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EDITORIAL. Desaparecidos y fosas clandestinas, situación grave

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Una investigación de un grupo de periodistas mexicanos, dentro del proyecto “A dónde van los desaparecidos”, llamó la atención sobre la gravedad de este problema en el país. Y Colima no pasó la prueba del escrutinio, pues apareció entre los primeros doce estados con el mayor número de fosas clandestinas localizadas en el periodo de 2006 a 2016.

De acuerdo con los resultados generales y por estado, dados a conocer el pasado lunes en la Ciudad de México, la Procuraduría General de Justicia del gobierno de Colima informó que entre 2006 y 2016 localizó 13 sitios con 39 fosas y 56 cuerpos. En seis de los entierros clandestinos localizaron además restos óseos.

Hasta ese momento, la autoridad estatal reportó que había identificado 30 cuerpos y ningún resto óseo, aunque se detectaron errores e inconsistencias en los documentos públicos, de acuerdo con el informe de la investigación coordinada a nivel nacional por las periodistas Alejandra Guillén, Mago Torres y Marcela Turati.

La PGJ de Colima reservó inicialmente la información. A través de un recurso de revisión se obtuvo una tabla con el número de fosas, sin desglosar el municipio de cada hallazgo ni la fecha por “considerarse información reservada, por tratarse de expediente en trámite”.

El reporte expuso que se argumentó que esta información no puede ser reservada cuando se trata de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. La PGJ entregó la información por municipio desagregando el número de fosas y de cuerpos encontrados, pero reservó la ubicación exacta de cada hallazgo.

Se interpusieron dos recursos de revisión más en noviembre de 2017 para desclasificar la información considerada como “reservada”, pero el Instituto de Transparencia de Colima lo radicó y nunca lo resolvió.

Lo anterior revela que además de la gravedad de las desapariciones, que según el registro nacional es de más de seiscientas personas en el estado, llama la atención el número de fosas clandestinas encontradas, pero también la actitud del gobierno de Colima de ocultar la información.

La actitud de la antigua Procuraduría de Justicia de Colima, ahora fiscalía, parece un intento por evitar que se conozcan mayores detalles sobre el asunto de las fosas clandestinas. Sin embargo, frente al empuje de la sociedad para la conquista del derecho a la información, esas prácticas ya deben quedar en el olvido. Lo que se requiere actualmente es que las instituciones actúen bajo el principio de máxima publicidad y de entrada muestren voluntad política para entregar la información a los ciudadanos que lo soliciten, sobre todo en temas tan sensibles como los relacionados con los derechos humanos.

La experiencia dice que la transparencia y el acceso a la información no son derechos que las autoridades estén dispuestas a respetar en primera instancia, pues se requiere en primer lugar una actuación exigente por parte de la sociedad para lograr que los servidores públicos entreguen la información solicitada sin buscar pretextos para no hacerlo.

Sólo de esa manera los ciudadanos lograrán ver fructificar sus esfuerzos, pero si los servidores públicos obstaculizan el acceso a la información será importante que la población haga uso de los recursos legales, sin renunciar al ejercicio de sus derechos. Eso es precisamente lo que quisieran las instituciones y los malos funcionarios: Que los ciudadanos pierdan por cansancio y de esa manera logren hacer prevalecer la opacidad en casos que prefieren que no se sepa “demasiado”.

En este contexto, es digno de reconocimiento el ejercicio de solicitudes de información desarrollado por los periodistas que participaron en el proyecto de investigación, porque además de obtener la información, ello fortalece a los ciudadanos en la lucha por la transparencia y el acceso a la información pública, que todavía sigue en pañales en Colima y en México.

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