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El gobierno reconoce que realiza espionaje telefónico

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Colima, México, Avanzada (12/10/2021).- Las nuevas disposiciones legales en materia de transparencia obligaron a las autoridades a reconocer, después de muchos años, que realizan espionaje telefónico.

En la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en los dos primeros trimestres de 2021, la Fiscalía General del Estado (FGE) confiesa que dentro de su labor ha solicitado acceso a registro de comunicaciones, a través de la Vice Fiscalía de Procedimientos Penales.

“En el periodo señalado —dice—, esta Fiscalía General del Estado ha realizado solicitudes de acceso al registro de comunicaciones, no obstante, las investigaciones penales se encuentran en curso. De tal forma, y atento a lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el Titulo quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, una vez que haya concluido la misma, se pondrá a disposición del público”.

En atención a lo expuesto anteriormente, la sociedad colimense tendría que esperar que en el momento que concluyan las investigaciones y se cierren los casos, se conozcan las versiones públicas de los expedientes sobre las personas a quiénes se sometió a espionaje, así como las justificaciones jurídicas.

Sin embargo, por evidencias existentes nos damos cuenta de que cualquier persona puede ser víctima de esas prácticas a las que, en primera instancia, se les trata de legitimar señalando que la intercepción de comunicaciones telefónicas está dirigida exclusivamente al combate a la delincuencia.

Durante las últimas dos décadas han brotado casos en los que sin duda hubo espionaje telefónico contra personajes de la vida política, cuya difusión no escondió el interés de generar un golpeteo entre grupos de poder.

Está el caso del propio exgobernador Fernando Moreno Peña, quien en una ocasión fue exhibido en una conversación telefónica de índole privada, difundida en un espacio radiofónico de la entidad.

Igual ocurrió con el panista Ramón Castañeda, cuando fue delegado de la Secretaría de Economía y posteriormente también con el panista Jorge Luis Preciado Rodríguez, a quien cuando era candidato a gobernador en 2015 le filtraron una conversación personal con su pareja, cuyo contenido generó un golpeteo político de carácter electoral.

Y éstos sólo son algunos casos que han trascendido públicamente, pero nadie podría negar que en los archivos gubernamentales secretos que todavía permanecen en la opacidad, tanto en Colima como en otros estados del país, hay testimonios de la práctica del espionaje telefónico, igual como ha surgido con los archivos de la Dirección Federal de Seguridad en la Ciudad de México.

Históricamente se ha sabido siempre que quien tiene la posibilidad de acceder a las tecnologías de intercepción telefónica es el propio gobierno, que las utiliza contra sus adversarios políticos de su mismo partido, contra los opositores, los luchadores sociales, los periodistas y cualquier ciudadano o ciudadana que en un momento dado pueda representar una incomodidad para el aparato de poder.

En pocos años podremos corroborar si los mecanismos jurídicos de transparencia que ha construido México, y que han sido trasladados a las leyes de Colima, son capaces de desnudar las peores prácticas de espionaje que han desarrollado los gobiernos o si todo ello continuará oculto bajo el oprobioso manto de la opacidad.

*Imagen de portada, tomada de la red social de Facebook.

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