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Delincuentes electorales

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Colima, México, Avanzada (17/04/2021).- En las últimas dos décadas se han evidenciado y probado en Colima los casos de políticos que han cometido delitos electorales, de diferente impacto y gravedad, que permanecen en la impunidad o que han recibido castigos suaves que les permiten seguir tranquilos en la arena política.

Uno de los casos más sonados en su momento fue el del exgobernador Fernando Moreno Peña, cuya intervención en el proceso electoral de 2003, estando todavía en su administración, provocó la anulación de la elección y la convocatoria a un proceso extraordinario.

En su resolución emitida el 29 de octubre de ese año, tres días antes del final del sexenio y del inicio del nuevo gobierno, por mayoría de cuatro votos contra tres la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación (TEPJF) estimó plenamente acreditada la violación del Artículo 59 fracción V de la Constitución estatal, que prohíbe al gobernador intervenir en las elecciones para que recaigan en determinada persona, por sí o por medio de otras autoridades o agentes, “siendo esto motivo de nulidad de la elección y causa de responsabilidad”.

Según la resolución, el gobernador Moreno Peña formuló durante el periodo de campaña electoral declaraciones públicas contra los candidatos y dirigentes del PAN y del PRD, y a favor del abanderado de su partido, el PRI, además de que realizó indebidamente una campaña de comunicación social en televisión y periódicos sobre las acciones de gobierno en general en el Estado, dentro de los veinticinco días anteriores a la jornada electoral.

También, Moreno Peña participó activamente en el cierre de campaña del candidato priista a gobernador y, a través del titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado y los cuerpos policíacos, el día de la jornada electoral fueron detenidas sin justificación personas vinculadas con el PAN y se instalaron retenes policiacos que afectaron la libertad de tránsito.

A juicio del TEPJF, esos hechos impidieron “la coexistencia de condiciones para la realización de un proceso democrático que fuera la expresión de la soberanía popular, a través de elecciones libres y auténticas, por medio del voto universal, igual, libre y secreto”.

Sin embargo, pese a la demostración de ese delito electoal, jamás se actuó contra Moreno Peña ni se le impuso ninguna sanción.

En 2016, como consecuencia de su intervención en el proceso electoral de gobernador a favor del candidato del PAN; Jorge Luis Preciado, el presidente municipal de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez, el TEPJF instruyó al Congreso de Colima a proceder contra el munícipe.

Conforme a la sentencia SER-PSD-6/2016, de la Sala Regional Especializada del TEPJF, en actos proselitistas de la campaña extraordinaria de gobernador  de los días 9 y 11 de enero de 2016, celebrados en Cuauhtémoc, Mendoza Godínez violentó principios constitucionales.

Aunque argumentó haber acudido en su calidad de ciudadano, pues en ese tiempo había solicitado una licencia sin goce de suelto, el TEPJF consideró que al haber invocado el cargo de presidente municipal que ostenta durante su mensaje en los actos proselitistas celebrados en su municipio, así como al haber utilizado su investidura para favorecer la entonces candidatura de Jorge Luis Preciado, vulneró el principio de imparcialidad previsto en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal.

Aunque se determinó que Rafael Mendoza debía ser destituido del puesto e inhabilitado para ocupar otros cargos, ello no ocurrió, al grado de que se dio el lujo de reelegirse en 2018 y actualmente se encuetra con licencia para buscar un diputación federal por el PVEM.

En 2015, después de la elección de gobernador en la que el candidato del PRI derrotó por 17 centésimas al panista, el PAN impugnó la elección con diversos argumentos, entre ellos que el gobernador, Mario Anguiano, intervino en el proceso electoral, por lo que el TEPJF decidió el 22 de octubre de 2015 anular los comicios al resolver el expediente SUP-JRC-678/2015 y acumulado, tras determinar que el gobernador, Mario Anguiano Moreno, intervino en el proceso a través del titular de la Sedescol, Rigoberto Salazar Velasco.

La prueba principal que motivó la anulación fue un audio en el que Salazar instruía a una empleada a apoyar a los candidatos del PRI:

“Nos están pidiendo que actuemos, de entrada hay que apoyar a Nacho (Ignacio Peralta), a Óscar (Valdovinos, candidato a la alcaldía de Colima), a Kike (Enrique Rojas, candidato a diputado federal) y a Alma (Arreola, esposa del gobernador, candidata a diputada local), que es la máxima prioridad del gobernador. Es una ley no escrita: Gobernador deja gobernador, presidente deja presidente, esa es tu responsabilidad, y si tú estás aquí por Mario (Anguiano), es apoyar a Mario para que deje un gobernador priísta”.

