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Mismo ruido sin música de fondo

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Escrito por Damián Lugo Gutiérrez.

Después de la campaña y la elección, como ocurre cada tres o seis años, el equipo o grupo ganador asumirá la conducción del gobierno. Esto implica, entre otras cosas, cambios sustantivos en quienes serán responsables de materializar las promesas de campaña y hacer realidad el proyecto por el que la población optó en las urnas. El anhelo y la exigencia ciudadana consiste, principalmente, en la conformación de gobiernos que rindan cuentas y que, con sensibilidad, eficiencia y eficacia, atiendan las necesidades y problemáticas de la población. El problema es que, con frecuencia, la población es testigo de cómo la promesa de cambio, la gran iniciativa o el ambicioso proyecto se desmoronan o fracasan en su intento, o de cómo un desempeño plausible del sector público se trunca u obstaculiza por cambios y vaivenes políticos.

La carencia de un gobierno funcional (eficaz y eficiente), con continuidad y que rinda cuentas a la ciudadanía tiene su origen, en gran medida, en la tradicional forma de gobernar, arraigada tanto a nivel nacional como local. Este sistema privilegia la dependencia política y partidista, por encima de la eficacia administrativa o el cumplimiento de los fines y motivos por el que fueron creadas las instituciones públicas. Representa una visión patrimonialista de la función pública pues en la designación de cargos tiene mayor peso la cercanía con grupos políticos que las capacidades y méritos profesionales. En otras palabras, se trata de un sistema de despojo, captura y reparto de lo público, incluidos los cargos, las decisiones y el erario.

Y las consecuencias de este sistema de captura afectan tanto a la función pública como a la población en general. Por un lado, el servicio público carece de garantías de estabilidad y permanencia, así como de reglas, procedimientos e incentivos que fomenten y promuevan la carrera o el desarrollo profesional. Por otro lado, contribuye a la opacidad y discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos, obstaculiza la coordinación intra e intergubernamental, favorece la existencia de planes y programas mal diseñados, desincentiva la incorporación de criterios técnicos en la toma de decisiones, obstruye la atinada gestión cotidiana de los asuntos gubernamentales, e impide la consolidación de proyectos con visión de mediano y largo plazo.

Como alternativa al sistema de captura, existe la profesionalización de la administración pública. Mediante reglas y procedimientos claros que regulan la entrada y promoción de las funcionarias y funcionarios públicos, los servicios civiles de carrera contribuyen, sustantivamente, a generar administraciones públicas profesionales, especializadas, estables y competentes. Representa un mecanismo destinado transformar la relación que actualmente existe entre los cuerpos políticos y administrativos, y a construir y consolidar un nuevo marco de valores, principios y comportamientos dentro del servicio público. En otras palabras, la profesionalización del servicio público tiene efectos directos en la capacidad del Estado para alcanzar sus propósitos, mejorar la calidad de los servicios, así como para contribuir a resolver los problemas públicos mediante el diseño e implementación eficaz de las políticas públicas. 

La profesionalización no es un fin en sí mismo, sino que representa un medio para mejorar la calidad del gobierno y fortalecer las capacidades institucionales del Estado. Tampoco es un reclamo por instaurar un cuerpo de funcionarios y funcionarias que, bajo el mantra del criterio técnico, privilegien como único valor la búsqueda de la eficiencia desde una perspectiva de mercado o la intervención mínima del Estado. Se trata de generar las condiciones para que la función pública contribuya a la generación de valor público y que las intervenciones gubernamentales tengan mayores probabilidades de éxito en la búsqueda del interés colectivo.

En Colima, a pesar de las implicaciones y los beneficios que supone la profesionalización de la administración pública, ningún candidato o candidata ha planteado o propuesto, hasta ahora, una ruta para su construcción. Tal parece ser que para los y las aspirantes a los cargos públicos, mejorar la calidad de gobierno no requiere de una transformación profunda de la maquinaria administrativa del Estado. Y por ello, han optado, frente a la música que produce el diálogo, la reflexión y confrontación de ideas y la generación de propuestas; por campañas de ruido, de soniditos pegajosos, de pega de calcomanías y de emitir promesas carentes de valor. Esta visión de gobierno -y de hacer campaña- preocupa porque significaría, para las y los colimenses, el desaprovechamiento de recursos valiosos como el tiempo, el presupuesto y el capital humano para sentar las bases de un gobierno funcional, y porque implica la continuidad y reproducción de las condiciones que favorecen la corrupción, la opacidad y la baja calidad gubernamental.

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