Conecte con nosotros

GENERAL

EDITORIAL. El gobierno de Nacho naufraga entre la incapacidad y la corrupción

Publicado

el

Compartir:

Sin haber cumplido todavía tres años en el puesto de gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez ve hundirse su administración, que además de no contar con un rumbo fijo que dé certidumbre a los colimenses, se encuentra atrapada en medio de un mar de acusaciones de incapacidad, intolencia y corrupción.

Además de los escandalosos casos que han acompañado el periodo de su mandato (por ejemplo, los turbios manejos en la concesión del Parque Regional Metropolitano y la compra de los terrenos de La Campana) en las últimas semanas ha brotado una serie de presuntas irregularidades que deberían ser investigadas por la nueva legislatura local y, de ser comprobadas, tendrían que motivar sanciones ejemplares, entre las que no se descartaría la destitución del mandatario.

A tono con el ofrecimiento de Andrés Manuel López Obrador, que asumirá la Presidencia de la República en una semana, de ir a fondo en el combate a la corrupción, el Congreso de Colima —con mayoría de Morena y sus aliados— tiene la responsabilidad de no permitir la impunidad en los casos que se detecten de malos manejos en las instituciones públicas de la entidad.

Por lo tanto, es impostergable que se inicien las acciones para el inicio del juicio político al que debe ser sometido Peralta Sánchez, tal como se pronunciaron ya algunos de los diputados con mayor presencia en el Congreso, entre ellos Vladimir Parra Barragán, presidente de la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, y Francisco Rodríguez García, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

No hay que olvidar que las voces que se pronuncian por el juicio político no provienen únicamente del Congreso local, sino que también se sumó el presidente del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Infocol), Benjamín Luna Alatorre.

En realidad, son muchos los agravios que la actual administración estatal ha hecho a los colimenses, desde las ausencias frecuentes del gobernador, quien al parecer ha pretendido cumplir su trabajo por medio del teléfono celular, hasta el presunto tráfico de influencias para beneficiar a sus parientes y los manejos turbios del presupuesto de toda la población.

Uno de los casos recientes que llaman más la atención es el de los manejos en la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, donde una empresa de los primos del gobernador resultó favorecida con un contrato, en una operación que fue cuestionada por una serie de anomalías a su alrededor.

En otra situación detectada, el gobierno de Colima pagó 179 millones de pesos para la elaboración de un Proyecto Ejecutivo para el Complejo de Seguridad Judicial, sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no encontró dicho proyecto y tampoco ninguna evidencia que sustentara el pago.

Por otra parte, en 2016 el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez presuntamente desvió 15 millones de pesos a cuatro empresas fantasma relacionadas con el PRI nacional y los cuales se utilizaron para financiar las campañas electorales de ese año.

Esto se desprende de la investigación de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), quienes documentaron que en ese año 4 empresas y otras 8 vinculadas, recibieron transferencias equivalentes a 36 millones de dólares de los gobiernos priístas de Chihuahua, Durango, Sonora, Colima y Estado de México.

Por si lo anterior fuera poco, trascendió que desde la semana pasada trabajadores de la Auditoría Superior de la federación (ASF) se encuentran verificando en diversos planteles de educación básica en Colima, que los trabajadores de la educación asignados al Centro Escolar existan y cumplan con su jornada de trabajo.

De acuerdo con información publicada en este diario, proporcionada por directores de diversos planteles educativos, los auditores revisan los expedientes de los trabajadores adscritos al centro de trabajo, además, las firmas de asistencia y la presencia física del docente o trabajador administrativo.

Por si lo anterior fuera poco, la diputada de Morena Blanca Livier Rodríguez Osorio denunció que en el Centro de Salud de Minatitlán existe un desabasto de medicamentos del 80 por ciento, y está caducado el 20 por ciento que se encuentra disponible para la población.

El análisis de lo anterior revela que la situación en Colima es grave y se necesita una acción inmediata para corregir el rumbo, de lo contrario las cosas podrían alcanzar niveles indeseables al finalizar el sexenio.

Compartir:
Clic para comentar

Dejar un Comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Congreso del Estado

Ayuntamiento de manzanillo

universidad de colima

aires acondicionados de occidente

Atención

Agregados El Seis

Sainz Agencia de publicidad

Bordados

rincón del mar

Más leidas

Copyright © Diario Avanzada.