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El supermartes

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Columna
El puercoespín 

A ocho mil familias de Colima las dejaron sin sustento a partir del día primero de agosto, así como alguien escucha y ve correr agua por el río. 

Al gobierno del estado, encabezado por el proyecto del Prian, (no olvidemos que en la última elección fueron juntos) y a los dirigentes sindicales charros los alcanzó el destino.

Los platos rotos los están pagando ocho mil familias que entraron en la incertidumbre financiera y se convirtieron en rehenes de la ineptitud y de los pactos  inmorales de los dirigentes charros de los sindicatos de burócratas del estado de Colima y de la sección 39 del Snte.

El pacto de complicidad que existió en Colima entre ambos sindicatos y el gobierno del estado desde hace mucho tiempo que se resquebrajó, pero los dirigentes y el gobierno del estado se cubrían el rostro con las manos para imaginar que tal cosa no estaba ocurriendo.

El martes crucial según San Nacho

El gobernador y los dirigentes le apuestan a una pronta y sencilla solución para el martes. Su apuesta se base en que el gobierno federal no será apático ni irresponsable y asumirá las obligaciones  que el gobierno estatal y los dirigentes sindicales no han querido admitir. 

Su idea básicamente consiste en: uno, que el gobierno federal aumente las participaciones al estado para cubrir salarios, pensiones, jubilaciones y pago a proveedores y; dos, que el gobierno federal adelante las participaciones al gobierno del estado y solucione el problema.

La premisa número uno es casi imposible que suceda pues el gobierno federal no está dispuesto a rescatar a ningún gobierno estatal que haya cometido excesos o desviaciones, además de ser un mal precedente para las demás entidades federativas.

La premisa número dos es más viables; sin embargo, su instrumentación es lo legal y políticamente complejo.

La segunda opción es compleja porque el gobierno estatal, encabezado por Nacho, está a tres meses de fenecer y para adelantar participaciones –las condiciones de su adelanto- se deberán éstas consensuar con el nuevo gobierno.

Mi opinión es que el gobierno federal va a convocar a las partes y las va a obligar a tomar acuerdos por el bien superior de mantener la estabilidad, gobernabilidad  y la paz social del estado. Todo lo anterior se logra con el pago de los salarios, pensiones y jubilaciones de las ocho mil familias que hoy se encuentran en estado de incertidumbre.

La gobernadora virtual dice que a ella no le corresponde, que si tienen tele ahí se ven, que a ella la busquen el primero de noviembre. 

Pues le guste o no tendrá que enfrentar el asunto porque a partir del uno de agosto legalmente inició el proceso de transición y ella debe entrarle y empezar a tomar decisiones de lo contrario alguien las tomará por ella, le guste o no. Y también, le guste o no, las decisiones que se tomen el martes en la Secretaría de Hacienda tendrán repercusiones en el próximo gobierno por entrar.

Sería una pésima señala para los colimenses y una peor decisión política no entrarle al asunto y después sobre los hechos consumados decirse engañada y excluida. No tiene opción o le entra o le entra. Por una sencilla razón, Hacienda y el desgobernador, con ella o sin ella van a resolver el problema. No olvidemos que lo que mal empieza mal acaba.

Negociar no es nada más el adelanto de las participaciones y ya, no. Adelantar las participaciones significa, en los hechos, que Nacho ya se fue y el nuevo gobierno debe entrarle a ejercer, le guste o no. Por ello, sería conveniente que el nuevo gobierno participe en los acuerdo para que vaya tomando el mando del gobierno y, los trabajadores y toda la población, tenga tranquilidad sin ver dañado su bienestar. Estar en la transición es ya gobernar.

Participar en la negociación qué podría implicar. Pues algo muy sencillo, construir un gobierno de transición y condiciones para la entrega del adelanto de las participaciones económicas federales. ¿En qué podría consistir ello?,  pues en algo muy simple, pero obligadamente necesario. El nuevo gobierno deberá nombrar –en forma adelantada-, como condición, a funcionarios clave, por ejemplo, secretario General de Gobierno, Seguridad Pública, Procurador y secretario de Finanzas.  Además se puede hacer un  acuerdo para que todos los mandos de primer, segundo y hasta tercer niveles salgan del actual gobierno para que el nuevo entre sin lastres ni gastos excesivos que el gobierno de Nacho tenía como norma. Los aviadores deben de irse ya por consenso y deben ser dados de baja en este proceso de transición.

Así de sencillo.

No involucrarse en la negociación, que se dará, significa que le impondrán, sin ser tomada en cuenta, con todas las consecuencias que ello implica, adelanto de participaciones por ejemplo. Además Implicaría entrar en una franca confrontación pero con medidas impuestas por el centro político que vendrían a afectar el arranque del nuevo gobierno en condiciones financieras precarias  -eso es un hecho insalvable -. Por otra parte tendría que fincar responsabilidades a todos y cada uno de los funcionarios responsables desde arriba hasta abajo, empezando con Nacho y terminando con el último jefe de departamento cómplice. Para entonces será traumático y con altas resistencias y disputas jurídicas al por mayor y sin dinero. Y finalmente, como dicen los chayoteros palaciegos,  a la espera que San Andrés le dé dinero para iniciar algún proyectito que le salve la honra. La no negociación terminará en lo mismo, pero más caro, políticamente hablando.

Los líderes sindicales

Tanto los líderes del sindicatos de los trabajadores al servicio del gobierno del estado y de la sección 39 del Snte deben irse. Su tiempo ya pasó, el corporativismo, hoy en día, es un anacronismo, por decir lo menos. Los líderes charros deben ser corridos por sus bases y reinventarse y renovar sus dirigencias sindicales que tan solo han vivido de los pactos inconfesables que tenían con el PRI. México transita hacia nuevos esquemas de organización sindical, política y democrática.

Los líderes sindicales deben irse porque ellos son gran parte del problema.

Algunas conclusiones

El gobierno federal no va permitir que ocho mil familias entren en zozobra y angustia por falta de sustento económico, eso está muy claro. Pero tampoco va ofrecer una solución sin costos políticos y jurídicos para algunos.

La transición debe hacerse transparente y sin berrinches, y sobre todo, sin jugar con las vidas de las ocho mil familias que dependen del gobierno del estado.

El no pago a los trabajadores del gobierno estado no es una casualidad sino el efecto de una pésima administración y de un problema mucho más grave y profundo; por lo tanto, debe haber consecuencias, pues de no haberlas estaríamos pensando que, el contubernio entre el gobierno saliente y el entrante, es mucho más fuerte de lo que se ve a simple vista.

Nacho debe terminar en la cárcel no hay de otra. De no suceder así el contubernio entre gobierno entrante y saliente marcarían los próximos seis años.

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