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OPINIÓN

Juicio de nulidad interpuesto por el gobernador en el tema de la caseta de Cuyutlán, es improcedente

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Escrito por: José Alberto Sánchez Nava

1.- Un tema de interés público que prevalece en el estado de Colima, es el de la negativa de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para retirar la caseta de Cuyutlán, en respuesta a la petición del Gobernador del Estado de Colima, Ignacio Peralta de retirar ésta, luego de que una vez analizadas las consecutivas concesiones que se han otorgado a la empresa concesionaria, el equipo jurídico del gobierno estatal determinó que existían elementos tanto legislativos como administrativos para determinar la ilegalidad por aspectos de constitucionalidad de las concesiones que sustentan la irregular caseta de cobro de Cuyutlán.

2.- Sin embargo, la acción elegida por el gobernador para impugnar los actos derivados de la SCT en relación a la negativa de reconocer la ilegalidad de la concesión y sus respectivas ampliaciones a fin de retirar la problemática caseta de Cuyutlán, fue LA ACCIÓN DE NULIDAD POR LA VÍA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA ante el Tribunal De Justicia Administrativa en La Ciudad De Guadalajara por cuestión de competencia.

3.- Lo preocupante es que dicha acción de nulidad TUTELA ESENCIALMENTE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD, en los términos del artículo 17 de la Constitución que establece: “‘Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.’

Por consiguiente solo en el caso de que el gobernador del Estado, Ignacio Peralta haya interpuesto el recurso de nulidad a título personal, y como un simple ciudadano que utiliza la autopista Armería-Manzanillo en que se tenga por acreditado un perjuicio en sus derechos personales, es entonces que si sería procedente el juicio de nulidad en contra del poder ejecutivo vía Secretaria de Comunicaciones y Transportes, lo cual sería absurdo si lo hizo como gobernador del Estado de Colima, como el mismo lo dio a conocer en los medios el día 8 de noviembre del presente año.

4.- Lo anterior es así, porque la Ley federal del procedimiento contencioso administrativo en su artículo 8° establece las causales de improcedencia del JUICIO DE NULIDAD contra los actos y/o resoluciones de autoridades administrativas y fiscales que a continuación se expone lo que dicho artículo establece:

ARTÍCULO 8o.- Es improcedente el juicio ante el Tribunal en los casos, por las causales y contra los actos siguientes:

I. Que no afecten los intereses jurídicos del demandante, salvo en los casos de legitimación expresamente reconocida por las leyes que rigen al acto impugnado.

II. Que no le competa conocer a dicho Tribunal.

Respecto de la primer causal de improcedencia se refiere a que el acto y/o resolución no imponga obligación ni lacere bienes, posesiones o derechos del demandante, ya que la falta de afectación, no surtirá interés jurídico para poder acudir a juicio, que es lo fundamental, pues la salvedad a que se refiere ese artículo, se refiere a que también puede ocurrir que una persona jurídico colectiva (asociación civil, sociedad anónima, cooperativa etc.) este legitimada para ocurrir a un juicio de nulidad, por medio de un apoderado el cual no sea afectado directamente y la ley que regula el acto que se reclama así lo permita.

Y respecto de la segunda causal de improcedencia respecto de “que no le competa conocer a dicho Tribunal” se refiere a que si un gobierno estatal requiere combatir un acto del gobierno federal no es la vía idónea la acción de nulidad, sino la controversia constitucional, puesto que todos los conflictos entre poderes en los tres órdenes de gobierno, no se pueden reclamar nulidades como si fuesen personas físicas o morales frente a un acto de autoridad pues ambas son órganos gubernamentales, en consecuencia, no es el juicio de nulidad un procedimiento que resuelva un conflicto entre un gobierno respecto de otro gobierno, puesto que entonces el medio adecuado entre entes estatales en cualquiera de sus ámbitos es la controversia constitucional si lo controvertido son actos, y la acción de inconstitucionalidad si lo controvertido son leyes que lesionan el interés público.

5.- En el caso de la caseta de Cuyutlán, lo que se reclama por parte del Gobernador del Estado de Colima son actos ejecutados por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en los términos irregulares de una concesión, dicha Secretaria (SCT) a su vez tiene una autoridad superior jerárquica que es el Presidente de la Republica lo cual en términos constitucionales es la autoridad ordenadora, por tanto el conflicto es entre el Gobierno del Estado de Colima en contra de actos del Gobierno Federal, por tanto en este caso, la VÍA IDÓNEA ES LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL la cual es un mecanismo de control constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determine si lo impugnado se apega a la Constitución o no, esto presupone que la Corte vele por la división de poderes y el federalismo que debe imperar en México, lo cual se deriva de la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1994 bajo la Presidencia de Ernesto Zedillo, en el que se establecieron dos fracciones al artículo 105 constitucional para incorporar las reglas actuales de estos mecanismos.

6.-Es por ello, que en la controversia se establece la legitimación para su interposición en los términos del artículo Constitucional 105, fracción I, la cual faculta a la Federación, las entidades federativas, los municipios, el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión, los Poderes de una entidad federativa, los Órganos Constitucionalmente Autónomos y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; es decir, la Constitución prevé en qué casos procede cada una.

7.- En las controversias constitucionales se plantea la existencia de un agravio y perjuicio, por ejemplo, el evento en el que se pretendiera aplicar una facultad en un caso concreto por una autoridad federal a una entidad federativa, como es el caso de la concesión de la SCT en el tema de la caseta de Cuyutlán, por tanto, la acción de nulidad ante un tribunal federal en materia administrativa interpuesta por el Gobernador del estado de Colima, se equipara a una obstrucción deliberada de acceso a la justicia en perjuicio del interés público del Estado de Colima, y del cual deberá tomar nota el Congreso de ese mismo Estado, el cual está legitimado para accionar una controversia constitucional en contra del propio gobernador del estado y el poder ejecutivo federal en contra de actos relacionados con el tema de la caseta de Cuyutlán.

Lo anterior se sustenta en la tesis de jurisprudencia que a continuación a la letra se transcribe:

Época: Novena Época

Registro: 189327

Instancia: Pleno

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XIV, Julio de 2001

Materia(s): Constitucional

Tesis: P./J. 83/2001

Página: 875

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVERLA.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en la tesis número P./J. 71/2000, visible en la página novecientos sesenta y cinco del Tomo XII, agosto de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL.”, que en la promoción de la controversia constitucional, el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio; sin embargo, dicho agravio debe entenderse como un interés legítimo para acudir a esta vía el cual, a su vez, se traduce en una afectación que resienten en su esfera de atribuciones las entidades poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de su especial situación frente al acto que consideren lesivo; dicho interés se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada sea susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve en razón de la situación de hecho en la que ésta se encuentre, la cual necesariamente deberá estar legalmente tutelada, para que se pueda exigir su estricta observancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Controversia constitucional 9/2000. Ayuntamiento del Municipio de Nativitas, Estado de Tlaxcala. 18 de junio de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy dieciocho de junio en curso, aprobó, con el número 83/2001, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de junio de dos mil uno.

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