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Galería del Horror: 14 atrocidades cometidas en Colima en el primer trimestre de 2021

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Colima, México, Avanzada (07/04/2021).- Durante el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de este año se cometieron catorce actos atroces en el estado, de acuerdo con el informe “Galería del Horror: Informe de atrocidades enero marzo 2021”, de la organización ciudadana Causa en Común.

Entre los hechos contabilizados como tales en Colima se cuentan una masacre; dos asesinatos de niños, niñas o adolescentes; ocho fosas clandestinas; dos descuartizamientos de cadáveres y un calcinamiento de un cuerpo sin vida, para arrojar un total de 16 víctimas.

De acuerdo con el informe, los registros de eventos catalogados como atrocidades abarcan todo el país, concentrando el mayor número los estados de Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Chihuahua, Sonora, Baja California, Guerrero y Michoacán.

Los estados con el menor número de registros de atrocidades fueron Yucatán, Coahuila, Baja California Sur, Durango y Nayarit. Al igual que con el resto de las entidades, habrá un número indeterminado de atrocidades que no fueron registradas por la prensa.

“Hay estados en los que hay una clara correspondencia entre la estadística delictiva y los registros de atrocidades. Por ejemplo, Guanajuato encabeza el número de asesinatos en el país (incluidos policías), y también el listado de víctimas de atrocidades registradas por la prensa”.

Las principales atrocidades registradas por medios periodísticos fueron los hallazgos de cuerpos en fosas clandestinas, especialmente en Jalisco (donde se registraron, al menos 82 víctimas); tortura, especialmente en Michoacán (donde se registraron al menos 26 víctimas); descuartizamiento y destrucción de cadáveres, principalmente en Guanajuato y Jalisco (con 29 casos respectivamente); calcinamiento, particularmente en Tamaulipas (con al menos 23 víctimas) y masacres, particularmente en Guanajuato (con al menos 23 casos).

Durante el trimestre se reportaron en todo el país al menos, 123 asesinatos de niñas, niños y adolescentes, especialmente en Guanajuato, con 23 víctimas. Al respecto, cabe recordar que desde el año pasado se alcanzaron cifras históricas de asesinatos de mujeres y niños, desde que hay registros, a partir del 2015.

DE acuerdo con Causa en Común, este mosaico de atrocidades muestra lo equivocadas que son las explicaciones generalizantes y reduccionistas sobre las violencias en nuestro país. Más allá de factores comunes obvios, como la producción social de patologías y la impunidad, la mitología prevaleciente, sintetizada en imágenes como las de “el narco” o los “carteles”, nubla y distorsiona realidades complejas en las que interactúan instituciones, grupos criminales, liderazgos de distinto tipo, mercados formales e informales, y comunidades lastimadas por una vida social y política que se expresa mediante acciones y relaciones frecuentemente violentas.

Desde luego, se requieren políticas nacionales que permitan elevar y homologar capacidades y procedimientos policiales y ministeriales, pero igualmente son indispensables las aproximaciones sociológicas que trasciendan los enfoques meramente policiacos, que permitan la comprensión de las realidades locales, y que contribuyan a la construcción de políticas de seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada comunidad y región del país.

La organización ciudadana concluye que es también evidente que la acumulación de violencias y atrocidades refleja patologías graves que presentan un reto social mayúsculo. A los enfoques policiales y sociológicos, deben sumarse enfoques psicológicos. Por ello, contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, deben éstas fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional.

“Los puntos anteriores implican que el dolor que estas atrocidades provocan en familias y comunidades debe tener una traducción social e institucional. Cada ciudadano y cada comunidad tiene la responsabilidad de exigir a los gobiernos locales y al federal, al menos: a) la resolución de casos que han agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas; y b) reformas de cuerpos policiales y de fiscalías que atiendan insuficiencias como bajos sueldos, prestaciones incompletas, capacitación deficiente, y equipos e infraestructuras insuficientes”.

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