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EDITORIAL El crack de Nacho

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Anunciada por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez a finales de julio de 2021, tres meses antes del final de su administración, “el crack de Nacho” está generando una gran depresión económica en el estado, que durante el próximo mes podría extenderse todavía más.

Tras el anuncio realizado por el mandatario en el sentido de que su gobierno se quedó sin dinero para pagar el sueldo de los trabajadores, los primeros afectados fueron precisamente éstos, pero a ellos se sumaron los maestros estatales de la Sección 39, los jubilados y pensionados, así como trabajadores de otros niveles de gobierno y poderes como Ayuntamientos, el Poder Judicial y organismos autónomos y descentralizados, para sumar más de 12 mil trabajadores que se encuentran en la incertidumbre económica.

A los anteriores, se añaden cerca de 4 mil trabajadores universitarios cuyo sueldo se encuentra en riesgo luego de que el gobierno estatal ha dejado de transferir 264 millones de pesos a la casa de estudios.

A pesar de que en agosto vino el presidente Andrés Manuel López Obrador y se comprometió a adelantar participaciones federales al gobierno estatal para garantizar el pago de los salarios, los recursos no han fluido con la temporalidad que se requieren y los trabajadores han padecido hasta doce o quince días de retraso en el pago de su salario, además de que a muchos de ellos se les han dejado de pagar prestaciones.

Esta situación ha provocado la inconformidad de los trabajadores, que han realizado múltiples paros y protestas, como es el caso de los policías estatales, los maestros, los trabajadores sindicalizados, los empleados del Poder Judicial, así como los jubilados y los pensionados.

En verdad, la “el crack de Nacho” se encuentra convertida en la peor recesión económica que se recuerde en el estado, que ha impactado con gran fuerza en un sector que constituye un motor de la economía colimense: el de los miles de trabajadores que con su sueldo sostienen a sus familias y con el consumo que realizan, a la vez, garantizan que haya circulante y liquidez en los demás sectores de la economía.

A Peralta Sánchez no le bastó con dejar al estado sumido en la peor crisis de inseguridad y violencia, sino que además, antes de irse, le asestó a la población un golpe económico del que será difícil recuperarse. Esas dos situaciones serían suficientes para someterlo a juicio político, con la posibilidad de ir en algunos aspectos al ámbito penal, y sancionarlo por los daños ocasionados a la sociedad colimense.

Pero independientemente de las consecuencias administrativas y penales a las que pudiera hacerse acreedor el gobernador saliente, éste no podrá librarse del juicio de la historia, que seguramente recordará a su gobierno por haber sido el artífice de la mayor depresión económica en Colima.

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