Otra prueba fue la evidencia de una rueda de prensa ofrecida por el procurador de Justicia, Marcos Santana Montes, quien informó la detención de tres brigadistas del PAN que repartían tarjetas en los municipios de Villa de Álvarez y Tecomán, con el argumento de que estaban cometiendo delitos electorales y advirtió públicamente que la corporación a su cargo estaría al pendiente de detener a quienes siguieran incurriendo en esa conducta.

Junto con la anulación, el TEPJF ordenó dar vista a la Legislatura de Colima para que investigara al titular de la Sedescol y al procurador de Justicia por la intervención que tuvieron en el proceso electoral.

El 27 de octubre, Rigoberto Salazar anunció su separación del cargo de secretario de Desarrollo Social con el objetivo de “afrontar de manera personal” las acusaciones que pudieran recaer sobre su persona, luego de que el TEPJF lo vinculó a la decisión de echar abajo los comicios.

Sin embargo, nunca fueron castigado Salazar Velasco, Santana Montes ni Anguiano Moreno por la responsabilidad que se les atribuyó.

En enero de 2016, el TEPJF aprobó por unanimidad una multa por 73,040 pesos contra el panista Jorge Luis Preciado, por inobservancia a la ley electoral cometido en un mensaje que se emitió en el Teletón de diciembre anterior.

La magistrada ponente Gabriela Villafuerte Coello informó que la aparición del candidato a la gubernatura de Colima en ese programa no es lo que está prohibido por sí mismo, sino el mensaje que emitió, dado que hizo una oferta de campaña en el marco de la contienda electoral que se realizaba en el estado.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una queja contra Preciado Rodríguez por su presunta promoción personalizada y por violentar el modelo de comunicación política, que prohíbe la compra o adquisición de tiempo en medios electrónicos.

El magistrado presidente de la Sala Especializada, Clicerio Coello, definió a ese asunto como de suma relevancia, al reconocer que de manera puntual se argumenta la violación a la normatividad electoral.

Antes, en diciembre de 2015, el TEPJF también impuso una multa de 70 mil 100 pesos al PAN por difundir spots sólo de Jorge Luis Preciado, cuando era precandidato a gobernador en las elecciones extraordinarias en Colima y no le dio el mismo espacio a su entonces competidor Luis Alberto Ladino.

La Sala Especializada consideró que hubo un uso indebido de la prerrogativa de radio y televisión durante el periodo de precampaña en la elección extraordinaria de Colima, en dónde únicamente se promocionó a uno de los precandidatos registrados.

Mientras tanto, en marzo pasado el Tribunal Electoral del Estado (TEE) amonestó públicamente a Indira Vizcaíno Silva, candidata de Morena a la gubernatura, por actos anticipados de campaña.

El TEE señaló que este procedimiento especial sancionador se derivó de una entrevista realizada a la precandidata de Morena y Nueva Alianza Colima, a través del portal Archivo Digital, antes de ser designada candidata, por lo que se confirmó que lo hizo fuera de tiempo, y en consecuencia se determinó que estaba encuadrado como un acto anticipado de campaña.

El Tribunal Electoral del Estado destaca en su resolución que “la participación de Indira Vizcaíno Silva acredita un cierto grado de dolo, pues estaba consciente de su calidad de precandidata, e hizo señalamientos específicos relacionados a lo que iba a ser su campaña y acciones de gobierno”.

La semana anterior, el TEE también emitió una amonestación pública y  una sanción económica en contra de Indira Vizcaíno Silva, por actos anticipados de campaña.

En su resolutivo, el Tribunal consideró que se le comprobó a Vizcaíno la responsabilidad en actos anticipados de campaña al estar presente en la supuesta entrega de medicamentos propiedad del sector salud de un particular al IMSS.

A Indira Vizcaíno y a los Partidos Políticos Morena y Nueva Alianza Colima se les aplicó una amonestación pública por actos anticipados de campaña, además de que se les aplicó una sanción económica de 8 mil 972 pesos por el mismo motivo.

Por tratarse de una reincidente en la comisión de delitos electorales, la próxima vez Indira Vizcaíno podría arriesgarse a perder el registro de su candidatura, si es que comete un acto de mayor gravedad.

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