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Diputados en Colima guardan silencio sobre operación SAFIRO

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Colima, México, Avanzada (29/11/2018).- Mientras que en Sonora y Chihuahua se investiga el presunto desvío de recursos públicos para favorecer las campañas del PRI a través de la operación “Safiro”, en Colima, el Congreso del Estado no ha hecho ningún posicionamiento público a pesar de que el Estado es uno de los involucrados en el tema.
De acuerdo a la investigación que realizó la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), En 2016, el Gobierno de Ignacio Peralta Sánchez, presuntamente, desvío 15 millones de pesos a cuatro empresas fantasma relacionadas con el PRI nacional.
Pese a los señalamientos, la investigación periodística realizada por MCCI, en Colima no ha generado ninguna reacción entre los tribunos colimenses, que pertenecen a partidos opositores al PRI y al gobernador, Ignacio Peralta Sánchez.
En Sonora, el diputado local Eduardo Urbina Lucero dijo que varios legisladores presentaron una denuncia ante la PGR por el presunto desvió de recursos por el orden de los 140 millones de pesos por parte del Gobierno de Sonora.
Mientras que en Durango, la Fiscalía reconoció el desvío que se realizó a empresas fantasmas por el orden de los 200 millones de pesos, los cuales provenían de fondos destinados para la seguridad. Incluso antes de que se publicara la investigación periodística titulada “Operación Safiro”, en dicho estado fueron arrestados, el pasado 1 de octubre, el exsecretario del Consejo de Seguridad de Durango, Juan Carlos Ascencio Pérez, y su administradora, Liliana Vázquez Morales.
En el caso de Colima, la investigación expone que el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez, el 26 de mayo de 2016 (tres meses después de haber asumido el cargo), realizó dos transferencias por 3 millones 163 mil 896 pesos a la cuenta 413881595 de Banorte, cuyo titular era la empresa SINNAX.
Ese mismo día, el gobierno colimense envió 2 millones 174 mil pesos a la cuenta 413881607 del mismo banco, a nombre de SISAS.
La primera empresa tiene como accionista a un ex policía del Edomex (detenido por robo) y la segunda a la hija del policía, con domicilio en una casa de la colonia San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco. Ambas firmas han sido señaladas por el SAT por operaciones simuladas.
La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción expone que del Gobierno de Colima, Novanight S.A. de C.V, recibió cuatro transferencias en marzo de 2016 en la cuenta 413881577 de Banorte, por 9 millones 803 mil pesos. La administradora de esta empresa es Sandibel Gallardo, pariente del policía, y residente en el barrio San Antonio Xahuento, en el municipio de Tultepec, estado de México.
La Operación Safiro, es el nombre que operadores del PRI asignaron a la forma para presuntamente desviar recursos para las campañas del Revolucionario Institucional en el 2016.
Dicha operación fue expuesta, en el 2017, por los periódicos: Reforma y The New York Times, cuando documentaron la pérdida de dinero público de varios estados, con la presunta complicidad del entonces titular de Hacienda, Luis Videgaray y el entonces dirigente del PRI, Manlio Fabio Beltrones.
Reportes periodísticos exponen que en diciembre de 2017 únicamente se mencionó a cuatro empresas fantasma, pero la reciente investigación elaborada por MCCI muestra que además de esas cuatro empresas, otras ocho recibieron transferencias de 36 millones de dólares de los gobiernos priistas de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México.
Ayer, el gobernador de Colima dijo que eran falsos los señalamientos en su contra. Por su parte, diputados federales de Movimiento Ciudadano presentaron una denuncia ante la PGR para que se investigue a los gobiernos señalados en “Operación Safiro”.

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