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Masacres, fosas, descuartizados, torturas… van 48 atrocidades este año en Colima

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Colima, México, Avanzada (13/09/2021).- En el periodo del 1 de enero al 31 de agosto, la organización Causa en común contabilizó 48 hechos considerados “atrocidades” cometidos en el estado de Colima, entre ellos masacres, descuartizamiento de cuerpos, fosas clandestinas, personas torturadas, asesinatos de niños o de mujeres con extrema crueldad.

De acuerdo con el informe dado a conocer por la organización, en los primeros ocho meses del presente año hubo en Colima cinco masacres, se localizaron diez fosas clandestinas, se registraron doce casos de cuerpos mutilados o descuartizados, ocho casos de tortura, cuatro asesinatos de niños o adolescentes, tres asesinatos de mujeres con extrema crueldad, dos casos de cuerpos calcinados, así como un asesinato de un defensor de los derechos humanos, un asesinato de una persona de grupos vulnerables, un funcionario de seguridad, entre otros.

A nivel nacional, Causa en Común registró un total 3 mil 655 atrocidades, mientras que los estados ubicados en los primeros lugares fueron Jalisco con un total de 297 casos, seguido por Chihuahua con 221, el estado de Michoacán en tercer lugar con 214, Veracruz en cuarto con 198, Sonora en quinto sitio con 182, Estado de México con 173 y Baja California en séptimo con 162.

Así también, en síntesis, de enero a agosto de 2021 las principales atrocidades registradas en medios periodísticos son: tortura (al menos 691 casos), mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres (al menos 567), fosas clandestinas (al menos 478), masacre (al menos 366) y asesinatos de mujeres con crueldad extrema (al menos 303).

Otras atrocidades que han destacado son: calcinamiento (al menos 283 casos), y el asesinato de niños y adolescentes (al menos 270). Los registros de atrocidades abarcan todo el país, concentrando el mayor número (al menos 1,358 casos) los estados de Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Michoacán y Veracruz. 

Los estados con el menor número de registros de atrocidades (al menos 87) fueron Coahuila, Durango, Yucatán, Baja California Sur y Aguascalientes. Al igual que con el resto de las entidades, habrá un número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas por la prensa.

El informe de Causa en común expone que ese trabajo apunta hacia historias que, acumuladas, presentan un mosaico de dolor y crueldad, que se esconde detrás de las cifras de incidencia delictiva.

“Muestra también que, lejos de la mitología sobre crimen organizado que prevalece en nuestra conversación pública, buena parte de estas atrocidades son perpetradas por personas que no forman parte de organizaciones criminales. Se trata de violencia criminal, sí, pero es, también, violencia familiar, violencia comunitaria y violencia social. En este sentido, el trabajo pretende iluminar los rasgos más oscuros de nuestra sociedad, y que nunca debemos ignorar. Al final del día, ése sería el propósito de este recuento: rescatar nuestra capacidad para conmovernos ante el cúmulo de horrores”.

Entre las propuestas, el informe plantea que cada ciudadano y cada comunidad tiene la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y al federal, al menos: a) reformas de cuerpos policiales y de fiscalías que atiendan insuficiencias como bajos sueldos, prestaciones incompletas, capacitación deficiente, y equipos e infraestructuras insuficientes; y b) la resolución de casos que han agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas.

Son indispensables las aproximaciones sociológicas que trasciendan los enfoques meramente policiacos, que permitan la comprensión de las realidades locales, y que contribuyan a la construcción de políticas de seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada comunidad y región del país.

Concluye que es evidente que la acumulación de violencias y atrocidades refleja patologías graves que presentan un reto social mayúsculo. A los enfoques policiales y sociológicos, deben sumarse enfoques psicológicos. Por ello, contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, deben éstos fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional.

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