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LOCALES

La miopía de la austeridad

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Escrito por Damián Lugo Gutiérrez.

Durante la campaña electoral a la gubernatura del estado de Colima, entre quienes aspiran a este cargo han hecho ya la promesa de conducir un gobierno austero. Y para ello han planteado que, en su mandato, fusionarán algunas secretarías de gobierno, disminuirán el gasto administrativo, eliminarán las duplicidades en áreas y funciones, reducirán los salarios y puestos de la alta burocracia y combatirán la corrupción. Además, con el propósito de generar un gobierno honesto y cercano a la gente también han prometido trasladar algunas secretarías a municipios diferentes de la capital, formar en valores como la honestidad a las y los funcionarios públicos, realizar conferencias matutinas semanales, así como emitir informes trimestrales del ejercicio del gasto.

Las intenciones de reformar y hacer ajustes a la administración pública para mejorar su funcionamiento y reducir sus costos operativos y administrativos, son una práctica cada vez más común y extendida entre los gobiernos tanto a nivel federal como local. Desde hace algunas décadas, las autoridades públicas han incrementado los anuncios del banderazo de salida de la cruzada anticorrupción que combatirá el desfalco de las arcas públicas, la reestructuración administrativa que mejorará la eficiencia gubernamental, el plan de austeridad que reducirá los costos del aparato burocrático o la modernización administrativa que, mediante la simplificación de trámites y la mejora regulatoria, eliminará la duplicidad de procesos y funciones.

Y es que, ante el hartazgo de la población con la corrupción, el derroche inaceptable de recursos públicos, la existencia de privilegios en la alta burocracia y el descontento con el desempeño gubernamental; las intenciones reformistas, principalmente las medidas de austeridad, han ganado relevancia, respaldo y aceptación popular. Son el reflejo, además, de la preocupación interna de los gobiernos —de todos los niveles— por atender las dificultades y presiones financieras que enfrentan para cumplir con obligaciones básicas como el pago de nómina y prestaciones laborales, así como para mantener la provisión de servicios y atender las necesidades y problemáticas de la población.

Sin embargo, a pesar de la puesta en marcha de medidas de reforma administrativa y de austeridad presupuestaria, el sector público continúa operando con graves déficits y dificultades y sigue siendo utilizado para la captura y el reparto de los cargos y presupuestos. En la selección de funcionarios públicos, la cercanía con grupos políticos y partidistas tiene mayor peso que las capacidades y méritos profesionales. Los programas siguen siendo producto de la ocurrencia del gobernante en turno o diseñados para ganar clientelas y votantes. Las organizaciones públicas enfrentan obstáculos políticos para cumplir con sus propósitos o para dar continuidad a proyectos de largo plazo. Los recursos públicos son manejados con discrecionalidad y opacidad. Y las condiciones laborales de los servidores públicos se han precarizado, al mismo tiempo que se les somete a mayores reglas, procesos y controles sin coherencia e, incluso, contradictorios.

El problema es que las intenciones reformistas, como la promesa de austeridad que ha surgido entre las y los aspirantes a la gubernatura del estado, carecen de una lógica y un plan integral que de coherencia y sentido a cada uno de los cambios y ajustes realizados o propuestos. Y, la construcción de un cuerpo burocrático sensible a las problemáticas sociales, ajeno a intereses partidistas o personales, profesional, estable y especializado —condiciones y atributos indispensables para mejorar el funcionamiento del sector público— continúa siendo no solo una deuda pendiente, sino un asunto relegado de la agenda gubernamental y política. El resultado: gobiernos atrapados en rutinas e inercias burocracias que producen y reproducen las condiciones que favorecen la corrupción, la opacidad y la baja calidad gubernamental.

Así, en el gobierno estatal se podrá reducir el número secretarías, disminuir la alta burocracia, reducir las remuneraciones a los altos mandos, desconcentrar las oficinas gubernamentales, realizar conferencias matutinas, publicar informes trimestrales del gasto o apretarse el cinturón; y este podrá seguir estando lejos de prevenir y combatir la corrupción, de rendir cuentas a la ciudadanía, de distribuir efectivamente los recursos, de implementar políticas públicas eficaces que atiendan las causas de los problemas públicos, de brindar condiciones laborales justas a los servidores públicos y de contar con las capacidades administrativas e institucionales necesarias para mejorar sustantivamente la calidad de vida de las personas. 

La austeridad gubernamental es, sin duda, un principio indispensable en la gestión gubernamental, pero la construcción de un sector público funcional, competente, transparente y que rinda cuentas a la ciudanía requiere de un trabajo exhaustivo e informado de planeación integral orientado a desarrollar y fortalecer las capacidades administrativas e institucionales del sector en el corto, mediano y largo plazo. La discusión no puede agotarse ni orientarse exclusivamente en función del inmediato ahorro presupuestario. El desafío consiste en identificar y atender las causas que impiden la consolidación de una administración pública democrática, eficaz, eficiente y capaz de responder a los retos futuros.

En Colima, la discusión política parece haber entreabierto la conversación sobre cómo mejorar el funcionamiento del sector público. Hay una pequeña ventana de oportunidad para empezar a discutir a profundidad, con actores sociales, políticos, académicos y especialistas en el tema, los cambios y ajustes que requiere el sector público en el estado. Retrasar o evitar esta conversación obstaculizará no solo cualquier intento por mejorar el funcionamiento del sector público, sino que significará continuar desaprovechando el tiempo para impulsar las reformas que el estado necesita. Por ello, que se abra la conversación.

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