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La educación inclusiva en México, un reto constante en nuestra sociedad

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Desde una simple perspectiva, la palabra inclusión, puede considerarse como la acción o efecto de incluir o puede visualizarse bajo el concepto de integración, que en el ámbito de la educación, nos lleva a la implementación de políticas públicas que garantizan una educación de calidad a todos los estudiantes, con independencia de las características personales o sociales que presenten, pero de acuerdo a sus necesidades, puesto que a este último término, la inclusión educativa conlleva a una igualdad integral y atención a los grupos marginados y vulnerables por sus discapacidades, dificultades severas de aprendizaje, conducta o de comunicación y también, de aquellos con aptitudes sobresalientes en función de desarrollar sus potencialidades; GENERANDO una educación para todos.

A manera de antecedente, la inclusión educativa en México, tuvo sus primeros comienzos en el año de 1993, bajo la modalidad de integración educativa, originando cambios legales producto de acuerdo entre los sindicatos de maestros y la Secretaría de Educación Pública (SEP); sin embargo, sus avances en el proceso de brindar una educación igualitaria y acorde a las necesidades del educando, fueron muy escasos; ya que no se contaba con lineamientos técnicos para la operación del programa y promover la evaluación de los resultados; sin embargo, fue en el año 2013, en que la Secretaría de Educación Pública, dispuso por primera vez, distintos programas que atendían a una población diversa (niños indígenas, migrantes, con discapacidad, con capacidades y aptitudes sobresalientes, entre otros); pero su creación, sólo implicó una simple intención de fomentar la educación inclusiva, pero no su materialización.      

En la actualidad, a pesar de que en el año 2019, se implementó una nueva estrategia nacional de educación inclusiva, el personal de educación especial y los docentes de la educación regular, han estado esperando a que la Secretaría de la Educación Pública, diseñe e implemente políticas públicas orientadas a promover la educación inclusiva en el país, lo anterior, aunado de que a nivel nacional e internacional, encontramos que en el año 1948, se aprobó la declaración de los derechos humanos y que si bien,  a pesar de que no se contemplaba a las personas con discapacidad, se estableció dos derechos humanos que confluyeron a una educación inclusiva, como es el derecho a la educación y el derecho a la no discriminación conforme a los artículos  7 y 26 del mismo ordenamiento y que 60 años más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobaría la Convención de los Derechos de las Personas con discapacidad, la cual fue ratificada y firmada por el Reino de España en el año 2018; en materia de derechos humanos y educación inclusiva de las personas con discapacidad, reconociendo el derecho a la educación inclusiva de este grupo de la población en todos los niveles educativos, estableciendo las acciones que los estados parte, deben cumplir para lograrlo, como lo es, el garantizar que las personas con discapacidad no sean excluidas, el enfatizar la importancia del derecho de las personas con discapacidad a tener acceso a una educación básica inclusiva en igualdad de condiciones y el recibir una educación en la misma comunidad donde viven, ajustes razonables en función de las necesidades individuales de los alumnos con discapacidad y la existencia de apoyos necesarios para facilitar la formación efectiva de las personas con discapacidad en el sistema general de educación y la colaboración personalizada en torno al desarrollo académico y social de las personas con discapacidad para su plena inclusión de acuerdo a su artículo 24. 

En tal consideración, es que a nivel nacional, el derecho a la educación, se garantizó de forma primaria en el numeral 3 de nuestra Constitución, atribuyendo la facultad que tiene toda persona a la educación; así como él deber que tiene el estado y sus entidades federativas de impartir  y garantizar la educación inicial (preescolar), básica (primaria y secundaria) y  media superior; esta última, conforme al año 2019 (dos mil diecinueve) y en cuanto a la educación superior, que corresponderá al Estado (autoridades federal y locales) establecer las políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale y proporcionar los medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas y que en tal orden de ideas, la educación se deberá basar en el respeto irrestricto  de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y con una igualdad sustantiva, aunado de la prioridad del Estado, en ponderar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia  y participación en los servicios educativos. 

Por otro lado, es en el Artículo 41° de la Ley General de Educación, se garantizó de manera secundaria la educación inclusiva, señalando que “La educación especial tiene como propósito identificar, prevenir y eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, así como de aquellas con aptitudes sobresalientes, atendiendo a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en un contexto educativo incluyente, que se debe basar en los principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género a las diversas modalidades de educación especial atendiendo a sus necesidades.

En nuestro estado, de conformidad con el numeral 99 de la Ley de Educación del Estado de Colima, establece que la educación especial, estará destinada a personas con discapacidad, transitoria o definitiva, como aquellas con aptitudes sobresalientes; estableciendo ante todo, el derecho de los educandos a recibir de manera adecuada a sus propias condiciones, la equidad social incluyente y con perspectiva de género y cuyo objetivo, es el propiciar la integración de estudiantes a los planteles de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos; y sólo para quienes no logren esa integración, la educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva, para lo cual se elaborarán programas y materiales de apoyo didácticos necesarios.   

Sin embargo, a pesar de que el derecho a  la educación, universalmente es un derecho humano aceptado en la sociedad, para el caso de la educación media y superior, uno de los constantes retos que enfrentan los estudiantes con discapacidad, es el poder ingresar y mantenerse en estos espacios hasta finalizar sus estudios, toda vez, que sólo el 5% de mexicanos con discapacidad, obtiene grado de licenciatura, de acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Red de Instituciones de Educación Superior para la Inclusión de Personas con Discapacidad; debido a que en muchas ocasiones, aunado de las barreras estructurales y las barreras normativas,  son las barreras didácticas que limitan el acceso a una educación de calidad, escenario, en donde se ven involucrados  los docentes y los propios alumnos, que al no encontrarse preparados  durante su formación profesional para emprender una  inclusión escolar en el aula de clase , puede generar el fracaso del proceso, en lugar de crear el sentido humanista, que se requiere para reconocer las fortalezas del estudiante con discapacidad, transitoria o definitiva, como aquellas con aptitudes sobresalientes.

