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En el Congreso Federal piden a ASF interponer denuncias por tráfico de influencias en API Manzanillo

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Colima, México, Avanzada (11/12/2018).- En la Cámara de Diputados se solicitó a la Secretaría de la Función Pública (ASF) a cargo de Irma Erendida Sandoval, a acelerar las investigaciones por presunto tráfico de influencias en la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo por entregar un contrato de cesión a la empresa Logísticas y Graneles SA de CV, en la cual están involucrados los parientes del gobernador de Colima, Ignacio Peralta Sánchez.

Además se pidió que dichas investigaciones deslinden responsabilidades, y en caso de que la ASF determine que existe la comisión de un posible delito, interponga las denuncias penales ante la PGR.
El exhorto a la ASF lo impulsó el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval Arenas, aunque fueron los legisladores de ese mismo partido, Benjamín Robles Montoya, y Maribel Martínez Ruiz, los que presentaron el punto de acuerdo.
En el documento avalado en la Cámara federal, se menciona que es urgente que la PGR investigue el caso, “por hechos probablemente constitutivos de delitos que se desprendan por las investigaciones”.
Además, expone que en días pasados se dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga un presunto caso de corrupción que habría sido cometido por funcionarios de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, SA de CV (API), relativo a la asignación irregular de un contrato de cesión de derechos en favor de la empresa Logística de Fluidos y Graneles.
Puntualiza que los funcionarios de la API involucrados en el asunto, son el director general adjunto de la API, Ovidio Noval Nicolau; el director adjunto de Proyectos Prioritarios Marítimo-Portuarios, Ricardo Martínez Suárez; así como el director general de Puertos de la SCT, Alejandro Hernández Cervantes.
El documento, disponible en el Sistema de Información Legislativa, refiere que el Órgano Interno de Control de la API de Manzanillo dio cuenta al Órgano Interno de Control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de que la asignación directa APIMAN01-035/18 no cumplió con los requisitos legales.
Dicho contrato concede los derechos de una superficie de agua de 159 mil metros cuadrados, para la construcción y operación de una terminal portuaria para carga, descarga, manejo, almacenaje, alijo, estiba y acarreo de fluidos de cualquier tipo, sea granel agrícola, fertilizantes y carbón por 20 años con posibilidad de prórroga.
El exhorto a la ASF menciona que el pasado 7 de septiembre se celebró reunión del Consejo de Administración de la API, durante la cual los funcionarios implicados intentaron que dicho Consejo aprobara la referida asignación directa, lo que no ocurrió en virtud de que, tanto el titular del Órgano Interno de Control como los miembros del Consejo, se percataron que la asignación no se encontraba apegada a la normatividad, ya que presentaba imprecisiones en su contenido y redacción, así como en la documentación exhibida.
“A pesar de ello, los funcionarios de la API involucrados suscribieron el contrato de cesión de derechos y le dieron trámite. Ante tal situación, el Órgano Interno de Control de la API dio inicio a una investigación y determinó que existían irregularidades en la asignación directa en cuestión, por cual notificó a su homóloga en la SCT y se presentó la denuncia correspondiente ante la SFP, que ya investiga los hechos”.
El punto de acuerdo fue presentado el pasado 28 de noviembre.

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