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LOCALES

El saqueo en los últimos meses del Gobierno

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Colima, México, Avanzada (28/07/2021).- El gobierno de Colima entregó en diciembre pasado, de forma sigilosa y sin informar públicamente, diversos lotes habitables y comerciales, así como reserva urbana al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos (IPECOL) para cubrir un crédito fiscal por 157 millones de pesos y una multa por 58 millones de pesos impuesta por no entregar las cuotas y aportaciones de los trabajadores correspondientes sólo al año 2019.

Sin embargo, como los predios entregados en diciembre fueron insuficientes para pagar el adeudo, la administración de Ignacio Peralta Sánchez pretende entregar también el Estacionamiento Constitución y 42 hectáreas del Rancho Buenos Aires y por ello, el pasado 6 de julio envió al Congreso la iniciativa para la desincorporación del patrimonio del estado de estos dos predios.

Hasta la fecha, el Gobierno de Colima no ha aclarado en qué se utilizaron los recursos que desde el 2019 se descontaron a los trabajadores y debieron enviarse al IPECOL y por este hecho, la diputada Claudia Aguirre Luna presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2020.

LA PRIMERA ENTREGA DE LOS TERRENOS

De acuerdo a la iniciativa que se encuentra en el Congreso del Estado, el 8 de octubre de 2020, el IPECOL le impuso un crédito fiscal al Gobierno de Colima por 157 millones 46 mil 694 pesos y una multa por 58 millones 818 mil 785 pesos y para poder liquidar ese crédito fiscal, la administración que encabeza, Ignacio Peralta Sánchez entregó como fuente de pago 14 terrenos (con diferentes lotes o hectáreas) que pertenecían al Instituto de Suelo y Vivienda (INSUVI).

Según los datos de la iniciativa enviada por el Ejecutivo a los diputados, ante el crédito fiscal impuesto, el Gobierno del estado pagó con una garantía inmobiliaria que el INSUVI le había otorgado a la administración estatal por un préstamo y la cual constaba de 12 terrenos con diferentes precios que se ubican en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, que formaban parte de la reserva urbana del organismo encargado de ofrecer viviendas para personas en situación de pobreza.

El 20 de diciembre del año pasado, el IPECOL determinó que los inmuebles que les otorgó el Gobierno del Estado eran insuficientes para cubrir el adeudo y a través de la secretaría de Planeación y Finanzas (cuando era titular de la misma, Carlos Arturo Noriega Pizano, actual diputado plurinominal electo) pidió que se le informara la forma en la que se garantizaría el pago total, así como las multas, actualizaciones y recargos.

Y según la misma iniciativa de ley enviada por el gobernador Ignacio Peralta al Congreso del Estado, el secretario de Planeación y Finanzas solicitó al titular de la Secretaría de Administración (cuando era titular Kristian Meiners, quien también era el presidente del consejo de IPECOL) que identificara los bienes inmuebles (patrimonio de los colimenses) que pudieran entregarse para cubrir la deuda y de esta manera se determinó solicitar al Congreso del Estado la desincorporación del Rancho Buenos Aires, ubicado en El Chical en Coquimatlán, con un precio de  51 millones 862 mil pesos de pesos y del predio urbano: Estacionamiento Constitución, que se ubica por la calle Zaragoza en la capital del Estado y que tiene un valor de 36 millones 319 mil pesos.

LOS PREDIOS ENTREGADOS

Entre los lotes entregados en el 2020 al IPECOL y que formaban parte del INSUVI se encuentran aquellos que pertenecen a la reserva urbana y también a predios con programa parcial de urbanización.

En el listado aparece la Loma en el municipio de Colima con un valor aproximado de 35 millones 599 mil pesos.

Además, de 20 lotes en Rinconada de la Granja con un valor catastral de 4 millones 976 mil pesos y que se ubica en Villa de Álvarez, así como el potrero San Jerónimo en el municipio de Cuauhtémoc, con un valor de 10 millones 400 mil pesos.

También el predio conocido como El Rocío en Tecomán valuado en 17 millones 686 mil 140 pesos, y  el Porvenir en Cuauhtémoc, con un valor aproximado de 13 millones 531 mil pesos, así como 24 lotes en la colonia Palma Real equivalentes a 4 millones 689 mil 685 pesos.

Estos lotes serán vendidos a través de una subasta pública que llevará a cabo el IPECOL. En la sesión del 13 de enero de este año, el titular del IPECOL, Hamin Legaspi Soto solicitó al Consejo de ese instituto llevar a cabo la valuación de los bienes entregados e iniciar el proceso de subasta para recuperar los recursos que el gobierno del Estado debe desde el 2019.

Por su parte la misma iniciativa expone que en la sesión de enero, Roberto Chapula Rincón – integrante del consejo de IPECOL) señaló que las gestiones realizadas para recuperar el dinero eran loables pero insuficientes, “ya que se está soslayando un tema primordial que establece el artículo 153 que son las denuncias penales correspondientes a quienes hayan retenido y no enteren (las cuotas). Considero que nosotros como consejo demos el seguimiento puntual y sé las complicaciones que se tienen, pero es dinero de los trabajadores y es obligación como consejo velar por la sustentabilidad del sistema financiero de pensiones”.

Sin embargo, por el contenido del acta de la sesión que se transcribió en la iniciativa que envío el gobernador para solicitarle al Congreso la desincorporación del estacionamiento Constitución y una parte del Rancho Buenos Aires, el Consejo ni si quiera votó la propuesta de interponer denuncias penales en contra de funcionarios de gobierno.

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