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Congreso protege al gobernador por el desvío de 200 MDP

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Colima, México, Avanzada (10/06/2021).- A cuatro meses de que concluya la actual legislatura, quedaron en el olvido las promesas de investigar y enjuiciar al gobernador, Ignacio Peralta Sánchez por las sospechas de malos manejos financieros, mentirle al Congreso del Estado y el presunto desvío de recursos.

La mayoría de los 25 diputados locales, no sólo han arropado al titular del Ejecutivo a pesar de los informes de auditoría presentado por el OSAFIG, también le aprobaron nuevos endeudamientos a pesar de que se desconoce el destino de los recursos de los anteriores empréstitos y el más reciente de 740 millones de pesos.

En octubre de 2019, el actual diputado local por el PAN, Francisco Rodríguez García declaró que promovería un juicio político en contra del gobernador, Ignacio Peralta Sánchez por utilizar para otro fin distinto al autorizado, 200 millones de pesos.

Rodríguez García – quienes virtual ganador de la diputación local por el segundo distrito y por ende, formará parte de la próxima legislatura-  sostuvo que el juicio político lo promovería, después de que el Congreso concluyera la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, donde el OSAFIG determinó que el gobierno de Ignacio Peralta Sánchez violentó la Constitución, sin embargo el legislador no cristalizó la acción.

También el diputado de Morena, Vladimir Parra Barragán sentenció que promovería un juicio político en el Congreso local con la finalidad de fincarle responsabilidades al titular del Ejecutivo, pero esta acción no se concretó.

Salvo seis legisladores de Morena, entre ellos el mismo Parra Barragán que han promovido denuncias penales en contra del mandatario por diversos temas, el resto de los diputados han guardado silencio a pesar de la información que el propio OSAFIG les ha hecho llegar en torno a la forma en la que el gobierno de Colima ejerce los recursos públicos.

Ni los diputados de PT, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, PVEM, o los legisladores de Morena, Julio Anguiano y Rogelio Salinas, y el diputado sin partido, Guillermo Toscano han hablado sobre los señalamientos que el órgano Fiscalizador ha hecho al gobierno de Ignacio Peralta.

El 30 de septiembre de 2019, el OSAFIG hizo público el informe de auditoría a la cuenta pública del Gobierno del Estado donde determinó que el gobierno estatal dio otro destino a 200 millones de pesos prestados por Banobras, luego de que los diputados de la pasada legislatura le aprobaron al gobernador un crédito por hasta 410 millones de pesos.

En el Decreto 617, publicado el 28 de septiembre de 2018 en el Periódico Oficial del estado de Colima se establece que de esos 410 millones de pesos, 150 millones serían para la construcción del C5, 60 millones para la construcción de la Unidad de Cuidados Neonatales en Manzanillo y 200 millones para “la adquisición de tierras, terrenos y/o predios urbanos para atender las necesidades de infraestructura social y urbana en el municipio de Colima”.

No obstante, en la observación F32/FS/18/20, el OSAFIG determinó que, los 200 millones de pesos no fueron utilizados para el fin que se aprobaron, y al hacérselo notar al Ejecutivo éste  determinó que lo usó para recuperar los recursos económicos que había entregado previamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a cambio de las antiguas instalaciones de la XX Zona Militar, y se realizaron los pagos correspondientes al mes de diciembre.

Ante esos argumentos, el Órgano Fiscalizador consideró que el Gobierno del Estado no acreditó documentalmente que esos recursos se hubiesen utilizado en la inversión pública productiva para el que fueron autorizados por el Poder Legislativo y por el contrario, sentenció que en su respuesta el Ejecutivo estatal se limitó a realizar argumentaciones y descalificaciones sobre lo observado, pero “en ningún momento señala el fundamento legal que expresamente lo faculte a dar otro destino diferente al autorizado a los recursos económicos provenientes del crédito contratado con Banobras”.

Por esa situación, OSAFIG determinó que el Gobierno estatal, “no pudo solventar lo observado” y violentó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local y la Ley de Disciplina Financiera”.

Pese a esos señalamientos, el Poder legislativo no inició ninguna acción en contra del titular del Ejecutivo o funcionarios de su administración y el caso permanece en la impunidad.

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