimenses el 27 de septiembre. 

Con fecha 6 de noviembre de 2017, Rafael Gutiérrez Villalobos presentó un juicio de amparo para combatir la inhabilitación por cinco años para ocupar cargos públicos. La sanción fue impuesta debido a que los diputados locales consideraron que Gutiérrez Villalobos, junto con otros funcionarios, presentó información falsa al Congreso del Estado, para lograr la contratación de un crédito por 638 millones de pesos. 

Sin embargo, el resolutivo del Juzgado Segundo de Distrito se explica que en el propio decreto de sanción se menciona el trabajo realizado por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), en la auditoría excepcional practicada a la contratación del citado crédito, contiene una serie de inconsistencias, errores y deficiencias respecto a las imputaciones que hace a Gutiérrez Villalobos. 

El Juzgado insiste que en el propio decreto, el órgano fiscalizador “no precisa en forma concreta la conducta imputable ni el motivo por el cual pretende sancionarlo”. Además, no “motiva ni fundamenta la causa y el monto de los daños y perjuicios que supuestamente se generaron a la hacienda pública estatal, con la conducta imputada; y no especifica concretamente cuáles montos se hayan destinado para inversiones supuestamente no autorizadas por la ley”. 

El Juzgado Segundo de Distrito también recuerda que en el decreto 613 se mencionaba que “el cargo que ostentaba el servidor público (Rafael Gutiérrez) no resulta ser el responsable directo del manejo y control de las finanzas públicas del estado; por lo que, no es posible imponer sanción al observado”. 

Refiere que pese a ello, los diputados impusieron al quejoso inhabilitación por cinco años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público municipal o estatal”. “Por lo tanto resulta inconcuso (indudable) que el Decreto reclamado es violatorio de los derechos humanos consagrados en los artículos 14, 16 y 17, constitucionales, porque la autoridad responsable, al resolver en el sentido que lo hizo, falta al principio de congruencia que debe prevalecer en toda resolución”.

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