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Gobernador oculta los resultados de las auditorías practicadas a su gobierno hasta 2024

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Colima, México, Avanzada (23/09/2021).- La Contraloría General– dependencia que forma parte de la estructura del Gobierno del Estado-  decidió ocultar por los próximos tres años, toda la información relacionada con las auditorías estatales y federales que se practicaron a la administración encabezada por el gobernador, Ignacio Peralta Sánchez.

Aunque desde el 2020 está vigente la acción de clasificar la información como reservada y con ello, evitar publicarla o entregarla a los ciudadanos que la soliciten, ahora cobra especial relevancia por la quiebra financiera en la que se encuentra el estado de Colima.

La decisión de no hacer pública la información sobre las auditorías, impide que los colimenses conozcan las advertencias o sugerencias que hizo dicha dependencia fiscalizadora para evitar el uso inadecuado de los recursos públicos, además de las acciones administrativas y legales que emprendió en contra de los funcionarios que incumplieron con la normatividad.

En el estado de Colima, la Contraloría general depende de la estructura del Gobierno del Estado e incluso, el titular de la misma es nombrado por el gobernador en turno. Es decir, que el actual mandatario, Ignacio Peralta Sánchez nombró como contralora a Águeda Catalina Solano Pérez, quien se desempeñó en el cargo desde el 12 de febrero de 2016 y hasta el pasado 24 de junio cuando presentó su renuncia.

En la página de transparencia del Gobierno del Estado se menciona que la Contraloría General decidió reservar y por lo tanto, no hacer públicos los resultados de las auditorías estatales y federales no concluidos, así como los procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de funcionarios involucrados.

Las personas interesadas en el tema, tampoco tendrá acceso a los expedientes o investigaciones que el propio órgano fiscalizador  promoviera en contra de funcionarios estatales, hasta el 2024, tres años después de que concluya el gobierno del actual mandatario, Ignacio Peralta Sánchez, quien enfrenta acusaciones por presuntos actos de corrupción.

En la página de trasparencia del Gobierno del Estado, se encuentra el apartado de información reservada por la administración estatal y en ella aparece la decisión de no hacer pública “la totalidad del contenido de los expedientes de auditorías internas y externas, federales o estatales no concluidas, así como los informes y dictámenes que de estos se desprendan”.

Tampoco se podrá informar sobre la totalidad del contenido de los procedimientos de investigación administrativa tramitados de conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, salvo que la información sea solicitada por las partes legitimadas.

También se clasificó como reservado, la totalidad del contenido de los procedimientos de responsabilidad administrativa tramitados de conformidad a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la totalidad del contenido de los procedimientos de responsabilidad administrativa tramitados.

Para reservar la información, la Contraloría argumentó que se busca proteger el debido proceso y no vulnerar los procedimientos administrativos. La decisión anterior cobra relevancia porque en la actualidad, el Gobierno del Estado no ha solventado las observaciones por 4 mil 500 millones de pesos de recursos federales que en el 2018 le fueron señaladas por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

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