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Ley de Austeridad: ¿aplicación o simulación?

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Escrito por: Federico López Ramírez

El Congreso de Colima aprobó con 21 votos a favor y una abstención la Ley de Austeridad para el Estado de Colima, con la que los diputados están eliminado los privilegios de los funcionarios y el abuso y derroche de los políticos. 

Desde mi punto de vista los son cuatro los punto más importantes que toca dicha ley: a) La prohibición para establecer o cubrir con recursos públicos haberes de retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión, además la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación, individuales o colectivos, para beneficio de cualquier servidor público;  b) La creación de plazas adicionales a las autorizadas en los presupuestos, así como el incremento de sus percepciones, que quedarán sujetas a lo dispuesto en las leyes federales y estatales en materia de disciplina financiera; c) El gasto neto total ejercido anualmente en difusión de propaganda oficial por las dependencias del Ejecutivo se limitará a un máximo del 0.2% de su presupuesto; mientras que para los Poderes Judicial y Legislativo, municipios y órganos autónomos será de hasta el 4%; y d) Los fideicomisos, fondos, mandatos o análogos públicos o privados se apeguen estrictamente a las reglas de disciplina financiera, transparencia, rendición de cuentas y fiscalización del gasto, además de que no podrán ser reservados de forma secreta, entre otros.

Con esta disposición legislativa el Congreso del estado, con mayoría calificada, –con excepción de la diputada Lizeth Anaya Mejía que decidió apoyar el actual régimen de privilegios con su abstención- marca un hito en la historia de Colima, pues con  ello el gasto gubernamental será más racional y justo. Los diputados ya hicieron su tarea, y debemos de felicitarlos por ello, pues están respondiendo al reclamo de cientos de colimenses que queremos, ya, un uso eficientes de los recursos públicos y evitar, en lo posible, el despilfarro y derroche de los mismos por parte de los políticos en turno. Sólo les falta los más complicado: bajarse su salario y ajustar su presupuesto en consonancia con la ley aprobada y fiscalizar al Poder Ejecutivo. Todos esperamos que sean congruentes y consecuentes. 

El Periódico Oficial del Estado de Colima el pasado 21 de diciembre ya hizo pública la ley por tanto es una orden para el gobierno de Nacho Peralta.

José Ignacio Peralta Sánchez, como titular del Ejecutivo, tiene la obligación de acatarla e instrumentar en la práctica lo conducente. Lo  mismo obliga al Poder Judicial, presidentes municipales y titulares de los organismos autónomos.

En los próximos días y meses sabremos de qué están hechos los políticos colimenses. Los que tienen su origen en el: PRI, PAN, PRD y MC, tienen el reto de reivindicarse y ponerse altura de los tiempos, por su parte, quienes fueron postulados por Morena (tanto diputados como presidentes municipales y regidores) tienen mayor responsabilidad pues ellos lo plantearon como compromiso de campaña y lo deben convertir en política de Estado –por cierto los diputados deben ponerse al 100% las pilas y continuar en esta tendencia-. 

Nacho Peralta tiene hoy la mayor carga política y administrativa, pues él, próximamente tendrá que eliminar los regímenes especiales de los grupos corporativos y de presión que intentan mantener sus privilegios por encima de la ley. Ya públicamente algunos grupos corporativos están deslizando la versión que ellos mantendrán sus privilegios –pues según ellos- la ley de Pensiones les garantiza sus privilegios, y su próxima entrada en vigor los pone a salvo pues dicha ley –sostienen- está por encima de la ley de Austeridad por su orden de entrada en vigencia. Yo sostengo que no es así. En su artículo catorce la ley de Austeridad dice: -textual- “El incumplimiento o la elusión (las negritas son mías) de  las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento constituirán faltas administrativas, que serán sancionadas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.” Y en el  artículo tercero transitorio deroga todas las disposiciones que se le opongan.

Los grupos corporativos y  de presión existen para garantizar sus privilegios al margen de la ley y su razón de ser es el intercambio de favores políticos. Los sindicatos y los grupos de presión ya demostraron en la última elección que para ganar los comicios ya no son útiles, que esos pactos inmorales lastiman económica, social y políticamente a la sociedad. Su razón de ser ya caducó. Por el bien de los ciudadanos colimenses deben de eliminarse los pactos políticos que abusan de los recursos públicos. Debemos apostarle a una sociedad más justa. Nacho Peralta está obligado a aplicar la ley. Nacho debe de cancelar los pactos inmorales con los sindicatos y grupos de presión y ponerse del lado de los ciudadanos.

Entonces el dilema de Nacho Peralta es: continuar con el régimen de prebendas, dispendios, despilfarro o la aplicación de la ley.

El dilema de los diputados ya está resuelto, ellos le apostaron a racionalizar y emplear con justicia los recursos públicos, y al hacerlo, se pusieron del lado de los ciudadanos. Ceder no es opción.

¿De qué lado está Nacho Peralta? ¿Quiénes le seguirán apostando a la simulación?, pronto lo sabremos. En días, en meses, en años… y nos vemos en la próxima elección.

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