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Indira se compromete a no proteger al gobernador Peralta

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Colima, México, Avanzada (10/02/2021).- La candidata al Gobierno de Colima por Morena y Nueva Alianza, Indira Vizcaíno Silva se comprometió a no proteger -desde el gobierno- al actual mandatario estatal Ignacio Peralta Sánchez.

En una entrevista radiofónica en la Mejor F.M noticias,  Vizcaíno Silva recordó que la corrupción es un delito grave y una vez que se compruebe, se le pueden fincar responsabilidades al funcionario o a la persona imputada.

Hasta el momento, el resto de los candidatos al gobierno del estado no han fijado ninguna postura en torno a la figura del mandatario colimense y a su gobierno a pesar de las denuncias sobre presuntos actos de corrupción.

El gobierno que encabeza Peralta Sánchez enfrenta una investigación en el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) por el presunto desvío de 200 millones de pesos que debió destinar para la compra de la XX Zona Militar, pero lo utilizó para otra cosa que no estaba autorizada por el Congreso local.

La investigación para determinar la gravedad de la falta se desprende del informe de resultados de la auditoría, correspondiente al ejercicio de 2018. En dicho informe, el órgano fiscalizador del estado determinó que el gobierno de Colima violentó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la carta magna local y la Ley de Disciplina Financiera, al dar otro destino del autorizado a los recursos económicos del crédito contratado por el gobierno al amparo del decreto 617.

El mismo informe detalla que en  la observación F32/FS/18/20 de la cuenta pública 2018, se explica que el Congreso  autorizó al gobierno del estado contratar un crédito por 410 millones de pesos destinados a inversión pública productiva, pero el recurso no se destinó en su totalidad para lo que estaba previsto.

Aunque la administración a cargo del titular del Ejecutivo, Ignacio Peralta Sánchez trató de desvirtuar los señalamientos, el OSAFIG concluyó que el gobierno del estado no pudo acreditar con documentos que los 200 millones de pesos se hubieran utilizado en la inversión pública productiva, para lo que fueron autorizados por el Congreso.

Tras las conclusiones del OSAFIG, la Unidad de Investigación de ese ente fiscalizador se encuentra, desde el 2019, investigando para determinar la gravedad de la observación.

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