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LOCALES

Narcoelecciones en Colima

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Escrito por Juan Gabriel Moctezuma Castellanos.

La periodista Lydia Cacho, autora de importantes textos, señala que “al menos 30% de los gobernantes en México han sido financiados por la delincuencia organizada y los que pagan controlan el poder político”.

La premisa es contundente. Implica a todos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Revisé lo ocurrido en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Nayarit y Colima, y necesariamente pienso en los nexos político-delincuenciales y coincido, la periodista tiene razón.

En Jalisco asesinaron a un exgobernador; en Michoacán dimitió el gobernador por un video en el que aparecían “La Tuta y el Gerber”, hijo del gobernador en funciones. En Guerrero dimitió el gobernador porque los policías municipales entregaron a 43 normalistas de la escuela Isidro Burgos a un cártel delincuencial, desde entonces están desaparecidos. En Tamaulipas 2 gobernadores están siendo procesados por nexos con el crimen organizado en Estados Unidos. En Veracruz, los “Z” tuvieron íntima relación con el gobernador “Javidú”, en Nayarit un ex fiscal está encarcelado en EU por nexos con el narco y un exgobernador tiene orden de aprehensión por lavado de dinero; pero en Colima, nada.
Y es que, pareciera que teniendo el problema frente a nuestra nariz, es la mejor forma de esconder el problema.
En Colima tenemos el primer lugar en: homicidios, feminicidios, fosas clandestinas, robos y un 92% de impunidad que acusa colusión entre autoridades y criminales.

Y es que, a ver, no necesitamos hacer un análisis muy sesudo para dilucidar que para que todos esos delitos puedan crecer a tal dimensión, sólo podría ser bajo el manto protector de las autoridades, la que usted piense.

Evidentemente, estas campañas están plagadas de políticos que tienen un oscuro pasado, peor presente y un desempeño en la función pública que duele al elector, lo puedo imaginar apretando la nariz con su mano a la hora de depositar su voto en la urna electoral. La urna hiede a corrupción y muerte.

Es imprescindible pensar que para el cártel de Jalisco y Sinaloa, los candidatos o candidatas que están en la pasarela política, deberán pagar los favores recibidos una vez que ocupen los cargos para los que serán electos.

Claro, los millones de pesos que dispersan durante el presente proceso electoral a la vista de todos (incluyendo las autoridades electorales) serán cubiertos con obra pública, inclusión en la nómina en puestos estratégicos para sus intereses, cuotas de poder político o bien, con recursos emanados de los impuestos de los contribuyentes, eso lo decidirán los que pagan las campañas.

Desde luego, en caso de negarse a cumplir los acuerdos, también existe la alternativa de deshacerse del político electo, las organizaciones delictivas tienen el poder y lo saben, para eso les sirve el dinero, por supuesto, los políticos están en sintonía.

En Colima ningún político ha sido procesado por sus vínculos con criminales. Es evidente que ese es el tema. El poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajan perfectamente coordinados.

Con los criminales, claro.

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