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Economista egresado de la Universidad de Essex declara en quiebra a su gobierno, culpa al Covid-19

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Editorial 

Durante sus primeros tres años de gobierno, la principal bandera y presunción del gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, era que estaba saneando la economía del gobierno estatal, destacando sus quejas en torno al desorden financiero que había recibido de su antecesor, Mario Anguiano Moreno.

Ahora que se encuentra a tres meses de dejar el poder, Peralta Sánchez encabeza tal vez la peor administración que se recuerde en el manejo de las finanzas, al grado de que a dos días de que concluya el mes de julio se vio obligado a salir públicamente a anunciar que su gobierno se encuentra en bancarrota y no tiene recursos para pagar esta quincena ni las próximas a los trabajadores, ni para transferir recursos para la nómina de otros organismos descentralizados.

Aunque el año pasado maniobró para que el Congreso del Estado le aprobara un crédito de 740 millones de pesos, de los que una parte tendrían que destinarse para atender necesidades derivadas del covid-19, ahora el mandatario no tuvo empacho en echarle la culpa, entre otras cosas, a la pandemia.

Argumentó que como consecuencia de la contingencia del coronavirus, a fin de año tuvo que pedir créditos de corto plazo para cubrir los aguinaldos, compromisos que ahora tuvo que cubrir porque la Ley de Disciplina Financiera obliga a los Estados a pagar la totalidad de créditos de corto plazo antes de la conclusión de su gobierno, por lo que el Gobierno del Estado ya los pagó y esto generó una presión financiera que impide el pago de nómina de la segunda quincena de julio.

“Es decir, mientras yo inicié el gobierno recibiendo una deuda de créditos a corto plazo por 638 millones de pesos, a mí la ley me obliga a no heredar deuda, el siguiente gobierno no recibirá este tipo de deudas que yo sí recibí”.

Se quejó de la Ley de Disciplina Financiera, a la que calificó como “una normativa que ahorca a los gobiernos salientes, pues los obliga a liquidar la totalidad de créditos a corto plazo e impide poder acceder al mercado crediticio”.

Y trató de curarse en salud, intentando atajar suspicacias y críticas por la deplorable situación económica en que se encuentra su gobierno: “Doy la cara para explicarles la situación, porque esta crisis no se deriva ni de malos manejos ni de negligencia del gobierno que encabezo, es a consecuencia de la pandemia, de la baja recaudación fiscal y de las limitantes que nos impone la ley”.

Aseguró que pagar casi mil millones de pesos en créditos en los primeros 7 meses del año generó una presión financiera gigantesca para las finanzas públicas, que hoy deja a la administración estatal prácticamente sin recursos.

La única opción planteada por el gobernador para cumplir sus responsabilidades económicas es que el gobierno federal venga en su rescate: “Reveló que desde el año pasado inició gestiones ante Hacienda para obtener recursos extraordinarios para el Estado de Colima. Dichas gestiones continuarán y el martes próximo se reunirá ante funcionarios de la Secretaría de Hacienda para continuar con la gestión de recursos”.

A través de un mensaje en video, difundido a través de las redes sociales, Peralta se dijo confiado en que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, “con sensibilidad y solidaridad va a ayudar a las y los colimenses para poder cerrar la administración estatal de la mejor forma posible”.

Tras lamentar el hecho de no estar en condiciones para poder pagar la segunda quincena de julio que le corresponde a las y los trabajadores de Gobierno del Estado, jubilados y pensionados, ni a enviar recursos a instituciones públicas descentralizadas ni órganos autónomos para el pago de su nómina correspondiente, comentó:

“Sé de las repercusiones que esto genera, sé que la gente tiene compromisos de pago que no esperan, de todo tipo, pero realmente hemos explorado todas y cada una de las opciones posibles y la única manera de poder cumplir con el pago de ésta y las quincenas siguientes es si el Gobierno Federal autoriza recursos extraordinarios para el Estado”.

Con la quiebra anunciada de su gobierno, fue el propio José Ignacio Peralta quien colocó el último clavo a su ataúd político y ahora es el Congreso del Estado quien tiene la palabra para enjuiciar y sancionar al mandatario por los desastrosos manejos de su gobierno.

Cuando Mario Anguiano Moreno terminó su sexenio se antojaba difícil pensar que algún otro jefe del Ejecutivo pudiera hacer las cosas de una peor manera. Pero llegó Peralta Sánchez y, con su patética administración, demostró que esto sí era posible. Es una pena por Colima, que ha ido de mal en peor.

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