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A más de diez meses del asesinato de 7 policías, el caso sigue impune

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Colima, México, Avanzada (13/04/2021).- A más de diez meses del asesinato de siete policías estatales, ocurrido a principios de junio de 2020 luego de que fueron enviados a Jalisco a custodiar a empresarios mineros del norte del país, el caso continúa en la impunidad.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha guardado silencio sobre las investigaciones del asunto, por lo que no existe información sobre si ha sido detenido alguno de los asesinos materiales.

Así también, no ha sido sancionado ninguno de los funcionarios o exfuncionarios que pudieron estar implicados en el envío de los agentes de manera irregular, sin avisar siquiera a las autoridades jaliscienses que ingresarían en su territorio.

Además de los mineros del norte del país a quienes los policías iban a cuidar, también se encontraban dos empresarios colimenses: el padre y un hermano del notario público, exdiputado y expresidente estatal del PRI, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, como trascendió en su momento.

El efecto más notable que ocurrió en ese tiempo fue la renuncia del entonces secretario de Seguridad Pública de Colima, Enrique Alberto Sanmiguel Sánchez, quien se fue del puesto horas antes de que se llegara el momento de comparecer ante el Congreso del Estado, por lo que sólo acudieron el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez y el secretario general de Gobierno, Arnoldo Ochoa González.

Semanas después, Ochoa González se fue también del gabinete, invitado a un puesto en el PRI nacional por el dirigente, Alejandro Moreno Cárdenas.

Según el comunicado que en su momento dio a conocer el gobierno estatal, el exsecretario de Seguridad Pública prácticamente exculpó al gobernador José Ignacio Peralta de responsabilidad en los hechos, pues aseguró que “fue su decisión asignar la comisión a los policías que brindaron seguridad perimetral a empresarios en el estado de Jalisco, por lo que su renuncia tiene como objetivo de no interferir en las investigaciones, luego de que siete de los uniformados fueron localizados muertos”.

Además, señaló que se debe definir si se cumplieron con los protocolos y leyes existentes durante dicha comisión que llevaron a cabo los elementos policiacos que perdieron la vida.

Su renuncia, indicó, es también en solidaridad con los familiares de los policías caídos: incluso sostuvo que a algunos de ellas les informó previamente que presentaría la renuncia al titular del Ejecutivo estatal.

A su vez, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez aceptó la renuncia del secretario de Seguridad, a quien le agradeció el trabajo realizado, así como su disposición a no interferir con la investigación que se realizarán.

“Las autoridades de investigación deben dar con las personas responsables y aplicar todo el peso de la ley. Éste, ni ningún otro caso debe quedar impune”, publicó el mandatario en redes sociales.

No obstante, pese a lo que dijo el gobernador en el sentido de que no debería haber impunidad, hasta la fecha no ha trascendido que algún funcionario o exfuncionario haya sido sometido a proceso por su responsabilidad de mandar a los agentes a una situación que les provocó la muerte.

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