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EDITORIAL Periodismo bajo amenaza

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Las amenazas proferidas este lunes por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra la periodista Azucena Uresti, de Milenio Televisión, así como otros periodistas de Televisa y El Universal, y la advertencia contra los medios de comunicación en general, constituyen una extrema situación de riesgo para el periodismo mexicano, que, aunque no es algo nuevo, ahora se ve bajo un factor de presión abierta por parte del crimen organizado.

Esta situación motivó a un grupo de medios de comunicación mexicanos y organizaciones de defensa de la libertad de expresión a emplazar al gobierno federal a pronunciarse al respecto.

“Los grupos que lanzan esta amenaza saben que pueden hacerlo por la impunidad que gozan quienes durante décadas han intimidado a periodistas y medios de comunicación”, señalaron los medios firmantes del desplegado, quienes alertaron que amenazas como esas han sido el preámbulo para más ataques o amenazas contra periodistas, convirtiéndolas en virtuales zonas de silencio.

Los medios y las organizaciones demandaron a las autoridades salvaguardar la integridad física “de todos los compañeros comprometidos por estas expresiones delincuenciales, y exhortamos a echar a andar, con carácter de urgente, los mecanismos de protección que ampara la ley, de tal manera que se proteja a cada uno de ellos”.

Con la convicción de que “la transformación que se quiera dar en el país, no se puede lograr si la libertad de expresión está amenazada”, los firmantes recordaron que “México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo”, quienes suscribieron el pronunciamiento urgieron al gobierno federal a emitir un pronunciamiento para condenar los hechos y sancionar a quienes se expresan “con tanta soltura” en redes sociales.

Pidieron “una acción contundente por parte del Estado mexicano” para revertir esa situación de riesgo en que se ejerce el periodismo en el país, pues “son tiempos de garantizar la libertad de expresión y fortalecer la democracia en el país, no de debilitarnos con estigmatizaciones”.

Los firmantes del documento son Proceso, TV Azteca, El Universal, Organización Editorial Mexicana (OEM), El Heraldo, La Silla Rota, Publimetro, Animal Político, Debate, Grupo Milenio, Vanguardia, Servicio Especial de la Mujer (SEM México) y Eje Central, así como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación Mundial de Editores de Medios de Comunicación (WAN-IFRA, por sus siglas en inglés).

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó las amenazas realizadas en contra de la periodista Azucena Uresti, así como El Universal, Televisa y Milenio, “mismas que se relacionan con las investigaciones u opiniones que las y los comunicadores han manifestado en dichos medios”.

El organismo humanitario dijo que estará atento de las acciones que las instituciones encargadas de la procuración de justicia “habrán de ejercer, encaminadas a su investigación, con el fin de dar con los responsables, que no haya impunidad y, sobre todo, que se garantice la seguridad de las y los comunicadores y los medios amenazados”.

A juicio de la CNDH, la prevención de las agresiones contra periodistas, la investigación de los delitos cometidos en su contra y la sanción contra quienes cometen esos crímenes, constituyen eslabones clave para reducir la violencia contra periodistas y medios, tarea en la que los tres órdenes de gobierno de todo el país deben poner especial atención.

“Nuestra democracia depende, en gran medida, de que la libertad de expresión se ejerza de manera libre y en condiciones de seguridad. La libertad de expresión es un derecho fundamental que permite el desenvolvimiento de otros derechos. La tolerancia de quienes convivimos en este país, así como el respeto a la opinión de los demás constituyen elementos básicos para la consolidación de la sociedad democrática a la que todos aspiramos y estamos comprometidos en construir”.

La CNDH subrayó la necesidad de que las autoridades de los tres órdenes de gobierno propicien en el ámbito de sus competencias condiciones que permitan que los comunicadores ejerzan su profesión sin restricción alguna, al tiempo que condenó cualquier tipo de agresión al ejercicio del periodismo.

Por lo anterior, es necesario que toda la sociedad se involucre en la defensa de la libertad de expresión, porque éste es un derecho de todos y cuando un periodista o un medio es agredido, la agresión va directamente contra el derecho a la información de la sociedad.

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