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LOCALES

Una consulta popular ociosa y absurda

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EDITORIAL

El próximo domingo 1 de agosto se realizará en México un ejercicio tan inédito como absurdo: se preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo en que se investiguen actos derivados de decisiones políticas del pasado y que se castigue a los probables responsables y se garantice la justicia y los derechos de los afectados.

Esta consulta, que costará al país alrededor de 500 millones pesos, constituye un mecanismo ocioso. Por una parte, la justicia, igual que los derechos humanos, no es materia de consulta pública. La primera, si existen pruebas y elementos jurídicos, se imparte y se sanciona a quien se tenga que sancionar. Los segundos, simplemente se protegen y se garantiza que la población tenga uso y disfrute de ellos.

Por otra parte, ¿quién en su sano juicio votaría por que no se investigue y se aplique la ley? ¿Quién pediría que no se garanticen los derechos humanos de las víctimas? El problema es que en estricto apego al derecho, la justicia no debe decidirse por mayoría de votos. Tan es así, que los integrantes del Poder Judicial no son decididos por el voto popular (a diferencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo), precisamente para tratar de garantizar que lleguen los perfiles profesionales adecuados para una tarea tan delicada, no los más populares.

Por lo tanto, la decisión de si se investiga o no, si se procede legalmente o no, debe estar sustentada en los elementos jurídicos, indicios y pruebas existentes analizadas por especialistas de todas las áreas implicadas, no en el voto de ciudadanos que por más respetables que sean, no necesariamente cuentan con la información suficiente y necesaria para decidir.

Además, dicen el presidente Andrés Manuel López Obrador y los miembros de su partido que la consulta es para llevar a juicio a los cinco expresidentes que le precedieron: Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quezada, Ernesto Zedillo Ponce de León y Carlos Salinas de Gortari. (No fue incluido Luis Echeverría Álvarez, quien ya fue enjuiciado por las matanzas de 1968 y 1971, así como la guerra sucia de los años setentas y a sus 99 años de edad sigue gozando de impunidad).

Sin embargo, cuando los ciudadanos lleguen a votar en la consulta se encontrarán con una pregunta casi ininteligible, en la que ni siquiera son mencionados los expresidentes, por lo que muchos votantes podrían sentirse defraudados ante lo que les dicen los promotores de la consulta y lo que encontrarán en la papeleta.

La pregunta es: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

El trasfondo de esta consulta, más que jurídico o de un genuino interés por la aplicación de la justicia, se antoja de interés político para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien de esta manera estaría intentando mantener o ampliar su capital político y sus índices de popularidad, de cara a la consulta del próximo año por su continuidad o la revocación de mandato, así como para tener mayor margen de maniobra en la sucesión presidencial de 2024.

Para la población, sin embargo, esta consulta no tendrá más utilidad que fungir como un mecanismo de catarsis y venganza popular frente a los pésimos y criminales gobiernos que se han vivido. Si se investiga, si se sanciona o si se garantizan los derechos de las víctimas, podría y debería haberse hecho con o sin consulta o a pesar de ella.

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