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Desde 2017 se advirtió el desastre financiero que JIPS dejaría en su administración

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Colima, México, Avanzada (24/09/2021).- El sexenio del gobernador Ignacio Peralta Sánchez se caracterizó por no tener mayor oposición en el Congreso del Estado, donde doblegó a la mayoría de los opositores de la pasada y la actual legislatura, ni en las dirigencias de los partidos políticos; sin embargo, en el 2018, las entonces diputadas Martha Sosa Govea y Leticia Zepeda Mesina advirtieron sobre el posible desastre financiero en el que terminaría el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez, si éste no corregía los excesos presupuestales, pero sus voces no encontraron eco.

Los registros hemerográficos documentan que, tras la revisión de la Auditoría 2017 al Poder Ejecutivo (la segunda del gobierno de Peralta), la diputada Martha Sosa Govea denunció que la Cuenta Pública del Gobierno de Ignacio Peralta Sánchez se asemejaba a las que se presentaron en el gobierno de Mario Anguiano Moreno, quien fue inhabilitado para ocupar cargos públicos por 14 años y se le impuso una sanción económica de más de 500 millones de pesos, la cual no ha liquidado.

En el análisis que realizó la entonces diputada local, expuso que las observaciones detectadas por el OSAFIG al gobierno del Estado eran graves a pesar de que dicho órgano sólo auditó el 12 por ciento de los 16 mil 500 millones de pesos de ingresos de la administración peraltista.

La legisladora – quien estaba a unos meses de concluir su encargo como diputada local- puntualizó que en el informe del OSAFIG relacionado con la cuenta pública 2017, se advirtió que la Contraloría General no  implementó las estrategias, mecanismos y acciones en materia de control interno e hizo un llamado para que dicha dependencia cumpliera con su responsabilidad.

Entre las irregularidades que se encontraron y que evidenciaban la opacidad del gobierno de Ignacio Peralta en lo que era su segundo año al frente de la administración estatal, fueron compras a sobreprecio, pagos de viajes de trabajadores que estaban dados de baja, “desde ahí empieza la opacidad, la omisión para que los actos de corrupción se sigan dando” advirtió la legisladora Sosa Govea, quien terminó su responsabilidad como diputada local el 30 de septiembre de 2018.

Incluso, el 4 de septiembre de 2018 – 26 días antes de que terminara la legislatura- y ante el cúmulo de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al gobierno de Peralta, Sosa Govea solicitó al Congreso la comparecencia de la contralora de Gobierno, Águeda Catalina Solano Pérez (quien renunció al cargo el pasado 24 de junio) con la finalidad de que  la funcionaria estatal informara al Poder Legislativo sobre el avance de las investigaciones y las acciones que estaba implementando para aclarar el destino de los más de 500 millones de pesos, qué, según la ASF, el gobierno estatal había utilizado de forma irregular.

Dichas observaciones hechas por la Auditoría Superior eran independientes de las que había realizado el OSAFIG en la Cuenta Pública 2017.

La comparecencia se realizó, pero la contralora no dio respuestas a todas  las interrogantes planteadas, especialmente por la contadora Sosa Govea y se comprometió a enviar al Congreso del Estado la información que no pudo entregar durante la reunión, pero no lo hizo.

Hasta la fecha, el Gobierno de Ignacio Peralta Sánchez tiene observaciones pendientes por aclarar en la ASF por casi 5 mil millones de pesos.

No fue el único caso donde hubo advertencias sobre la opacidad con la que se conducía el gobierno actual. El 5 de junio de 2018, la entonces diputada única de Movimiento Ciudadano, Leticia Zepeda Mesina señaló que los informes financieros trimestrales del gobierno evidenciaban derroches, excesos y gastos superfluos.

En su momento declaró, “al Ejecutivo no le quedó claro el repudio de la gente al gobierno anterior por los excesos y los gastos superficiales. El gobernador actual sigue por la misma línea que su antecesor y eso es delicado”.

El 12 de febrero de 2019 y una vez que ya estaba en funciones la actual legislatura, el diputado panista, Francisco Rodríguez, también se sumó a las escasas voces que advertían los excesos del titular del Ejecutivo.

Reveló que el gobernador, Ignacio Peralta Sánchez había gastado en viajes de avión privado poco más de 42 millones de pesos y sostuvo que la mayoría de dicho viajes no habían tenido ninguna repercusión positiva para el pueblo de Colima.

El legislador impulsó que el Congreso disminuyera la partida de viáticos para el ejecutivo del estado, lo cual fue aprobado. También, se pronunció por enjuiciar políticamente al gobernador por haberle mentido al Congreso al utilizar 200 millones de pesos para simular la compra de la zona militar, cuando los terrenos fueron donados por la federación, pero la denuncia jamás la presentó.

Por su parte, la actual coordinadora de Morena, Claudia Aguirre Luna, denunció penalmente al mandatario estatal y al ex secretario de Finanzas, Carlos Noriega García por la construcción a sobreprecio del C5 y la retención de cuotas del IPECOL.

A PESAR DE LOS ANTECEDENTES, NO HUBO VIGILANCIA NI CONSECUENCIAS

Aunque el OSAFIG auditó las cuentas del Poder Ejecutivo y detectó –desde el 2018- diversas irregularidades, no ha presentado ninguna denuncia penal en contra del Gobierno de Ignacio Peralta Sánchez porque no han terminado de clasificar las gravedad de las irregularidades que detectaron al Poder Ejecutivo desde hace tres años.

Por su parte, el 7 de junio de 2020, en el Poder Legislativo, y a pesar de los antecedentes sobre el uso irregular de los recursos públicos por parte de la administración estatal, la mayoría de los actuales diputados locales le aprobaron al gobernador, Ignacio Peralta Sánchez un nuevo crédito bancario por 740 millones de pesos y el uso de éste aún se desconoce.

Asimismo y a escasos 8 días de que termine la actual legislatura, no existe ningún juicio político en contra del mandatario estatal; además, ninguno de los actuales diputados hizo un seguimiento puntual sobre las observaciones que el OSAFIG detectó al Poder Ejecutivo en los últimos dos años del gobierno de Ignacio Peralta Sánchez (la Cuenta Pública del último año se fiscalizará hasta el 2022).

Tampoco, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción –hizo posicionamientos sobre la situación financiera en el gobierno durante los años 2019 y 2020, aunque había señalamientos sobre la opacidad con la que se utilizaba el presupuesto estatal.

A tres años de las advertencias públicas, el gobierno de Peralta concluye no sólo con acusaciones de corrupción, también con la quiebra financiera del estado de Colima. 

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