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Gobierno descontó mil MDP de cuotas a trabajadores pero no las entregó al IPECOL

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Colima, México, Avanzada (08/10/2021).- Hasta el pasado mes de diciembre, el Gobierno de Colima le adeudaba al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos (IPECOL) 932 millones de pesos por concepto de cuotas y aportaciones de los trabajadores.

Durante el 2020, la administración estatal manejó que el adeudo era de 300 millones de pesos y en el Congreso local, diputados de la anterior legislatura como Claudia Aguirre Luna señalaron que los pasivos rondaban los 600 millones, pero advirtieron que podrían ser mayores.

Sin embargo, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) reveló que el adeudo era de 932 millones 344 mil pesos y señaló que el saldo fue determinado de forma incierta “dado que los registros contables no son claros”.

En la observación F37-FS/20/20 de la Cuenta Pública del gobierno, el OSAFIG expuso que la deuda del gobierno con IPECOL se incrementó del ejercicio fiscal 2019 al ejercicio fiscal 2020 por 219 millones 862 mil 325 pesos, pero los pasivos totales son cercanos a los mil millones de pesos. 

Desde el año pasado tanto el gobernador, Ignacio Peralta Sánchez como el ex secretario de Finanzas y ahora diputado local del PRI, Carlos Arturo Noriega García fueron denunciados penalmente ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción por no entregar al Instituto de Pensiones, las cuotas que les descuentan a los trabajadores.

Por la complicada situación financiera del estado, el pasado mes de julio, el gobernador, Ignacio Peralta Sánchez envió al Congreso del Estado una solicitud para desincorporar del patrimonio del gobierno el estacionamiento Constitución y el Rancho Buenos Aires para entregarlos al IPECOL como parte del adeudo que tiene con dicho organismo de pensiones.

No obstante, la propuesta no ha sido analizada por los integrantes del Poder Legislativo, debido a que la mayoría de los anteriores diputados consideraron que era inviable la desincorporación mientras la administración estatal no transparentara las finanzas y explicara en dónde se encuentra el dinero de los trabajadores. 

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