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¡Una más del gobernador! Venderá el estacionamiento Constitución para pagar 370 MDP que adeuda a IPECOL

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Colima, México, Avanzada (26/07/2021).- El gobernador Ignacio Peralta Sánchez busca que la mayoría de los diputados locales autorice la desincorporación del estacionamiento Constitución y el rancho Buenos Aires – patrimonio de los colimenses- para ofrecerlos como una parte del pago de los 370 millones de pesos que adeuda al Instituto de Pensiones de los Servidores Públicos (IPECOL) por concepto de cuotas y retenciones de los trabajadores que debió enviar al instituto desde hace meses, pero no lo hizo.

La iniciativa apareció en la síntesis de comunicación del Poder Legislativo la semana anterior y podría ser discutida esta semana, una vez que los diputados locales regresen del periodo vacacional de quince días que se aprobaron.

Ante esta situación, el  coordinador del PT en el Congreso, Carlos César Farías Ramos sostuvo que no es viable pagar  con bienes  inmuebles los adeudos de IPECOL y máxime cuando los recursos fueron descontados a los trabajadores.

 El titular del Ejecutivo, Ignacio Peralta Sánchez envió desde el pasado 6 de julio la iniciativa de desincorporación al Congreso del Estado y el proyecto fue turnado a la comisión de Hacienda que preside el diputado Julio Anguiano Urbina, afín al mandatario colimense.

El proyecto pretende desincorporar  el estacionamiento Constitución que se ubica por la calle Zaragoza en la capital de Colima y el rancho Buenos Aires, que se encuentra en el Chical en Coquimatlán y con ello pagar parte de los 370 millones de pesos que adeuda al IPECOL.

Los 370 millones de pesos son por los conceptos de aportaciones, cuotas y descuentos no entregados al IPECOL y que forman parte de las pensiones y jubilaciones de los burócratas, el magisterio, dependencias como el DIF estatal y otras.

El líder de la burocracia estatal, Martín Flores Castañeda, refirió, en febrero pasado, que la desincorporación de los inmuebles propiedad del estado, permitirían al gobierno de Ignacio Peralta cubrir unos 140 millones de pesos de la deuda total con el organismo pensionario.

El gobernador Ignacio Peralta Sánchez enfrenta desde hace un año una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la retención de cuotas debido a que esto se considera un delito en el Código Penal del Estado. 

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