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EDITORIAL. ¿Impunidad en los negocios de Nacho?

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A lo largo del sexenio del exgobernador José Ignacio Peralta Sánchez fue pública y notoria la cantidad de negocios que realizó éste bajo el amparo del poder, con el presunto beneficio personal o de sus familiares, a los que podrían sumarse muchas transacciones más que pudo haber realizado en lo oscurito.

Sin embargo, a pesar de las evidencias, hasta ahora la gobernadora Indira Vizcaíno Silva no ha dado muestras de interés por investigar y promover la sanción del exmandatario, además de cancelar las concesiones derivadas de esas maniobras.

Una de las concesiones más escandalosas fue la del Parque Regional Metropolitano Griselda Álvarez, entregada a un empresario de zoológicos poco tiempo después de la llegada de Peralta Sánchez al gobierno estatal.

A pesar de las protestas que hubo en su momento, el gobierno estatal no dio marcha atrás en esa concesión entregada para el usufructo del parque a título gratuito, en condiciones muy ventajosas para el empresario, situación que hizo sospechar arreglos inconfesables con la administración de José Ignacio Peralta.

Años después de esa operación, el saldo ha sido desastroso, tanto por las denuncias por la presunta situación de maltrato y abandono que viven los animales, como por el estado de las instalaciones de lo que hoy se conoce como Ecoparc.

Otra de las concesiones sospechosas es la otorgada por el Ayuntamiento de Villa de Álvarez para un panteón privado promovido por Pedro Peralta Rivas, primo del exgobernador, proyecto que se benefició con una cantidad millonaria entregada por la autoridad municipal, con recursos provenientes precisamente de un préstamo del gobierno estatal.

También debe investigarse la situación del relleno sanitario que recibe los desechos de los cinco municipios adyacentes a la zona conurbada de la capital del estado: Colima, Villa de Álvarez, Comala, Cuauhtémoc y Coquimatlán, así como el estatus jurídico de la operación de las nuevas videocámaras para el C5i, dado que en esos casos también podría brotar podredumbre de corrupción.

Igual indagatoria amerita la sospechosa operación de compraventa de los terrenos de La Campana, adquiridos por la administración peraltista a presunto sobreprecio para favorecer a un excuñado de Carlos Salinas de Gortari, lo que pudo haber generado un jugoso moche de agradecimiento al ahora exmandatario.

En realidad, la nueva gobernadora morenista tiene muchos asuntos y cuentas con el pasado por esclarecer, por lo que es de esperarse que pronto actúe para la reversión de esas y todas las concesiones que sean descubiertas por haber sido otorgadas de manera irregular, así como el resto de negocios turbios.

Este es uno de los puntos más sensibles de la madeja de corrupción presuntamente tejida en el sexenio recién concluido y sobre el que debe aplicarse el nuevo gobierno para evitar que quede sin castigo. Si esto último se tolera, se fortalecerán las sospechas de la existencia de un pacto de impunidad entre Indira Vizcaíno y José Ignacio Peralta.

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