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Recuperar el Estado

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Escrito por Damián Lugo Gutiérrez.

Hay alternancia en Colima. Después de más de 90 años de hegemonía priista, un partido distinto asumirá la titularidad del Poder Ejecutivo en el estado. Esto supone, como cada elección y cambio de grupo en el poder, una ventana de oportunidad, pequeña y temporal, para romper con las rutinas, prácticas e inercias burocráticas que durante décadas han favorecido la corrupción, la opacidad y la baja calidad de la acción gubernamental. Es una oportunidad para voltear a ver y trabajar, junto con actores sociales, académicos y especialistas, en la construcción y el fortalecimiento de un gobierno eficiente, eficaz, funcional y democrático.

Durante las campañas electorales predominaron, en todos los partidos y candidaturas, los slogans publicitarios, la narrativa prefabricada, las frases polarizantes y las promesas de alto impacto y rentabilidad política, en lugar de la exposición de propuestas serias y factibles de gobierno. Por ello, el primer desafío de la próxima administración consistirá en construir, durante el periodo de transición, una propuesta pertinente, coherente y factible de gobierno para recuperar las instituciones del Estado, mejorar su funcionamiento y ponerlas al servicio del bien común. 

La promesa de cambio de régimen o cambio verdadero no puede centrarse ni agotarse en buenas intenciones, en replicar programas y acciones de otros niveles de gobierno, en materializar ocurrencias de campaña o en realizar ajustes superficiales en el sector público. El desafío consiste en generar las condiciones institucionales que, en el corto, mediano y largo plazo, favorezcan un sector público funcional, competente, transparente y que rinda cuentas a la ciudadanía. En otras palabras, la alternancia política o la llegada del nuevo grupo al poder no garantizará ni asegurará que se lleven a cabo las acciones necesarias para construir y consolidar un gobierno funcional, democrático y capaz de garantizar derechos, resolver problemas públicos y revertir las condiciones de desigualdad y pobreza.

Recuperar las instituciones del Estado implica, por lo menos, que los puestos públicos, principalmente los mandos medios y superiores, sean desempeñados por un cuerpo burocrático estable, profesional, competente y con capacidad técnica para el desempeño de sus funciones. Implica sustituir en la designación de cargos públicos los criterios de cercanía y dependencia política y partidista, por reglas y procedimientos claros que regulen la entrada y promoción de las y los funcionarios públicos. Sin la profesionalización de la administración pública difícilmente se podrá dejar atrás el tradicional modo de gobernar basado en la captura y la visión patrimonialista de las instituciones púbicas, ni se podrá consolidar un gobierno eficiente y eficaz.

Democratizar las instituciones del Estado requiere, por lo menos, de la construcción y el fortalecimiento de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que hoy son inexistentes o disfuncionales. La asignación y el ejercicio de los recursos públicos debe dejar de estar caracterizada por la discrecionalidad y la opacidad. Y deben generarse, además, mecanismos y andamiajes institucionales que permitan y faciliten la evaluación cotidiana del gasto público y de los programas y acciones gubernamentales, así como la inclusión de la participación ciudadana en la toma de decisiones y en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.

Existe ya la experiencia, tanto a nivel federal como local, de gobiernos de alternancia que han desaprovechado la oportunidad para recuperar y fortalecer las capacidades administrativas e institucionales del Estado. Esta tarea requiere de un esfuerzo superior a la voluntad política y no está garantizado con el cambio de grupos en el poder. Implica la construcción de una ruta clara con metas y objetivos de corto, mediano y largo plazo. Transitar hacia un sector público funcional, eficaz, eficiente y democrático requiere de condiciones básicas e indispensables como es la profesionalización de la administración pública y el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia, evaluación y rendición de cuentas.

*Fotografía ilustrativa.

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