Dicha barrera pueden destruirse, con la implementación de políticas inclusivas, las cuales, deben impregnar tanto a docentes como a los alumnos en todos los ámbitos escolares; fomentando una cultura inclusiva que formen comunidades escolares seguras, acogedoras, colaboradoras y sanos ambientes de aprendizaje y por último; prácticas inclusivas, refiriéndose al desarrollo de actividades que reflejen culturas y políticas inclusivas.  

Por lo anterior, es que resulta necesario la creación de un programa estatal que sea acorde a la necesidades de nuestra sociedad y que permita la construcción de un nuevo perfil docente y el fomento a una cultura de inclusión entre los estudiantes; aunado que tal circunstancia, permitiría el dirigir el proceso de inclusión escolar, desde las instituciones educativas y el implementar entre otras acciones, la accesibilidad de los estudiantes con capacidades especiales, en todos los aspectos y ámbitos educativos, puesto que tal cualidad, sería el objetivo central; aunado del diseño de un programa para el aprendizaje, como la creación de planes educativos que generen entornos diseñados para ser utilizables por todas las personas  y en la medida de lo posible; la implementación de ajustes razonables para el caso en que se requiera generar condiciones que garanticen el goce o el ejercicio de todos los derechos humanos de los estudiantes, por último, la creación de medidas específicas y de apoyos; que permitirían ejecutar las acciones necesarias para prevenir la discriminación y acelerar o lograr la igualdad de hecho en las personas con situación de vulnerabilidad.

Puesto que a pesar de que en nuestro entorno social, ha generado que el actual estudiante, sea un ser tecnológico por necesidad y el docente, desde sus medios de aprendizaje fue obligado a convivir y usar elementos tecnológicos que faciliten el proceso de aprendizaje; es a partir de la preparación pedagógica del docente, a través del cual, se podría solucionar la problemática de la educación ante la inclusión escolar y que vaya acorde a la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura del 2017, a favor el desarrollo sostenible a partir del equilibrio  de oportunidades de los seres humanos en las diversas sociedades desde la educación y que esta, se caracterizada por ser inclusiva, equitativa y de calidad;  para un desarrollo sostenible. 

Ya que si bien, no se podría desmeritar la enseñanza de los alumnos en los centros de educación especial en cada uno de los estados de la república; que en la mayoría de los casos, se limitan a la integración de los educandos en la sociedad, se debe trabajar de forma coordinada entre las instituciones educativas y el Gobierno del Estado, para maximizar y lograr  paulatinamente la enseñanza y participación de todo estudiante, ante la ausencia de recursos y la infraestructura necesaria, puesto que hoy en día, nuestra máxima casa de estudios, tiene las herramientas necesarias y el capital humano para poder incursionar en nuevos programas educativos inclusivos, que permitan identificar las características y necesidades de las personas que cuentan con alguna discapacidad; como fue el proyecto de tesis, presentado el 25 de mayo del 2020,  por los alumnos de la Facultad de Telemática de la Universidad de Colima, en donde se expuso la propuesta de un videojuego educativo para el aprendizaje de las materias en personas con síndrome de Down, que permitía el fortalecer áreas cognitivas como la tensión, lenguaje, memoria y con ello, posibilitando el identificar cuáles son las características y necesidades del jugador  y el cual, fue expuesto por primera vez, bajo la modalidad a distancia

Por ello, se señala la importancia de incorporar a la formación inicial de los docentes o en su defecto, a través de constantes capacitaciones el efectivo cumplimiento de las prácticas inclusivas en el aula de clases y que por otro lado, se debería legislar en ese sentido, para efecto de lograr el desarrollo de investigaciones y buenas prácticas inclusivas; como el brindar la atención necesaria a las estrategia nacionales y la creación de un modelo estatal de educación inclusiva, con el objetivo de lograr que los estudiantes con mayores necesidades especiales, alcancen los propósitos planteados por nuestro actual sistema educativo (instituciones educativas inclusivas).

Concluimos, que  el objetivo en nuestro estado en materia de inclusión educativa; es lograr la real integración escolar y participación social de los alumnos y docentes, a través de un programa educativo inclusivo en las escuelas y corresponda al programa implementado en primarias, secundarias y bachilleratos, para garantizar que los grupos marginados y vulnerables por sus discapacidades, dificultades severas de aprendizaje, conducta o de comunicación y también, de aquellos con aptitudes sobresalientes; sean integrados a una preparación profesional, estableciendo un camino a la esperanza como utopía o una futura realidad; sin poner como obstáculo el cuidado y la seguridad del estudiante, ponderando el derecho a la educación y a su libre desarrollo de la personalidad en mantener un ritmo normal de vida, como niño, joven, adulto en su preparación, en el arte y el ocio y que no se le cuente, sino que se cuente con ellos. 

Y que en esa tesitura, si se desea evaluar al paso del tiempo, la educación inclusiva en nuestro estado, debemos realizarnos las siguientes interrogantes; ¿la educación, es aplicada por igual a todos los estudiantes?; ¿los derechos humanos, están sujetos a plazos?; y si es así, ¿Qué tan efectivo, es la inclusión educativa en estos días en el año 2021?

Colaboradores: Hugo López, Hesed Cisneros, Liliana Rojas, Elmer Rodríguez, Saúl Gutiérrez, Gabriel Bravo y Christian García docentes en el nivel medio superior de la Universidad de Colima. Ricardo Pinto adscrito al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima.

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